Una de las legisladoras que impulsa la Ley de Seguridad tiene nexos con Yarrington

Mercedes del Carmen Guillén Vicente es de las principales impulsoras por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, al ser presidenta de la Comisión de Gobernación durante la actual legislatura. Con anterioridad estuvo ligada laboralmente a la corrupta administración de Tomás Yarrington, además de ser procuradora con Eugenio Hernández, también ex gobernador de Tamaulipas. Ambos ex funcionarios mexicanos han sido acusados y perseguidos por Estados Unidos.

Si bien Yarrington ya fue atrapado, Hernández es buscado por la justicia estadounidense por lavar 30 millones de dólares con recursos de origen ilícito.

A continuación, un perfil sobre la legisladora.

Mercedes del Carmen Guillén Vicente fue, de 1999 al 2001 -durante el mandato de Tomás Yarrington como Gobernador de Tamaulipas-, Diputada local en la LVII Legislatura del Congreso de Tamaulipas, donde fungió como Presidenta de la Gran Comisión.

Posteriormente, al término de la Legislatura, Mercedes del Carmen Guillén Vicente fue designada Secretaria General del Gobierno de Tamaulipas, del 3 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2004, igualmente durante el mandato de Tomás Yarrington como Gobernador de Tamaulipas. Ambas posiciones implicaron un trabajo cercano con el exgobernador de Tamaulipas, especialmente su posición como Secretaria de Gobierno, pues, después del gobernador, se trata del cargo más importante en el Gobierno del Estado.

Mercedes del Carmen Guillén Vicente fue designada Secretaria General del Gobierno de Tamaulipas, durante la gestión de Yarringtón

No obstante, recientemente, y tras darse a conocer la detención de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, -acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como, “participar en una confabulación de crimen organizado, que incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude, entre otros”, y, de “ayudar a […] organizaciones criminales a contrabandear drogas y luego a lavar en Texas el dinero producto de su venta.”-, Mercedes del Carmen Guillén Vicente declaró:

“Yo no conocí a Tomas más que en su papel de Gobernador y yo como su Secretaria de Gobierno, yo no vi jamás, ni me consta ninguna de las actividades que lo acusan, no tengo idea de por qué haya huido y por qué haya estado tanto tiempo fuera, creo que él tiene derecho a una defensa […] Yo respondo por mis actos como cualquiera de ustedes”.

Asimismo, señaló:

“Yo fui su colaboradora y hasta donde yo vi, fue un gobernador entregado a su trabajo, pero mi trabajo no es ser juez ni estar viendo lo que después se descubrió. Lo que se está viendo es como en otros casos, que nadie debe estar lejano al alcance del brazo de la ley y nadie puede estar ajeno a las conductas que se le imputan”.

En 2004, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos A.C., denunció que, durante el gobierno de Tomás Yarrington, la violencia en Tamaulipas aumentó drásticamente debido a la complicidad de los cuerpos policiacos con el tráfico de drogas. Sin embargo, dicho Centro informó que la violencia inició un sexenio antes (de 1993 a 1999), en el del exgobernador Manuel Cavazos Lerma -sexenio en el que Tomás Yarrington fungió como Secretario de Hacienda del Estado-, pues tan sólo durante su encargo se registraron 1,272 muertes violentas en la zona fronteriza de Tamaulipas.

Ya finalizado su sexenio, Manuel Cavazos Lerma impulsó a Tomás Yarrington como candidato a la gubernatura de Tamaulipas, para que lo relevara en el poder. Consecuentemente, la violencia durante el mandato de Yarrington no cesó, continuó su escalada, llegando a registrar 1,153 homicidios en la zona fronteriza, 383 de los cuales se encontraban relacionados con actividades del crimen organizado. Asimismo, fueron asesinados 7 periodistas durante dicho sexenio; y, tan sólo en 2003 se registraron 240 secuestros y desapariciones forzadas. En todas estas actividades delictivas estuvieron involucrados elementos de la policía, tanto federal como estatal y municipal, vinculando, así, a Tomás Yarrington con el crimen organizado.

No obstante el fracaso, y la evidente complicidad entre las autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas -de todos los niveles- y el crimen organizado, Mercedes del Carmen Guillén Vicente fue nombrada Procuradora General de Justicia de Tamaulipas, de 2005 a 2006, y, de 2006 a 2007, Directora general del Instituto para la Reforma Integral del Sistema de Justicia del Estado de Tamaulipas, durante el mandato del otrora gobernador Eugenio Hernández, igualmente involucrado en actividades ilícitas, de la mano del exgobernador Yarrington, toda vez que ha sido vinculado con redes de prestanombres, delincuencia organizada, así como en la omisión en el combate al narcotráfico en Tamaulipas, pues permitió libre paso de los cárteles de la droga, por el territorio de dicha entidad federativa.

Tamaulipas fue un estado ingobernable por la violencia

En dicha red han sido vinculados directamente el entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Ives Soberón, y, Horacio Sepúlveda, exdirector de los penales de Tamaulipas. Fue durante este sexenio que las actividades de la delincuencia organizada incrementaron aún más -haciendo de Tamaulipas un estado ingobernable-, por lo que, a raíz de los diversos vínculos de funcionarios del Gobierno del Estado, encabezados por el entonces gobernador, Eugenio Hernández, la Corte de Distrito Sur de Texas, emitió órdenes de aprehensión contra este, bajo las acusaciones de conspirar por lavado de dinero, así como de facilitar operaciones ilegales de transferencias de dinero.

Sin embargo, y a pesar de la evidente complicidad, ya sea por omisión o de facto, Mercedes Guillén Vicente fue premiada por su partido al ser designada Delegada General del CEN del PRI en Puebla (de 2007 al 2012), y posteriormente, con una curul plurinominal en la Cámara de Diputados, por lo que de 2009 a 2012, ocupó el cargo de Diputada Federal en la LXI Legislatura, fungiendo como Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente; Secretaria de la Comisión de Gobernación; Integrante de la Comisión de Justicia,  de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, y, de la Segunda Comisión de Trabajo.

En 2012 fue Coordinadora regional, de la campaña del entonces candidato Presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en entidades del sur-sureste de México, quien, tras tomar posesión, la nombró Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB, en donde estuvo hasta 2015, año en el que renunció para lanzarse como candidata a Diputada Federal, por el Distrito Electoral Federal 8, con sede en Tampico, Tamaulipas. Tras su victoria, tomó posesión, nuevamente, como Diputada Federal de la LXIII Legislatura. Actualmente es Presidenta de la Comisión de Gobernación. En 2017, y como consecuencia de los cambios realizados a la llegada de Enrique Ochoa Reza a la dirigencia nacional del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente fue nombrada como Secretaria General Adjunta del CEN del PRI.

En febrero de 2017, el Poder Judicial de la Federación sancionó a Mercedes del Carmen Guillén Vicente, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Gobernación, por no convocar, en el transcurso de un año, a revisión de una solicitud de juicios políticos contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, y contra el exgobernador de Chiapas, Juan José Sabines. La sanción derivó del proceso sancionador que se inició contra la Diputada y contra el Presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa, y que determinó como responsables a dichos Presidentes de Comisión, pues presiden la Subcomisión de Examen Previo.
Ya en 2016, el Poder Judicial de la Federación había otorgado un plazo de cinco días a las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que integraran la Subcomisión de Examen Previo, que contaba ya con un rezago de 300 solicitudes de juicio político.