Paraguay, cronología de una democracia fallida

Los sucesos acontecidos en Asunción en los últimos días con respecto al proyecto de enmienda que habilite a la reelección presidencial en el Paraguay son prueba de una sola cosa: el corazón de América del Sur es el país donde el paradigma estadounidense de la democracia nunca se estableció de manera firme luego del fin de la guerra fría.

A modo de que el lector comprenda lo que se reclama, se sirve a presentar una breve cronología de lo que dice la Constitución paraguaya y las movidas realizadas por el presidente en ejercicio Horacio Cartes de la Asociación Nacional Republicana (ANR – Partido Colorado), organización política responsable de sostener la dictadura militar del Gral. Alfredo Stroessner desde 1954 hasta 1989 y respaldada por los Estados Unidos.

La Constitución Nacional colorada violada por los colorados

Jurada en 1992 por la Asamblea Nacional Constituyente con mayoría de la ANR contempla en su Art. 229 referido al mandato del Presidente y del Vicepresidente: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. El Vicepresidente sólo podrá ser electo Presidente para el período posterior, si hubiese cesado en su cargo seis meses antes de los comicios generales. Quien haya ejercido la presidencia por más de doce meses no podrá ser electo Vicepresidente de la República.”

El Título IV de la Parte II de la Carta Magna (Art. 289, “De la Reforma” y el Art. 290, “De la Enmienda”) determina de manera clara que el procedimiento para incluir la modificación del mandato del Presidente y del Vicepresidente es el de la Reforma, consistente en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (que sesionará previa elecciones universales para la conformación de los asambleístas) previa aprobación de mayoría absoluta de dos tercios en ambas cámaras del congreso.

El artículo que refiere al procedimiento de enmienda afirma que dicho procedimiento necesita mayoría absoluta (mitad más uno de los presentes) en la cámara de origen y luego reafirmada en la cámara revisora, independientemente si el proyecto nace en el senado o en diputados. Si logra los votos, se confecciona la propuesta de modificación del texto constitucional y se somete a referéndum donde la ciudadanía debe votar por si acepta o rechaza la modificación de la Constitución. En la ley suprema paraguaya, también se encuentra claramente establecido que la enmienda no puede ser utilizada para modificar el mandato del Presidente y Vicepresidente.

Desde el gobierno del colorado Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) se intentó modificar el mandato del Presidente vía enmienda. El primer presidente no colorado en setenta años, el ex obispo Fernando Lugo (2008 – 2012) -que encabezó una alianza con el histórico rival político de la ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y sectores de centro izquierda que encabeza hasta la fecha denominado Frente Guasú (FG)-, también intentó modificar el mandato por esta vía. Lugo fue destituido por un juicio político express sumario luego de la masacre de 11 campesinos y 6 policías en donde la ANR y el PLRA posibilitaron el procedimiento en menos de 24 horas. El que terminó el mandato de Fernando fue el liberal Federico Franco.

El empresario, sospechoso de narcotráfico y evasión de impuestos y actual presidente colorado Horacio Cartes (2013 – 2018) obtuvo 25 votos de los 45 miembros de la Cámara de Senadores para introducir el procedimiento de enmienda de tal manera a modificar el Art. 229. La sesión extraordinaria donde se aprobó las modificaciones se dieron sin que el Presidente de la Cámara de Senadores haya hecho el llamado formal. Inicialmente, la mayoría de los senadores colorados oficialistas junto con una coalición de senadores del PLRA y los de la coalición de centro izquierda del FG encabezada por el ex presidente Lugo, buscó modificar el reglamento interno de la cámara (el proyecto de enmienda de Cartes ya fue rechazado en agosto del 2016) para volver a tratar el mismo proyecto para habilitar la reelección.

Fernando Lugo, Presidente destituido en el 2012 y supuestamente defensor de los sectores populares, pactó con la ANR (el partido que le hizo el “golpe parlamentario”) para que el pedido de enmienda sea tratado y aprobado, colaborando con votos y con apoyo desde lo mediático de sus senadores, que fueron los principales defensores del procedimiento de enmienda.

El viernes 31 de marzo luego de modificar el reglamento de interno de la Cámara de Senadores y de votar a favor de la enmienda, el senado derivó a la Cámara de Diputados el proyecto aprobado de manera arbitraria y ésta última convocó a sesión extraordinaria para el día sábado 1 de abril con el objeto aprobar la enmienda y convocar a referéndum en el plazo de 180 días. Cabe destacar que, en la Cámara de Diputados, Cartes posee mayoría simple (46 de los 80 diputados).

El quiebre del Estado de derecho en Paraguay

Sectores opositores en los que destaca el PLRA comenzaron a congregar gente en la Plaza de Armas de Asunción frente a la sede del Congreso Nacional para protestar en contra del procedimiento luego de que se haya aprobado por el senado. En un principio, la policía reprimió de manera fuerte hiriendo con un tiro de escopeta con balín de goma al diputado liberal Edgar Acosta en pleno rostro (actualmente en grave estado y en terapia intensiva), y luego dejó la sede del congreso a la suerte de los indignados que se encargaron de quemar gran parte del recinto parlamentario.

Horas después de las manifestaciones en la cual comenzaron a sumarse ciudadanos y ciudadanas de distintos sectores, la policía nacional comenzó a realizar detenciones arbitrarias (totalizando unas 270 personas certificadas por organizaciones locales de derechos humanos) en los cuales utilizaron una fuerza desmedida, inclusive disparos con armas de fuego.

El acto que culmina con el último resquebrajamiento del Estado de derecho se consuma cuando en horas de la madrugada del 1 de abril la policía irrumpe sin orden judicial en la sede nacional del PLRA (a unas diez cuadras del Congreso) y asesina a balazos a Rodrigo Quintana, de 25 años de edad, y presidente de la juventud del PLRA en el distrito rural de La Colmena.

Luego del asesinato y el atraco a una sede partidaria, hecho que ni en la dictadura de Stroessner se había dado, la ANR y la coalición de centro izquierda Frente Guasú (FG) emiten comunicados donde repudian el hecho pero que se reafirman en el procedimiento que viola la Constitución. La Cámara de Diputados, al respecto, postergó la sesión para el martes 4 de abril.

El “golpe parlamentario” y la “violación de la Constitución”: los mitos de la democracia paraguaya

El General Alfredo Stroessner, dictador colorado, fue derrocado por un golpe de Estado perpetrado por su primer anillo en 1989 y fue exiliado al Brasil, nunca fue juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos por él y sus allegados. El actual presidente Horacio Cartes, en numerosas ocasiones, lo ha reivindicado en actos partidarios y ha reafirmado en la última asamblea de la ANR que todo ministro que no sea colorado debe serlo.

El Frente Guasú (FG) de Fernando Lugo y otros sectores de izquierda por fuera de esta coalición comenzaron a utilizar el término “golpe parlamentario” en el 2012 luego de que al ex obispo lo hayan destituido en el juicio político sumario encabezado por la ANR. Los grandes medios de comunicación cuyos propietarios son los multimillonarios Antonio J. Vierci (diario Última Hora y el canal Telefuturo) y Aldo Zuccolillo (diario ABC Color) habían colaborado para la rápida destitución de Lugo y nunca reconocieron el término golpe, argumentando que su destitución se aplicó conforme a derecho. En la actualidad, luego de que Cartes haya obtenido la mayoría para la enmienda, los grandes medios utilizan el mismo término que en el 2012 utilizaron el sector de Lugo. El Frente Guasú no considera que el arbitrario procedimiento de enmienda forme parte de un golpe, haciendo que el término se utilice de acuerdo la conveniencia del sector político o mediático en pugna.

Al respecto de la violación de la Constitución, existe una larga lista de actos que violan la misma y que no refieren directamente a este abierto y descarado procedimiento. El Estado paraguayo se consagra como un “Estado social de derecho” en el cual 3.5 millones de paraguayos de los 7 que lo habitan viven en pobreza. Las ejecuciones sumarias de los campesinos asesinados en Curuguaty, hecho utilizado para destituir a Lugo, jamás fueron investigados por la justicia y los acusados de la masacre, todos campesinos y campesinas, fueron condenados con penas máximas y con pruebas inventadas, que actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra investigando.

En Paraguay existe una violación estructural de derechos humanos de manera constante, desde derechos sociales hasta derechos basados en la libertad y en la protección integral de las personas. La Constitución Nacional no se ha dejado de violar en democracia y ante todos los peligros del retorno de un régimen autoritario, éste es el más cercano a todos los intentos que se tuvieron en la transición democrática. Con el atropello de Cartes y sus aliados se ha quebrado el último dique que separa al Paraguay de ser un Estado débil con el ritual democrático del sufragio a un lugar donde el Estado es una élite política que impone las reglas por la fuerza y que utiliza a la policía como sicarios para aniquilar a la oposición.

El siguiente paso formal, de acuerdo a cómo la ciudadanía resista en las calles, sería un referéndum para decidir por el Si o el No a la reelección, que en sí misma no representa nada malo (muchos países de la región lo tienen incorporado), pero que teniendo en consideración la manera, la forma y los procedimientos de la ANR, no será libre y mucho menos democrática si es que no ganara el Sí.

Todos estos elementos permiten concluir lo indicado en el título de este planteamiento: Paraguay es una democracia fallida.

Twitter: @orlyaguirre