La base de datos que revela el fracaso de la guerra contra las drogas en México

El 11 de diciembre de 2006, con apenas unos días en la Presidencia de la República, la administración de Felipe Calderón Hinojosa anunció el “Operativo Conjunto Michoacán”, lo que marcaría el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, una campaña sin estrategia articulada, sin políticas públicas definidas y, como señala Alejandro Madrazo Lajous, una política de exterminio.

En enero de 2017, durante el Seminario de Política de Drogas en América Latina, el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó una base de datos que recoge más de 36 mil sucesos registrados durante la guerra contra el narcotráfico. La base da cuenta de enfrentamientos, agresiones y ejecuciones que resultaron de la actuación sistemática de las Fuerzas Armadas para exterminar a presuntos delincuentes. Alejandro Madrazo, profesor-investigador de tiempo Completo en el CIDE Región Centro, encabeza el esfuerzo académico para difundir información que permita analizar el fenómeno de las substancias ilícitas, la política de las drogas y sus consecuencias.

Una política de exterminio

La historia de esta base de datos inicia en 2011, cuando Alejandro Madrazo recibió de manera anónima una memoria USB con información aparentemente clasificada que demuestra que los operativos conjuntos están relacionados con el aumento de la tasa de homicidios. Ingresando al sitio del PPD se puede corroborar que durante la administración de Felipe Calderón se estableció una política de exterminio, en que los operativos del Ejército registraron altos índices de letalidad. Cabe señalar que esta información ha sido rechazada por el expresidente, quien argumenta que los datos “podrían incurrir en algunos sesgos” y ha calificado de inverosímil el estudio, pues se indica en el mismo que en el 84% de los casos las fuerzas públicas fueron las que iniciaron el fuego.

Alejandro Madrazo narra que la persona que le entregó la memoria USB le indicó que “confiaba en que utilizaría responsablemente esa información”; en un primer momento, el investigador del CIDE desechó la opción de filtrarla, inclinándose por difundirla de una manera “pausada y cuidadosa”. Luego de Tlatlaya, Apatzingán y Ayotzinapa, Madrazo entró en un conflicto interno: “me sentí muy culpable. Me dije: ¡Carajo! Si esto lo hubiéramos sacado hace dos años, quizá habría existido una reacción distinta de gobierno y se hubieran evitado este tipo de abusos”. La decisión de esperar, sin embargo, tenía sus razones: “la información debía ser corroborada y era importante construir explicaciones sólidas en torno a los datos”.

La historia de la USB

Recuerda Alejandro Madrazo: “En 2011, cuando arrancamos el CIDE Región Centro, el entonces director, Enrique Cabrera, nos propuso que pensáramos en proyectos orientados a temas más que a disciplinas, bajo la lógica de provocar un enfoque multidisciplinario. En ese sentido, el Programa de Derecho a la Salud que coordino fue rápidamente rebasado por el Programa de Política de Drogas. Eso se evidenció cuando terminamos el diagnóstico de la política de drogas de Felipe Calderón y nos dimos cuenta de que no había identificación de objetivos, no había una articulación de las intervenciones ni mecanismos para evaluar su impacto. En su lugar, teníamos una batería de improvisaciones y ocurrencias. Sin embargo, en la academia tampoco existía un espacio que estudiara la política de drogas de manera permanente. Propuse entonces un Programa de Política de Drogas (PPD) interdisciplinario y se aceptó la idea.

Cuando en 2011 incubamos el proyecto del Programa de Derecho a la Salud y estábamos preparándonos para lanzar el PPD, una persona con la que había trabajado en el activismo de regulación del tabaco me buscó para entregarme la USB. Lo único que me dijo es que quien se le había entregado “buscaba a alguien con la voluntad de utilizar esa información y la capacidad para hacerlo de forma responsable”.

Yo tomé la base de datos sin saber qué diablos traía: estaba por irme a Estados Unidos para realizar una estancia en la Universidad de Georgetown, mi hijo iba a nacer y mis esfuerzo se enfocaban en incubar el PPD. Ya en Georgetown, revisé la información: me encontré con tres bases de datos distintas sobre asesinatos y homicidios que por sus características estaban vinculados a la delincuencia organizada, además de un grupo de informes que dan cuenta de agresiones, batallas y tiroteos.

Entendí que lo primero que debía hacer era encontrar a alguien que supiera de filtraciones de información, pues yo no tenía experiencia en el tema. Mi reflejo fue apoyarme en el programa de periodismo del CIDE que estaba encabezado por Ricardo Raphael en aquel entonces. Al ser información filtrada, pensé más en un tratamiento parecido al de Snowden y Wikileaks. Ricardo me dijo: “lo que tienes que hacer es entender qué es y de dónde vienen esos datos. Si lo usas de manera sesgada puede que le hagas el favor a alguien: no sabes para quién trabajas. Hasta que no sepas que tienes entre manos no lo puedes usar”.

Hicimos varias cosas para poder utilizar la base. Indagamos con informantes sobre su contenido, pero no obtuvimos una respuesta clara. Ya en México, Laura Atuesta se integró al equipo y comenzó a comparar datos a partir del “muertómetro”, una base de información donde el famoso grupo Candado vaciaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) las estadísticas. Al revisar los números de muertos, ambas fuentes eran iguales, salvo que nosotros teníamos un año más, porque el muertómetro dejó de publicarse en 2010. Eso nos llevó a la conclusión de que estábamos ante “la base madre”, de la cual había salido el muertómetro, y a partir de la cual se hacían los cálculos de homicidios por presunta rivalidad delincuencial.

A partir de ese momento dejó de importar quién era la fuente. Lo que se demandaba era realizar una verificación más robusta y establecer si existía una relación de causalidad entre la política drogas de Calderón Hinojosa y la explosión de la tasa de homicidios en el país, pues la base madre tenía información suficientemente detallada para poner a prueba esa hipótesis. Al revisar, por ejemplo, un agregado de cuántos muertos hay en un municipio cada mes, la tasa de homicidios se eleva cuando entra un operativo conjunto. Ahí hay dos posibilidades: creció la tasa de homicidios y por eso el gobierno mandó el operativo conjunto, o al revés, se mandó el operativo conjunto y crecieron los homicidios. Eso no lo daba el muertómetro, y esta base de datos sí lo ofrece, con fechas exactas de los homicidios y los combates”.

A ese punto se tomó la decisión de no involucrar ni un peso de una fuente ajena al CIDE en el trabajo que se realizaría con la base. “A pesar de que teníamos a distintas formas de financiamiento por el PPD y Programa de Derecho a la Salud, no quería tocar ni un peso externo para tener total  autonomía”, relata Madrazo. Se presentó un proyecto ante los directivos del CIDE, exponiendo las razones por las cuales era importante utilizar la base para confirmar o rechazar muchas de las hipótesis de la dinámica de la violencia a raíz de la declaración de la guerra contra las drogas.

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Ya con fondos, el CIDE Región Centro se relacionó con Centros Geo e Infotec -otros centros del Conacyt- para que entre Laura Atuesta y Oscar Sánchez diseñaran un proyecto de verificación de la base de datos a partir de sistemas de cómputo sofisticados, buscaran bases abiertas, como reportajes de periódico, además de contratar asistentes de investigación para realizar procesos manuales de verificación.

“El proceso manual duró cuatro meses, con varios asistentes de investigación de tiempo completo trabajando en ello. El resultado fue asombroso: lo que nos explicó la gente de Centros Geo era que existía un empalme considerable entre las notas y la base de datos en que el 48% de la información fue verificada. Del resto, hay muchas razones que te explican por qué no aparecían en fuentes abiertas: los periódicos no cubren todos los combates, por intimidación como por limitaciones de recursos humanos. En cualquier caso, con el 48% de los datos verificados a partir de hechos reportados supimos que no la información no era inventada.

El siguiente problema fue decidir cuál de esa información debía ser pública, pues a pesar de las múltiples rondas de limpieza de la base, seguían conteniendo datos que ponían en riesgo a personas, desde las placas de un coche o un número telefónico, hasta el nombre de un denunciante. La información que pudiera afectar personas específicas fue depurada.

Ahora bien, en cuanto a los informes, puedes notar diferencias por el tipo de redacción. Esta claro que la captura de las descripciones viene de distintas fuentes, por lo que no sabemos quién recogió cada uno de los párrafos. Encuentras patrones, eso sí. Por ejemplo, se nota cuando lo redactó un militar, pues usa un lenguaje muy sistemático. Por otro lado, mientras que algunos reportes ofrecen una riqueza de información brutal, en otros puede llegar a ser muy escasa”.

El silencio del gobierno

“Una vez que la base de datos estuvo verificada y depurada, en marzo del 2016, se hizo pública a través del Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales (BIIACS). Sin embargo, ese banco de bases de datos no era el sistema más accesible para sacarle provecho a la información, por lo que entre el CIDE y Centros Geo diseñaron una plataforma que permitiera mayor accesibilidad a la información: el sitio del PPD, que está disponible desde principios de año. Desde ahí se han elaborado artículos académicos y de análisis, así como 23 proyectos de investigación que se podían desprender desde el CIDE.

De dicha información pueden salir cientos de trabajos: por ejemplo, para los investigadores que les interese la legalidad del actuar de las fuerzas armadas realizamos una codificación manual, que de hecho terminamos en octubre de 2016. Aunque en enero presentamos los resultados, ese anexo aún no es público, y no queremos que lo sea sin que se acompañe de un documento metodológico. Es rica y valiosa la información, pero no es “la realidad”, sino lo que el gobierno plasmó: por eso hay sesgos a su favor. Queremos que quienes utilicen la base conozca los problemas metodológicos particulares que presenta. Es decir: quien captura la información es el gobierno, y por tanto, está registrada desde su propia óptica. En las observaciones, en las descripciones de los eventos, en las balaceras, es de cajón que se incluya la frase canónica repelimos la agresión; hay veces que tiene mucho sentido, como cuando en la comandancia “x” aventaron un granadazo y repelimos la agresión, pero en otras ocasiones cuentan que llegan a un rancho privado y de la nada aparece la frase repelimos la agresión, ¿Qué agresión, si están en una fiesta? No siempre es creíble la frase.

Lo interesante es que las descripciones o no describen con detalle quién abrió fuego o incluyen la frase repelimos la agresión. Entonces definimos que había que leer toda la descripción y contexto y si el evento detonador era una actividad estatal o si las autoridades estaban pasivas. Por ejemplo, un policía llega a ejecutar orden de aprehensión, el cuate saca una pistola, y eso lo registramos como actividad estatal, que no es lo mismo que entrar a un rancho privado en una fiesta con invasión de la propiedad privada, o detenciones discriminatorias, como parar a un sujeto en un auto por “cómo se ve”.

Valoramos entonces si los enfrentamientos vienen de que están patrullando, si hay un retén, un operativo o se movilizan por una llamada anónima. Lo que resulta es que el 31% de los eventos se detonaron por patrullaje, dato que contrasta con las órdenes de aprehensión o cateo, que son el 2% de los casos. Eso te dice que no es un proceso de investigación de un delito lo que te lleva a un combate, y habla de una acción de gobierno sin ton ni son, que no se justifica por una investigación específica, pues no dicen: “llegamos al rancho tal, derivado de esta investigación”. Sólo el 3% son casos es así: entre investigaciones y cumplimiento de una orden judicial, alcanza apenas el 5%, contra 31% como resultado del patrullaje”.

La actuación de las fuerzas públicas

Madrazo desglosa en porcentajes la actuación de las fuerzas públicas: sólo el 8% de los enfrentamientos resultaron de Operativos. Hay otros, identificados como “ambulatorios indeterminados”, en que realizaban patrullaje, que representa el 7% de los casos; fuera de instalaciones  -están afuera, pero no sabes si en un retén fijo o patrullaje-, el 5%; por persecución (aunque no sabes cómo llegaron) el 3%; por Flagrancia, 3%; en erradicación de cultivos, que supuestamente es una de las políticas, no alcanza el 1%; por llamadas anónimas, 8%. Reciben una llamada anónima y ahí van: o son inocentes y a cualquier llamada responden, o no quieren explicar y lo reportan como llamada anónima. En ese caso, si un grupo quiere echarle el gobierno al rival, es tan fácil como hacer una llamada. Eso contrasta con el porcentaje de llamada identificable, que apenas alcanza el 1%; las denuncias formales, con otro 1%; reporte de otra institución, 1%; orden judicial, el 2%, y resultado de trabajo de inteligencia, el 2%.

Con esta información, el gobierno podría determinar la causalidad entre sus operativos y la tasa de homicidios y redefinir su estrategia. Sin embargo, decidieron callar. Ni siquiera hicieron el análisis. “Si no lo hicieron, son unos irresponsables. Si lo hicieron y no actuaron, son unos cabrones” -señala Alejandro Madrazo-.

¿Te has preguntado por qué recibiste tú la base de datos?

Por supuesto, la persona que me contactó no era funcionario público en ese momento y no era alguien que tuviera acceso a esa información: la recibió de una fuente distinta. Dado que parece fidedigna la información, creo que hay mucha gente de adentro que entiende lo mal que se ha articulado esta política pública. Me imagino qué ha de haber pensado la persona de la USB: que se iba a hacer algo ahorita en el equipo de transición (2012) para que el gobierno que entró lo corrigiera. Ha de estar muy frustrado, porque nos tardamos cuatro años, pero yo no iba a soltar la información sabiendo que íbamos a vulnerar a alguien o sin corroborar que la información era buena. Si una de las críticas al gobierno es que toma una llamada anónima y echa bala, nosotros no íbamos a hacer el equivalente académico”.

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Alejandro Madrazo Lajous estudió la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), recibiéndose de éste último con mención honorífica. Posteriormente obtuvo la maestría y el doctorado, ambos en Derecho, por la Universidad de Yale, EU. Es Profesor-Investigador de Tiempo Completo en el CIDE Región Centro. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha publicado en revistas especializadas en México y el extranjero sobre la enseñanza del derecho, la historia del pensamiento jurídico, la libertad de expresión, la justicia electoral, los derechos sexuales y reproductivos, el control del tabaco y la regulación de drogas.

CRÉDITOS

Entrevista: Edilberto Aldán Ahedo, Francisco Aguirre Arias y Francisco Trejo Corona
Edición: César Alan Ruiz Galicia
Ilustraciones: Jonathan Gil
Diseño Web: Francisco Trejo Corona