Una locura no anunciada

Después de 52 años de un conflicto armado, las razones iniciales que lo originaron se difuminan en las realidades de la guerra y sólo los relatos del dolor y los números puedan dar una idea de los costos de esta historia: En Colombia  hay más de 220.000 muertos y 6.900.000 desplazados, como si el total de los habitantes de Finlandia o Paraguay fueran despojados de sus casas y desplazados a otro país; es el tercer país en el mundo con mayores explosiones de minas antipersona, luego de Camboya y Afganistán; y en desapariciones forzadas es vergonzoso que las cifras oficiales aún no están claras, pero se especula que hay más de 85.000 desaparecidos, cifra que supera la misma tragedia en Argentina.

En este conflicto armado, la reciente mesa de diálogo de la Habana no es la primera negociación en el país, pero sí ha sido la más rigurosa. Por ejemplo, en el 2006,  durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se concluyó la negociación con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los actores más sanguinarios del conflicto colombiano, responsable de 1.116 masacres y miles de asesinatos selectivos.

En esa negociación, impuesta por el gobierno sin ningún tipo de refrendación popular, se acordaron penas de entre 5 a 8 años de cárcel, quienes desearan podrían contar sus crímenes para reconstruir la verdad y obtener rebaja de penas, no habría extradición, se destinarían aproximadamente US 9.500 (al cambio actual) a cada desmovilizado y se les facilitaría el acceso a educación técnica y superior.

Esta es una de las razones por las cuales resulta absurdo que hoy el expresidente Uribe sea el principal promotor del No a los acuerdos con las FARC, sabiendo que años atrás acordó algunos aspectos similares a los que hoy critica.

Más allá de eso, la implementación generó mucha polémica y evidenció que la intención de estos acuerdos no era la búsqueda de la verdad y reparación de las víctimas, especialmente  cuando en el 2008 los máximos jefes paramilitares revelaron que tenían alguna alianza con el 35% de los senadores, entre ellos un primo y aliado político del entonces Presidente Uribe, que fue capturado tratando de huir. A penas comenzó a salir la verdad a la luz el gobierno la silenció, extraditando a los jefes paramilitares a Estados Unidos, pese a haberse sometido a la jurisdicción propia del proceso.

¿Qué se negoció con las FARC?

A diferencia de la negociación con las AUC, con las FARC se aplicó una metodología diferente para evitar los errores de pasadas negociaciones y controlar la expectativa: se definió que nada está acordado hasta que todo esté acordado, los acuerdos se desarrollaron sin zonas de despeje y se concentraron en 6 puntos concretos: desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al narcotráfico, reparación de víctimas e implementación, verificación y refrendación.

Uno de los principales acuerdos fue la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para los campesinos más pobres, obtenidas de terrenos expropiadas a los narcos, baldíos y tierras que perdieron su vocación de reserva; financiación y asistencia técnica; inversión en infraestructura para el sector rural e instrumentos de planeación territorial. Nunca se planteó una redistribución de tierras.

Para garantizar el paso a la política sin armas, se acordó la posibilidad de 10 curules temporales en el senado para el partido político que conforme las FARC, un marco de garantías para partidos y movimientos que se declaren en oposición para evitar casos como el exterminio por fuerzas del estado y paramilitares de más de 3 mil personas militantes del partido Unión Patriótica, conformado en 1985 por desmovilizados de las FARC, caso que aún permanece impune.

También se acordaron medidas para atacar el narcotráfico desde la producción, el consumo y la comercialización. Se definió un plan de sustitución de cultivos de uso ilegal a los campesinos y un giro en la persecución del consumo, entendiéndolo como un problema de salud pública. Pero tal vez lo más importante en este punto es que las FARC entregarían valiosa información sobre las rutas y funcionamiento del negocio, facilitando enormemente la estrategia del gobierno para acabar con el narcotráfico.

Se acordaron medidas de justicia restaurativa en lugar de la punitiva. Se priorizó la verdad y la búsqueda de desaparecidos. También se contemplaron amnistías con la salvedad de que estas no aplican para crímenes de guerra ni delitos de lesa humanidad. Es decir, el Estado prefirió ayudar a las víctimas a darle un cierre al dolor ocasionado por la guerra y construir una nueva idea de nación. Para la teoría política, sucesos como el cese de hostilidades y la firma de acuerdos de paz, puede entenderse como lo que Hobbes llamó contrato social, que es la construcción de un nuevo pacto social para superar el estado de naturaleza en donde el hombre es un lobo para el hombre.

Se negociaron unos acuerdos que no eran perfectos pero sí adecuados a las circunstancias, teniendo en cuenta que nadie negociaría pasar toda su vida en la cárcel.

El acuerdo final fue respaldado por la ONU; la Corte Penal Internacional, quien reconoció que “el texto final del acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma”; la Unión Europea y Estados Unidos, que no objetó el acuerdo sobre narcotráfico. Toda la comunidad internacional respaldó lo acordado y el mundo esperaba que el pueblo colombiano lo ratificara en el plebiscito.

Los resultados electorales

En una hora ya se sabía que por 53.895 votos Colombia dio un paso al vacío. Mientras que había desconsuelo en las víctimas y quienes votaron por el Sí, en los cuarteles electorales del No celebraron y cantaron su victoria, como si fuera un gol mundialista y lo que se votó no comprometiera la reducción de muertes al desmovilizar un ejército enemigo del Estado.

También se supo que la mayoría de las regiones más afectadas por la guerra votaron Sí por encima del 60%. El ejemplo más simbólico fue el de Bojayá, un pueblo olvidado por el estado que en el 2002 sufrió un atentado que dejó más de 100 muertos, incluidos 40 niños entre las víctimas, y donde el Sí ganó con un arrasador 95%.

Es sorprendente que quienes más debieran sentir esa venganza hacia las FARC están dispuestos a perdonar para que el dolor que sintieron no lo vivan otros. Pero la batuta de la venganza la llevan en cambio la élite agraria y empresarial, sectores urbanos de arraigada tradición de derechas y lejanos a la guerra, quienes votaron por el No.

¿Por qué ganó el No?

Los diálogos de paz en sus 4 años no contaron con buena percepción en las encuestas, la campaña del Sí fue desarticulada y liderada por políticos tradicionales ya desprestigiados, mientras que la campaña del No logró posicionar la idea de Paz Sí pero con esos acuerdos No y movió las emociones más primarias: el miedo y la venganza.

La campaña del No aplicó perfectamente el manual de comunicación de Goebbels, repitiendo mentiras para convertirlas en verdad, como recientemente lo reconoció el gerente de esa campaña: que Colombia se convertiría en un país castro-chavista, que el próximo presidente será un jefe de las FARC y habrá una reforma tributaria para financiarlos, que no habrá cárcel para los que cometieron actos terroristas, que existirá un canal de televisión con propaganda terrorista las 24 horas. Pero lo más ridículo fue afirmar que el acuerdo final es un ataque a la familia porque promueve la Ideología de género, una ficción que se está expandiendo por Latinoamérica y recientemente mostró su poder de convocatoria en México.

Con este abanico de mentiras y el ambiente de miedo, la campaña del No logró llevar el plebiscito a un escenario confuso para el Sí: algunos votaron como una venganza contra las FARC; los partidarios de Uribe en contra del gobierno actual como si se tratara de una revocación de mandato; las élites agrarias contra una supuesta redistribución de tierras; sectores religiosos contra los derechos de las parejas del mismo sexo y a favor de una familia heterosexual; algunos votaron porque con sus impuestos no querían sostener terroristas, olvidando que en 2006 el país subsidió a los paramilitares desmovilizados; y otros votaron con convicciones que pueden ser válidas pero en la práctica son difíciles de aplicar.

Muchos votantes del No se mantuvieron ciegos y sordos a las contundentes cifras de reducción del conflicto durante los 4 años de negociación:

• Los últimos 14 meses han sido el periodo de menor intensidad del conflicto en sus 52 años y las FARC no han realizado secuestros.
• El Hospital Militar pasó de atender 1000 víctimas de combate y minas antipersona al año, a menos de 60 víctimas por año.

Una parte de la sociedad Colombiana decidió continuar en el “estado de naturaleza”, la guerra de todos contra todos, dándole la espalda a acuerdos que son lo más realista que se podrá lograr.

¿Cómo explicar una sociedad que hoy votó No en el plebiscito, mientras que hace 10 años durante el proceso de paz con los paramilitares aceptó sacrificar la verdad en favor de la impunidad, y que sigue aceptando ese sacrificio cada vez que apoya en las urnas al expresidente Uribe, impulsor de esa negociación y que hoy protagoniza el No?

Colombia es una sociedad cuya identidad es un relato contado por décadas de guerra, donde uno de sus principales protagonistas son las FARC, en quien se volcó toda la respuesta militar y que junto con Pablo Escobar, concentró todo el aparato de propaganda del estado para construir un enemigo interno culpable de todos los males del país.

Que las FARC sigan existiendo y que se reinicie el conflicto con ellos, es la mejor apuesta de algunas élites y políticos, pues allí radica su programa y es la cortina perfecta para esconder la corrupción, la verdad, y no hacer nada por reducir la desigualdad y la pobreza.

Pero después del 2 de octubre al menos 6.377.482 colombianos están dispuestos a cambiar ese relato, liderados por las víctimas que pusieron la mayor parte de los muertos y que lograron trascender su dolor para servir de ejemplo a un país que le urgen nuevos referentes morales.

*El autor es Máster en Derechos Humanos y ciudadanía por la Universitat de Barcelona, España y Politólogo de la Universidad de Antioquia, Colombia.

@davidm07821191