PGR debe reparar el daño a mujer ñhäñhú, acusada del secuestro de agentes de la AFI: Tribunal

Jacinta Francisco Marcial es una mujer ñhäñhú que hace 10 años fue condenada por un delito que no cometió: el secuestro de agentes de la AFI.

El 26 de marzo de 2006  un grupo de agentes despojó de su mercancía a comerciantes en el mercado de Mexquititlán en Queretaro, alegando que se trataba de piratería. Cuando los afectados exigieron la identificación de los policías y la muestra de la orden que avalara su proceder no obtuvieron respuesta. El jefe regional de la AFI y el agente del ministerio público de la federación tuvieron que acudir al pueblo para dialogar. Todo terminó cuando los elementos involucrados acordaron con los comerciantes la entrega de una cantidad de dinero por los daños causados en sus comercios.

Cinco meses después, Jacinta fue llevada con engaños a Queretaro, donde ante los medios de comunicación fue presentada como la secuestradora de seis agentes de la AFI, hecho por el cual fue condenada a 21 años de prisión. Después de haber pasado tres años encarcelada, fue liberada al no presentarse conclusiones acusatorias en su contra y después de que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitieran sus respectivas recomendaciones por las irregularidades cometidas en su caso como la fabricación de testimonios y vulnerar su derecho a un intérprete en el proceso.

Después de ser liberada, Jacinta comenzó, junto con organizaciones de protección a los derechos humanos, un proceso para que las autoridades ofrecieran disculpas públicas y repararan el daño que el proceso y el encarcelamiento causó. A casi 10 años de la condena, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño.

En su momento, Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a Jacinta, pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión. La organización manifestó que a Jacinta se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.

A una década, la justicia administrativa le ordena a la PGR la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado. Sin embargo, la PGR se ha mostrado reacia a cumplir con su obligación.

La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos Federales por la vía de responsabilidad administrativa al reconocer la obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, incluyendo el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad al haberse hecho de forma pública ante los medios de comunicación la supuesta responsabilidad de los delitos. De esta manera, en casos similares se puedan demandar a la PGR la reparación integral por violar sus derechos humanos.

Por otra parte aún están pendientes de resolución los casos de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; también encarceladas injustamente por los mismos hechos.