Carta abierta a los ex presidentes de México

Una de las funciones más relevantes del Poder Legislativo es la de ser sede del debate nacional. No hay mejor espacio para discutir la vida pública, en términos de representatividad y pluralidad, que un Parlamento.

Por eso, se equivocan quienes creen que el actuar de los legisladores debería limitarse a plantear aquellos temas que puedan derivar en reformas legales o en nuevos ordenamientos jurídicos.

Esta lógica me parece especialmente estratégica en México,  un país en el que la ausencia del Estado de Derecho y la impunidad tienen más que ver con la violación sistemática de las leyes que con las deficiencias de las mismas.

Por eso, quienes pensamos que México debería de cambiar de rumbo no solamente debemos asistir a nuestra tarea legislativa desde una lógica utilitaria y funcionalista.

Por el contrario, nuestra obligación debe de ser la de contrastar con la coalición gobernante (me refiero así al PRI y a sus partidos satélites, incluyendo a los que forman parte del Pacto por México) y atacar los símbolos de corrupción e impunidad que más lastiman a los mexicanos.

Ahí radica la importancia de la iniciativa que esta semana presentó el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en voz de mi compañera y amiga Verónica Delgadillo, para eliminar las pensiones y los gastos que con cargo al erario se cubren para los ex presidentes de México.

Si solo se tratara de ahorrarnos 40 millones de pesos al año, podríamos encontrar cientos de ejemplos de gastos elevados que pudiéramos recortar y ahorrar cantidades mucho mayores (la publicidad oficial, por ejemplo).

De hecho, a lo que se convoca no es a una discusión estrictamente legislativa, porque las pensiones a los ex presidentes ni siquiera tienen sustento legal: son un acto de corrupción que solo necesitaría de voluntad política del gobierno para corregirse.

La discusión de fondo es el tipo de régimen que se construye en un país que tiene el segundo salario mínimo más precario del continente pero le paga a cada uno de sus ex presidentes 100 salarios mínimos: más que lo que ganan, por ejemplo, los ministros del gobierno británico.

¿Qué mensaje recibe un país en el que más de la mitad de su población carece de seguridad social? ¿Cuál es el tono que define a la relación que se construye entre una clase política privilegiada y abusiva y una sociedad precarizada en el nombre de la austeridad?

El secretario de Hacienda ha lanzado este año dos anuncios de recortes presupuestales multimillonarios y quizás, en términos del monto que representan, la eliminación de las pensiones no hace ninguna diferencia.

Pero, ¿Qué patria es una que echa a la calle a miles de empleados de Pemex “porque no hay presupuesto” mientras les paga una vida de magnates a quienes juraron servir a México?

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha insistido, una y otra vez, en que la corrupción es un asunto cultural. ¿No son precisamente este tipo de absurdos los que construyen una noción torcida de la justicia y la legalidad?

El mundo de las instituciones, no sólo en México sino a nivel global, enfrenta hoy una crisis de supervivencia que confronta a la clase política tradicional con dos visiones que parecerían ser parecidas pero que son antagónicas: la anti política y lo anti sistema.

La anti política tiene en Donald Trump a su más nítido representante y convoca a la ruptura, a la segregación y a que los cambios sean producto de la estridencia, y no de la deliberación.

Quienes estamos en una lógica anti sistema pero no anti política, creemos en una agenda como la que han planteado los impulsores de la #Ley3de3 en México: participación ciudadana, rendición de cuentas y regeneración de las instituciones.

Si los ex presidentes de México no se dan cuenta de que las acciones simbólicas, como la renuncia a los injustos e ilegales privilegios de los que gozan, son la mejor manera de luchar por el prestigio de la política y rescatar la democracia, en nuestro país veremos avanzar fenómenos parecidos al que ya tiene en jaque a nuestro vecino del norte.

Vicente Fox y Felipe Calderón han dicho que Donald Trump es una amenaza global y un riesgo autoritario. Si de verdad quieren defender la democracia, deberían aprovechar esta oportunidad y renunciar a sus privilegios.

De hecho, quizás estén ante la única y última posibilidad que tendrán de serle útiles a México.