2016: Elecciones y reformas

El instituto Nacional Electoral (INE) publicó en su portal de internet la suma de procesos de elección pública que se realizarán en nuestro país en este año 2016, destaca que estarán en disputa 12 gubernaturas, y que en un total de 13 entidades habrán de definirse a través del sufragio 149 diputaciones de representación proporcional y 239 diputaciones de mayoría relativa para integrar los Congresos Estatales así como 965 ayuntamientos. En ese marco, los partidos políticos iniciaron una serie de negociaciones en la lógica de alcanzar mayores espacios de representación. En evidencia esto ha suscitado el interés de los medios de comunicación y de los expertos electorales, por lo que no sorprende que desde hace semanas un tema recurrente en la agenda nacional sean las elecciones de 2016. Este tema, se da al mismo tiempo al seno de una serie de movimientos por parte de actores y organizaciones políticas que en varios sentidos adelantan el calendario de la elección presidencial de 2018, lo cual le suma atributos a los procesos estatales de este año, en el sentido de que cada partido operaría con mayores ventajas en la elección presidencial en la medida que alcance mayores triunfos locales, lo cual podría ser cierto en lo tocante a la estructura con que se dispondría para esa elección, pero no es en sí una ecuación lineal.

Fuente: Instituto Nacional Electoral.

En este marco, de elecciones y cálculos políticos para el 2018, el H. Congreso de la Unión aparece necesariamente como un epicentro de todo lo que se debate y acuerda en materia de política nacional, por lo que resulta necesario la prudencia ante los hechos y coyunturas políticas, considerándose la obligación y a la vez el objetivo público fundamental de generar y reformar las leyes que necesita nuestro país. Para nadie es un misterio que en el pasado cercano, los procesos electorales en las entidades federativas han tenido efectos laterales y directos en los acuerdos en el H. Congreso de la Unión relativos a los más variados temas, por ello y sin suponer o esperar que las Cámaras actúen distantes o ajenas a lo que pasa en las elecciones, lo cierto es que necesitamos avanzar en varios temas cruciales para el combate a la corrupción, para la procuración y la impartición de justicia, y para la seguridad pública de nuestro país. Se trata de una agenda pendiente que en su resolución tendrá hondas consecuencias para la vida institucional en beneficio de la sociedad. En algunos casos se trata de normas que debieron realizarse hace ya varios años y que por diversos motivos permanecen a la espera de la deliberación y votación en las Cámaras.

Por ejemplo, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia se realizó desde el año 2008, estableciéndose un plazo de ocho años para implementarla en todo el país, a prácticamente seis meses de que se termine ese tiempo, están pendientes leyes sustanciales para que la procuración y la impartición de justicia trabajen con base en los principios del sistema penal acusatorio, son los casos de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes y de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

Se trata de tres grandes normativos clave para completar las bases de la reforma penal en México. El retraso en la promulgación de estas leyes tiene efectos negativos en el propósito de lograr que nuestro sistema de justicia sea previsible, transparente y armónico. Si lo que queremos es que la justicia sea la misma para todos en cualquier parte del territorio nacional es preciso lograr que estas leyes se publiquen a la brevedad posible con el concurso de todos los involucrados.

Lo anterior se inserta, en la iniciativa que en diciembre del año 2014, la Cámara de Senadores aprobó bajo el nombre de Miscelánea Penal, que además de las leyes nacionales abarca una agenda compleja de cambios normativos cuyos efectos institucionales son torales, baste señalar los siguientes: reformas a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos; Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República; Reformas a la Ley General de Víctimas; Reformas a la Ley General de Extinción de Dominio; Reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, como se aprecia, trabajo sí hay.

Un tema también pendiente, y que es ya en un foco de tensión por la responsabilidad que el H. Congreso de la Unión tiene, es la reforma constitucional por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que plantea la necesidad de generar y promulgar leyes nacionales que logren la coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir y sancionar las conductas que supongan responsabilidad administrativa y corrupción, así como para que los recursos públicos se apliquen con racionalidad a la vista de todos.

Y para corolario de lo pendiente esta el Mando Único Estatal, asunto que debe abordarse en medio de las polémicas que pueda suscitar, porque continuar con 32 policías estatales y cientos de policías municipales no pareciera ser la mejor vía para construir o si se quiere reconstruir la seguridad pública. La realidad es que difícilmente puede hablarse de un sistema nacional de seguridad pública cuando las policías estatales y municipales son diferentes en adiestramiento, equipo, armamento, comunicaciones, acceso a las tecnologías de la comunicación y la información, y otros tantos factores; también es cierto que la solución no pueda ser lineal, pero de que las cosas como están no funcionan es cierto, que los estados han tenido que construir formas para coordinar a sus policías estatales y municipales también lo es, y que las diferencias entre corporaciones policiales son abismales, salta a la vista.

De ahí las acciones que han debido realizarse a través del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia así como de Seguridad Pública, para generar procesos nacionales de capacitación, equipamiento, organización, control de confianza, ingresos, y desarrollo de las policías de nuestro país, pero este esfuerzo necesita anclarse en dinámicas municipales y estatales que tengan mayor certidumbre jurídica, y obliguen a un esfuerzo coordinado y sistemático para servir de mejor forma a personas, familias, comunidades, barrios, pueblos y colonias.

Estos pendientes son cada uno de envergadura, y obligan al Legislador a la prudencia, a concentrarse en lo urgente, a intensificar el trabajo y en especial a lograr que reformas tan significativas para la ciudadanía como el Sistema Nacional Anticorrupción o la reforma de seguridad y justicia rindan frutos.