Las ocurrencias de la Reforma Judicial
La Reforma al poder judicial fue aprobada el miércoles a las cuatro de la mañana por la Cámara de Senadores. Inmediatamente, los congresos locales en los estados comenzaron a discutirla. Sin embargo, hay muchas inconsistencias y lagunas dentro de la Reforma, y estas son las que más llaman la atención:
Antes de comenzar con el listado, es importante entender por qué se propone una Reforma Judicial. Según el informe “Anatomía de la corrupción en México” del Instituto Mexicano para la Competitividad, el 80% de los mexicanos consideran que el poder judicial es corrupto. Se han encontrado más de 6 mil redes familiares dentro de este poder. Además, según el Consejo de la Judicatura, el 11% de los jueces llegan al cargo mediante el examen de oposición y el 89% mediante designación directa.
Sin embargo, académicos y trabajadores del Poder Judicial han argumentado que la elección popular de jueces, magistrados y ministros propuesta en la Reforma no aborda los problemas de nepotismo y corrupción; al contrario, podría agudizarlos.
Lo primero que se critica de la Reforma es el hecho de que se haya aprobado tan rápido. En 30 horas se aprobó en la Cámara de Diputados y en dos días en la Cámara de Senadores. El analista Luis Rodríguez señaló que no se modificó ni una coma ni se corrigieron errores de redacción en esta Cámara.. Las Reformas Constitucionales suelen tardar más en aprobarse, ya que se requieren dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, y en legislaturas más plurales, la falta de consensos entre partidos puede retrasarlas.
En menos de dos días, al menos 18 estados ya aprobaron la Reforma a nivel local: Oaxaca (apenas unas horas después de que fue aprobada en el Senado), Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas. Para aprobar una Reforma Constitucional, además de los dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, se necesita la aprobación de la mitad de los congresos locales, es decir, 17.
Otra de las críticas hacia la Reforma son los lineamientos para seleccionar a los candidatos. Se eliminaron los requisitos de 10 años de experiencia y el límite de edad de 35 años para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. A los candidatos para los demás cargos se les pide que hayan terminado la licenciatura en derecho y obtenido al menos 8 o 9 en la materia en la que se especializarán. Además, deben presentar 5 cartas de vecinos o colegas que avalen su idoneidad para el cargo.
Otro punto controvertido es que la Reforma plantea que los candidatos que cumplan estos requisitos serán preseleccionados por un Comité de Evaluación de cada poder. La Jucopo (un grupo interno del Congreso de la Unión que consensúa decisiones políticas rápidamente y actualmente está conformado por la mayoría de Morena) proyectará el Comité Evaluador para el poder legislativo. Para la aprobación de la lista final de candidatos se necesitarán dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado (que también tiene mayoría de Morena). Esto ha generado el riesgo de que todos los candidatos a jueces sean escogidos por este partido. En ese sentido, la Reforma podría ser una ilusión de democracia, porque estaríamos votando, pero a partir de una preselección posiblemente sesgada.
En caso de que hubiera más de tres postulantes para el mismo puesto, se propuso una tómbola. El analista y exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa, comentó en Aristegui Noticias: “Elige al que quieras de la tómbola, será de Morena… todos tienen el mismo nombre, Andrés Manuel López Obrador”.
La última de las ocurrencias que plantea la Reforma Judicial es la de los jueces sin rostro. Esta modificación es la más reciente en la Reforma, apenas hace tres semanas se planteó. El objetivo es que los jueces que procesen casos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado permanezcan en el anonimato para evitar represalias.
La figura de los jueces sin rostro comenzó en Italia en la década de los sesenta para juzgar a las mafias locales. También se ha implementado en El Salvador, Colombia y Perú. En la década de los noventa en Colombia se propuso juzgar a los actores del crimen organizado en Medellín de esta manera. La medida tenía el objetivo de proteger a los jueces que dictaban sentencia, pero 19 jueces sin rostro fueron asesinados entre 1992 y 1995. En 1999, se revirtió esta práctica. Además, según el académico Michael R. Pahl, se usó el sistema de tribunales secretos para acusar a legítimos manifestantes de terrorismo.
En Perú, durante el mandato de Alberto Fujimori (1993-1996), se sentenció a 700 personas inocentes por terrorismo, según Amnistía Internacional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó abolir el uso de jueces sin rostro, alegando que viola el artículo 10 de la Declaración de Derechos Humanos, que estipula el derecho de cualquier persona a ser oída públicamente en condiciones de igualdad para el examen de cualquier acusación en materia penal.
En El Salvador, se implementaron los jueces sin rostro a partir del estado de excepción impuesto por Nayib Bukele. Human Rights Watch declaró que se llevaron a cabo juicios sin la presencia de la persona imputada y que se encarceló a niños de hasta 12 años.
Debido a estos precedentes, organizaciones civiles e internacionales han expresado su preocupación ante la implementación de este procedimiento. La Convención Americana de Derechos Humanos también se ha pronunciado, alegando que los jueces sin rostro violan el artículo 8.1, que impide a los acusados conocer la identidad de los juzgadores y, por lo tanto, valorar su imparcialidad e idoneidad.
En conclusión, muchos de los procedimientos que propone la Reforma Judicial son cuestionables. Ante las críticas los miembros de Morena simplemente responden -como lo hizo la senadora Julieta Ramírez- que la Reforma representa la voluntad del pueblo y que subestimaron el poder del partido, pero no ofrecen soluciones. El “pueblo” votó por Claudia Sheinbaum, no por la Reforma Judicial. Y es momento de que le plantien un sector crítico que está cada vez más activo, cómo van a garantizar la imparcialidad en el nuevo Poder Judicial.