Hoy asesinaron al periodista Roberto Toledo; mañana será alguien más. ¿Por qué?

El periodista Roberto Toledo, de 55 años, quien trabajaba en el Monitor Michoacán, fue asesinado el día de hoy en Zitácuaro por tres sujetos armados. Su caso se suma al de José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, quienes también fueron asesinad@s en el mes de enero.

En acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo – sin considerar a los países que están en un conflicto armado, pues en ese caso pasamos a segundo lugar…luego de Iraq–. Si la tendencia continúa, este sexenio será el más violento de la historia para el periodismo mexicano: consideremos que durante el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinados 41 miembros del gremio; en el periodo de Enrique Peña Nieto, 45 periodistas perdieron la vida, mientras que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, solo entre enero del 2019 y enero del 2022 van 33 periodistas asesinados, lo que supone un ritmo de incidencia mayor que en los dos anteriores sexenios.

Ahora bien: ¿El gobierno actual es culpable de los asesinatos de periodistas? No, pero sí es RESPONSABLE de actuar para evitarlos y de movilizar todos los recursos del Estado para que cuando éstos ocurran no queden en la impunidad. En esa lógica comparto tres ejemplos de cosas que se están haciendo mal:

–La impunidad sigue siendo la regla: en acuerdo con Artículo 19, del total de investigaciones que inició la FEADLE por asesinatos de periodistas, en el 99% no se ha logrado una sentencia condenatoria, lo que ofrece un retrato de las deficiencias en las investigaciones y en la construcción de los casos.

–En términos económicos y presupuestales el gobierno no está apostando por defender a las y los periodistas, pues no ha invertido recursos en este rubro, y de hecho los comprometió: primero, porque por decreto eliminó el 75% del presupuesto de gastos operativos de la administración pública federal, lo que afectó los fondos destinados a la protección de periodistas, pues el recorte se mantiene en el actual Presupuesto de Egresos de la Federación. Por otro lado, con el decreto para la extinción de los fideicomisos también se produjeron incertidumbres, pues el Fideicomiso No 10232 era el que dotaba de recursos al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas, así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Es cierto que, a pesar de la extinción de estos fideicomisos, los recursos anuales de estas instituciones de protección se siguen entregando por medio de la Secretaría de Gobernación, pero esto con el 75% de recorte por austeridad, por lo que el presupuesto no ha sido proporcional al número de beneficiarios, que de hecho ha aumentado, pues actualmente son 495 las y los periodistas atendidos por el mecanismo federal.

–La estigmatización de la prensa desde presidencia ha sido un problema permanente. Y es que las opiniones del presidente sobre la labor periodística son replicadas por funcionarios y particulares a nivel local, lo que produce un ambiente contrario al ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, que se traduce en intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte contra periodistas. Consideremos que solo en el actual sexenio se ha ejercido el hostigamiento judicial contra por lo menos 16 miembros del gremio y sus medios, quienes han sido demandados por parte de funcionarios públicos que alegan “daño moral”, además de que se han realizado ocho bloqueos informativos, siete agresiones físicas y siete casos de privación de la libertad, esto en acuerdo con el informe de Artículo 19 del 2021.

Pero demos un paso más allá de la coyuntura y vayamos al tema de fondo. Preguntémonos quién mata periodistas en México. Lo más simple es culpar “al crimen organizado” –así, en general–, como hace Epigmenio Ibarra en un tweet el día de hoy. Lo retomo, sin personalizar el asunto, porque es una idea común. Sin embargo, hay varios problemas con ese planteamiento, primero porque Viridiana Ríos probó estadísticamente en un texto que de hecho existen cárteles que tienden a matar periodistas, mientras que otros son poco violentos con el gremio: por ejemplo, en las ciudades donde operaban los Zetas y las fracciones separatistas del Cártel de Sinaloa se concentraron 66% de los asesinatos de periodistas, lo que hace suponer que existe mucho más riesgo en territorios con presencia de dichos cárteles. Entonces hay que afinar el análisis, ir más allá de culpar “al crimen organizado” como un ente abstracto y más bien asumir la tarea de elaborar mapas de riesgo diferenciado para ejercer el oficio en México.

Otro problema con responsabilizar al crimen organizado del asesinato de periodistas es que la mitad de las agresiones contra periodistas en México (ya sean amenazas, ataques físicos o materiales, hostigamiento, intimidación, etc.) son realizadas por funcionarios públicos, esto en acuerdo con los reportes de Artículo 19 durante los últimos cinco años. Por otro lado, no hay que ser ingenuos, pues ser funcionario y ser parte de un grupo delictivo no son cosas excluyentes: en acuerdo con el índice de ENACT (Organised Crime Index-África, 2019), México es el tercer país con mayor penetración del crimen organizado en el Estado, con una calificación de 7.38 en éste indicador, solo detrás de Nigeria (7.70) y Colombia (8.20). Dicho con toda claridad: en nuestro país es común que funcionarios del Estado amenacen a periodistas y busquen acallarlos….y no es extraño que dichos funcionarios colaboren con el crimen organizado.

Para terminar, es importante señalar que Roberto Toledo era parte del Mecanismo de Protección de Periodistas, pues había denunciado amenazas en contra suya y de su casa de trabajo. La intervención de esta instancia no fue suficiente para evitar su asesinato, por lo que se deben revisar las medidas de acompañamiento que tendría que haber recibido y que claramente no fueron suficientes. Sin embargo, el debate no se puede reducir a lo que hace o deja de hacer el Mecanismo de Protección: no hay que olvidar que es sobre todo una instancia de coordinación interinstitucional y entre distintos niveles de gobierno, pero que no es capaz de cambiar las condiciones estructurales ni históricas de las violencias contra periodistas. El problema es más amplio y por ello tenemos que aprender a abordarlo con toda seriedad y responsabilidad.

Recientemente se propuso desde la Secretaría de Gobernación –a través de Alejando Encinas– transitar hacia un Sistema Nacional de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este es un esfuerzo importante para intentar cambiar el modelo existente de protección de periodistas, que hoy padece por la falta de compromisos presupuestales, así como por la indefinición de competencias y responsabilidades entre autoridades federales y locales. Sin embargo, este gesto de buena voluntad se queda corto ante el reto que enfrentamos. Y rompe el alma pensar que muchos más periodistas como Roberto morirán antes de que haya cambiado nada.