Tenemos que hablar del abuso policial por las protestas sociales en Colombia
Por David Mauricio Alvear Rincón
A medida que pasan los días y continúan las jornadas de protesta el nivel de violencia por parte de la fuerza pública colombiana sigue creciendo y enciende las alarmas de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como Naciones Unidas y Humans Rights Watch. Mientras tanto, disminuyen los contrapesos de otras ramas del poder público como la Defensoría del Pueblo o el Congreso, que sesiona de manera virtual por temor al contagio del COVID19 mientras que 20 congresistas de bancadas oficiales viajaron a Miami durante los días del Paro nacional.
La principal razón para el Paro que ha logrado un consenso entre distintos grupos sociales y gremios del país de mantener acciones colectivas en las calles como expresión de una sociedad que demuestra su vocación democrática, se funda en el rechazo a la propuesta de reforma tributaria que extiende el cobro de impuestos indirectos sobre artículos de la canasta familiar, servicios y productos de uso habitual, y amplía el cobro de tributos a personas naturales, mientras que mantiene exentos al sector financiero y empresarial. Entre los nuevos impuestos que proponía el fallido intento de reforma se encontraba el cobro de un impuesto a los servicios funerarios y cremaciones, mientras la sociedad vive el drama del exceso de muertes en plena tercera ola de la pandemia.
Si bien la reforma tributaria fue tumbada por la intensidad de las movilizaciones, el malestar social crece con la escalada de violencia por parte de la policía. Entre las 6 a.m. del 28 de abril hasta las 8 a.m. del 4 de mayo, la Organización No Gubernamental Temblores reporta 1.443 casos de violencia policial: 31 víctimas de violencia homicida, 10 víctimas de violencia sexual, 21 víctimas de agresiones oculares, 77 casos de disparos de arma de fuego, 216 víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 239 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas.
La actual violencia policial se da en medio de un aumento y recrudecimiento de la violencia de grupos armados ilegales contra civiles, dirigentes sociales, y firmantes de los acuerdos de paz de la Habana; y la sensación de impunidad por los pocos avances en investigaciones por esos crímenes y los cometidos por la fuerza pública en recientes jornadas de protesta social: el asesinato de un joven de 18 años de edad en el paro del 21 de noviembre del 2019 y contra 9 personas más en Bogotá durante las manifestantes del 9 de septiembre del 2020, fecha en que el país conmemora el día de los Derechos Humanos. Cabe señalar que según el informe de abril del 2021 del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, durante la pandemia, el actual gobierno de Colombia fue el segundo de América Latina con mayor gasto militar con 9.200 millones de dólares, situándose por detrás de Brasil y superando ampliamente a Venezuela.
Por el lado de la violencia simbólica resultan alarmantes los mensajes difundidos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido que llevó a Iván Duque a la presidencia, y quien aún mantiene legitimidad y acogida en sectores de la fuerza pública y de la sociedad colombiana. En un tweet del 30 de abril posteriormente bloqueado por esa red social, éste expresó un llamado que promueve el quiebre de las garantías constitucionales a la protesta social. “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Estos mensajes sumados a estrategias comunicacionales de estigmatización a los manifestantes, junto con la orden del Presidente Duque de militarizar las ciudades enciende las alarmas de organizaciones de defensa de derechos humanos de que continúe incrementando la violencia estatal y el quiebre de las garantías constitucionales.
*Master en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política de la Universitat de Barcelona
4 de mayo de 2021