Prepara la SCJN camino para que el derecho a decidir sea una realidad en Veracruz

Será el 29 de Julio cuando se pondra a debate la despenalización del aborto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ser aprobado en la Corte, se que aplicar la despenalización sin mayor problema o sus respectivos códigos penales serían llevados a juicio.

El proyecto viene del juez Juan Luis González Alcántara, en el contexto de un amparo en Veracruz que plantea eliminar sanciones penales para las mujeres que apliquen el derecho a decidir. En la SCJN, serían necesarios 3 de 5 ministros para aprobar el proyecto.

Leemos en Reforma más detalles del documento:

“Considerando las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y su evolución, para esta Primera Sala, las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal por la interrupción del embarazo durante este periodo”, agrega el ministro González Alcantara.

Al despenalizarse el aborto en Veracruz, habría precedentes para que eso sucediera en cada estado, ya con la decisión de la SCJN. Así Veracruz se uniría a ciudades como Oaxaca o la CDMX, que ya consideran el derecho a decidir de las mujeres.

PARA LEER:

El estado de espera de la despenalización del aborto en America Latina (ElDiario.es):

Aunque quedan otras muchas cuentas pendientes en América Latina –comenzando por la amenaza a los derechos de la mujer que supone la rigidez en El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre otros– el movimiento feminista se agarra a los éxitos mas recientes, como el caso del estado mexicano de Oaxaca en septiembre de 2019, que despenalizó el aborto hasta las doce semanas. 12 años antes ya había alcanzado ese estatus la Ciudad de México, otra de las 32 unidades federativas del país.

En ambos casos se desplegó una “estrategia velada”, indica la coordinadora de CLADEM, “porque no se despenalizó como tal, no se sacó del código penal, sino que se redactó para que la interrupción del embarazo solo se sancionara después de las 12 semanas”. Esquivaban, de ese modo, la reacción de la derecha. “Se mantiene el delito de aborto, pero se disminuyeron las penas”. Existe una diferencia entre el resultado de Ciudad de México y el de Oaxaca: en Ciudad de México se incluyó como una obligación del Estado proveer esos servicios de manera gratuita, mientras que en Oaxaca solamente quedó en el ámbito del derecho penal.