Notas sobre la Manifestación de Impacto Ambiental, “Proyecto Tren Maya Fase 1”

Por Dra. Giovanna Gasparello

Profesora de Investigación Científica y Docencia Titular B

Dirección de Etnología y Antropología Social

Instituto Nacional de Antropología e Historia

A partir de la publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) relativa a la llamada Fase 1 del Proyecto Tren Maya (de Palenque, Chiapas a Izamal, Yucatán, pasando por tabasco y Campeche) me he dado a la tarea de revisar el apartado relativo al Medio Socioeconómico, en el capítulo 4 del citado estudio.
Entre las muchas inconsistencias que encontré analizando el documento con una mirada antropológica y la experiencia etnográfica sobre los territorios citados, identifiqué a dos como de especial gravedad, por lo que busqué argumentar someramente al respecto. Comparto aquí algunas notas de trabajo que podrán complementarse con más observaciones y perspectivas, en aras de aportar al debate constructivo sobre los riesgos e impactos del megaproyecto llamado Tren Maya.

Vicio en las fuentes de las opiniones vertidas en el texto

“En las localidades del SAR durante el trabajo de campo se les preguntó si tenían algún tipo de autoridad tradicional, el 74% respondió que no. Del 26% que respondió que sí, el 36% no especificaron cuál y el 27% identificó como principal “autoridad tradicional” a la figura del “Comisario ejidal”, seguido del Presidente Municipal con un 19% y el Comisario Municipal con un 17%, sólo el 1% identificó a la figura de “Comadrona” como autoridad tradicional (Ver figura IV.4.10).” (cap.4, pág. 386)

La negación de la existencia de autoridades tradicionales ligadas a la forma de organización propia de los pueblos indígenas se ha manifestado de forma contundente en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, en cuyas Asambleas fueron invitadas solamente las autoridades con reconocimiento institucional (Comisariados Ejidales y Comisarios Municipales), más no las autoridades tradicionales que son variadas y diversas en las comunidades.
En primer lugar la definición de “autoridades tradicionales” es errónea pues en muchos casos se trata de figuras cuyo papel y características se transforman para adaptarse y responder a las transformaciones sociales del contexto en el cual viven los pueblos indígenas. Los estudios especializados en la antropología jurídica hacen referencia a “autoridades indígenas” o “autoridades propias” en aras de enfatizar el carácter contemporáneo de dichos cargos.

En segundo lugar, los estudios antropológicos clásicos y contemporáneos remarcan la imbricación de los planos civil y religioso en los espacios de organización colectiva, lo que origina el denominado “sistema de cargos cívico-religioso”. En Chiapas, un importante papel de autoridad espiritual y guía moral es representado por los catequistas, integrantes de la comunidad que cubren un cargo religioso católico, orgánico al sistema de cargos contemporáneo de las comunidades indígenas de recién asentamiento en la Selva (1940-1980). En Yucatán persisten lo que se conoce con el nombre de “compañías militares” y religiosas, cuyo origen tiene que ver con la influencia de la Guerra de Castas. En Campeche, donde más ha sido desarticulado el tejido organizativo indígena, es vital el cargo de los jueces tradicionales maya, reconocidos a nivel constitucional. Asimismo, en todo el territorio peninsular (Campeche, Yucatán y Quintana Roo), en la vida comunitaria destaca el rol del h’meen o h-meno’ob, figura que une las características de especialistas rituales, sabios y médicos tradicionales; son aquellos que se encargan de la realización de las actividades rituales relacionadas con el ciclo agrícola y el cuidado del territorio.

En todos los contextos, es fundamental recordar que la principal instancia de gobierno y autoridad comunitaria entre los pueblos maya es colectiva: la Asamblea de la comunidad, que difiere de la asamblea ejidal pues en ella participan todas y todos los habitantes y se tratan todo tipo de asuntos que ocupan el colectivo.

Es por lo tanto de dudosa veridicidad la afirmación relativa a la escasez del reconocimiento de “autoridades tradicionales”, mientras es definitivamente tendenciosa su identificación con figuras institucionalizadas como el Comisariado Ejidal, o representantes del sistema de gobierno y del poder político local como los Presidentes Municipales. Esta interpretación se refleja en otros aspectos del documento y resulta funcional para justificar una evidente selección de testimonios y opiniones en la valoración sobre impactos y beneficios del proyecto Tren Maya.

Si las personas acreditadas para expresar su opinión, y de las cuales se tomó en consideración el testimonio, son Presidentes Municipales y Comisariados Ejidales, es predecible que la opinión sea favorable a un proyecto gubernamental.

Lo anterior queda manifiesto en el siguiente párrafo:

“Además de identificar a las autoridades tradicionales, se preguntó por la existencia de liderazgos sociales, ante esta pregunta el 92.58% de los entrevistados no reconoció algún liderazgo social y sólo el 7.42% reconoció la existencia de liderazgos sociales, dentro de esta categoría se identificaron a los Comisarios (sic) ejidales y municipales y a los Presidentes Municipales en un 53.33%, es decir que la figura de liderazgo se encuentra muy institucionalizada en las localidades, además un 46.67% identificó como liderazgo social a los Líderes comunitarios.” (cap. 4, p.388)

El estudio no aclara a qué se refiere la denominación de “líder comunitario”. Por otra parte, evidencia la caracterización como “líderes sociales” de las mismas figuras que se habían identificado como Autoridades tradicionales –Comisariados Ejidales y Presidentes Municipales-.

Lo anterior, más allá de representar una falacia y una equivocación en el análisis sociológico y antropológico del contexto analizado, que se presenta como falto de estructura organizativa propia, conlleva a una argumentación tendenciosa con respecto a lo que se expone como la percepción de los habitantes sobre las afectaciones a sus territorios por el Tren Maya.

El siguiente párrafo es emblemático de lo expuesto:

A pregunta expresa a los líderes sociales si consideran que el Proyecto TMF1 afectará el estado de conservación de los recursos naturales, el porcentaje promedio de éstos (90%) respondieron que no los perciben. (cap. 4, pág. 442)

Por todo lo anterior, la sección dedicada al ámbito socioeconómico es fuertemente viciada desde las mismas fuentes sobre las que afirma construir sus conclusiones, que son incluso alardeadas como expresión de la opinión popular. El análisis expuesto muestra que las opiniones acreditadas son principalmente las de actores institucionalizados, de los cuales los Presidentes Municipales se incluyen como actores con intereses clave en la realización del proyecto pues son representantes de grupos de poder locales con agendas políticas propias, que en muchos casos trascienden la coyuntura del gobierno en turno. Por su parte, los Comisariados Ejidales son figuras que, en las comunidades rurales, juegan un papel clave de bisagra entre los propietarios de las tierras y actores externos con intereses sobre las tierras de propiedad social (ya sean empresas, instituciones gubernamentales o grupos políticos). Existe una abundante literatura hemerográfica y académica que muestra la debilidad que, en muchos casos, padecen estos sujetos, sometidos a toda clase de presiones, chantajes y ofrecimientos económicos, en las estrategias de “ingeniería del conflicto” enfocadas a la fragmentación social para la obtención de consensos parciales a obras y proyectos.

Afirmación que contradice lo asentado en las Actas de las Asambleas Regionales Consultivas del proceso de “consulta indígena”

“La Tabla IV.4.20 rescata la percepción social de las personas que fueron entrevistadas en torno a la calidad de los servicios educativos, sanitarios, redes de distribución de servicios básicos y coberturas de telefonía móvil y de internet con los cuales cuentan las localidades, así como la valoración sobre la calidad de la infraestructura física. Es interesante resaltar que salvo por la red de drenaje y la cobertura y/o red de internet, tanto los servicios como la infraestructura asociada a ellos obtuvieron buenas calificaciones”. (cap. 4, pág. 402)

Las instituciones encargadas afirman que el megaproyecto Tren Maya tuvo una aprobación generalizada en la cuestionada “consulta” realizada en diciembre 2019. Dicho proceso fue abiertamente criticado, en sus objetivos y en la modalidad en la cual se realizó, tanto por las organizaciones indígenas y populares, por académicos y por instituciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En lo que corresponde a la citada afirmación de la MIA, es de especial interés la lectura de las Actas de las Asambleas Regionales Consultivas realizadas los días 14 y 15 de diciembre 2019 (disponibles en la página web del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas). Dichos documentos oficiales incluyen un resumen de las intervenciones de los Comisariados Ejidales de las comunidades que participaron en las Asambleas, quienes expresan el “apoyo” a la obra junto con la reiterada solicitud de servicios básicos, entre los que destaca la exigencia de clínicas, consultorios, hospitales, personal médico y medicamentos. Todas las intervenciones, en todas las Asambleas de los cinco estados coinciden en la denuncia de la carencia en los servicios básicos y la solicitud de atención inmediata en los ámbitos de salud, educación, agua potable, vías de comunicación, alumbrado público, etc.
Por lo anterior, la afirmación que expresa la MIA es abiertamente contradictoria con dichos documentos oficiales, lo que lleva a cuestionar, nuevamente, la validez y la veridicidad de las fuentes y de las opiniones sobre las que se construyen los resultados del análisis socioeconómico.

Dicho cuestionamiento se ve reforzado por el carácter propagandístico hacia las bondades del proyecto que emerge en varios apartados de la MIA, y de manera más evidente en las conclusiones. Esto llama la atención de un lector que esperaría analizar un estudio técnico y objetivo, fundamentado en evidencias y que propone proyecciones realísticas y concretas, basadas en las evidencias mismas. En las conclusiones del cap. 5, no se encuentra un balance de costos-beneficios, sino la apreciación de los beneficios a partir de las propuestas políticas y discursivas de las autoridades encargadas del proyecto, pero de los que no existe ninguna evidencia (como ejemplo, la afirmación “El Proyecto TM-F1 supone un nuevo paradigma de turismo incluyente, en el que la riqueza se distribuye en la comunidad.” cap. 5, pág. 208)

En tal sentido, todo el estudio está repleto de consideraciones de lo que será el Tren Maya según el discurso oficial (promoverá el turismo incluyente, detonará el desarrollo sustentable, etc. etc.), afirmaciones que no están sustentadas en el estudio objetivo de impactos previsibles, sino en proyecciones basadas en el proyecto político.