Adrián Vázquez Lagunes; torturado e inculpado por el Estado, hoy tiene COVID-19

El 26 de septiembre de 2012, agentes del estado de Tijuana, Baja California, detuvieron a Adrián Vázquez Lagunes:

“Me subieron a un Sentra gris, me golpearon, pusieron una bolsa negra en mi cabeza. Me trasladaron a la Policía Estatal Preventiva, donde me torturaron, me golpearon el estómago […] fui ingresado a un cuarto oscuro y me pusieron cinta en las muñecas y tobillos, me asfixiaron unas 15 veces, mientras un agente se subió en mi estómago y otro ponía una toalla mojada en mi cara. Me tomaron una foto con armas y droga, me trasladaron a la Procuraduría General de la República (PGR) donde fui obligado a firmar una declaración”.

La declaración que obligaron firmar a Adrián, admitía ser el Lugarteniente del Cártel de Sinaloa en Tijuana, alias el “Macho Prieto”.

Por los golpes recibidos fue trasladado al Hospital General de Playas Rosarito (puesto que al ser injustamente señalado por el Estado, como narcotraficante, ningún hospital de Tijuana quiso atenderlo) fue operado, le extirparon una parte del brazo, le repararon la vejiga que le explotaron, las 7 costillas que le rompieron y el pulmón que le perforaron. Los daños son irreversibles.

El verdadero “Macho Prieto” -Gonzalo Inzunza- murió a manos de la Marina en Sonora, Puerto Peñasco, el 18 de diciembre de 2013. No obstante, el Secretario de Seguridad Pública de Baja California, seguía afirmando que Adrián era el narco detenido.

Adrián fue puesto en libertad el 30 de noviembre de 2015, tres años después de su detención. La resolución del Juzgado Quinto Unitario del Poder Judicial de la Federación, estableció que la declaración de Adrián fue infundada e ilegal. En ese sentido, el 5 de mayo de 2015 la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California ya había emitido una recomendación, en esta se solicita la reparación integral de daños, el Gobierno de Baja California aceptó 6 de los 7, puntos, este último es la reparación por la tortura a manos de Agentes Estatales.

El pasado 16 de junio Adrián fue diagnosticado con COVID-19. La situación económica que atraviesa su familia es deplorable y el Gobierno de Baja California –Jaime Bonilla– no ha cumplido, ni quiere cumplir con la reparación integral del daño. Adrián solicita ser integrado junto con su familia al sistema de salud pública y seguro popular (INSABI), recordando que tiene un daño pulmonar irreversible, que ahora siendo portador de coronavirus, puede empeorar, incluso, uno de sus hijos tiene síndrome de down y los cuidados que el hijo necesita, no pueden ser cubiertos en su totalidad.

El estado lo torturó, violó sus derechos humanos, lo inculpó, cambió radicalmente su vida, hoy tiene COVID-19, y el mismo Estado, se lava las manos.