Cuando ser pobre e indígena son delitos graves: ex presos exigen libertad para 9 indígenas recluidos

Por Heriberto Paredes 

El estado de Chiapas es una de las entidades con mayor número de presos indígenas en el país. Como suele suceder en México, quienes permanecen recluidos en las distintas cárceles del sureste son en su mayoría personas que no tuvieron un intérprete en el momento de ser acusados y durante todo su proceso penal, por lo que fueron acusados de delitos graves como homicidios y secuestros.

De acuerdo a un comunicado emitido en julio de 2019 por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos» (Red TDT), existen 25 presos indígenas recluidos en los Centros de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) 5 y 10, 5 de ellos pasaron una huelga de hambre que los llevo a un estado crítico de salud, mientras que el resto está exigiendo la revisión de sus casos. Sin embargo, falta aún un censo actualizado de los presos indígenas en los 16 penales existentes en Chiapas.

Dentro de este complejo entramado de injusticias, existen 9 presos indígenas que se reivindican como presos políticos, por su condición de fabricación de delitos y por no haber accedido al debido proceso, lo cual, aseguran, «es ya una actitud represiva por nuestra condición de indígenas», afirma uno de ellos.

Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mario Gómez López, Mariano Pérez Velasco, Mariano Gómez López, Mario Díaz Rodríguez, Roberto Martínez Pérez, Felipe Díaz Méndez y Juan Castellanos Gómez son también miembros de Los Solidarios de la Voz del Amate, organización de presos indígenas que concentra a una parte de presos en lucha por su libertad.

«Se les han imputado delitos duros con el objetivo de que no salgan de la cárcel, muchos de ellos llevan ya muchos años presos y el gobierno del estado y el de López Obrador dice que primero los pobres, pero esas palabras son sólo para engañarnos» declara tajante, Alberto Patishtan, profesor tsotsil que pasó casi 14 años acusado injustamente de delitos que no cometió.

«El único delito –continúa el ex preso político– que les han encontrado es que son pobres, por el color y por la ignorancia, esas son las cosas que los han llevado a la cárcel. Todavía se ven las secuelas de la tortura que han recibido ahí».

En un acto de denuncia, ocurrido el 11 de septiembre de 2019, el profesor Patishtan, acompañado de otros ex presos, también solidarios de la Voz del Amate, como Roberto Paciencia y Alejandro Díaz Sántiz, expresaron su preocupación por la falta de atención que los presos indígenas han recibido a sus peticiones de revisión de expedientes y a las denuncias de malos tratos al interior del centro de reclusión.

Al acto también asistieron familiares de los 9 indígenas presos, quienes afirmaron que van a continuar luchando por la libertad de sus seres queridos.

En un análisis reciente para el diario Washington Post, acerca de la Ley de Amnistía que está en discusión en el poder legislativo, la especialista en movimientos sociales mexicanos, la periodista Laura Castellanos señala que esta ley «excluye a las personas procesadas por razones políticas a las que les imputan delitos graves […] De hacerlo de esta forma, no sólo se perpetuará la prisión para las personas acusadas de delitos graves por motivos políticos, sino que también se excluirá a las casi 4000 víctimas de detenciones arbitrarias, por esos mismos motivos, en los últimos dos sexenios».

En México, la pobreza, la pertenencia a algún pueblo indígena y el analfabetismo del español son delitos políticos.

«Si un cacique no te quiere ver libre, es fácil que te fabrique un delito y entonces te ponen preso» subraya Patishtan, quien padeció personalmente las vicisitudes del sistema penal mexicano y consiguió su libertad en 2013 gracias a la presión de organizaciones sociales nacionales e internacionales.

Al encuentro asistieron miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEND SNTE), del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, de la comunidad de Salazar, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, de la comunidad indígena de San Pedro Atlapulco, del Concejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP CODEM), del municipio autónomo de San Francisco Tlalcilalcalpan y de organizaciones independientes de la zona de Tlahuac.

«La cárcel –concluyó el profesor y guía indígena– es dolorosa pero fue también donde aprendimos a vivir por los pobres».