La apuesta por la vida de una comunidad otomí
Por Heriberto Paredes
«Nosotros no queríamos esta carretera, pero tampoco queremos más represión, más violencia, que venga la policía protegiendo a las maquinarias, como cuando tiraron la casa del doctor Armando» señala Margarita Fernández, habitante de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, que pertenece al grupo opositor del proyecto carretero pero que ha llegado a un acuerdo de construcción.
El Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, organismo interno que ha encabezado la oposición y resistencia al proyecto, señaló entonces que la construcción de esta carretera ocasionaría un daño irreversible a los mantos acuíferos que subyacen en el bosque y que alimentan a la ciudad de Toluca y la Ciudad de México.
Pese a este riesgo, la empresa no desistió y se sirvió del apoyo del gobierno estatal, presidido entonces por Enrique Peña Nieto. Convertido en socio, el aparato de gobierno local sirvió para forzar y controlar –mediante el uso de policías y grupos de choque vestidos de civil– las asambleas que darían luz verde a una carretera que no contaba, como es costumbre, con la planificación adecuada y los estudios de manifestación de impacto ambiental que permitirían tener amplio conocimiento a las y los habitantes afectados.
En este caso fue el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, *** quien accedió a la manipulación del padrón agrario y modificó asambleas para obtener como resultado un sí al proyecto carretero. Siempre con la policía presente, quienes se oponían a esta situación fueron denostados y acosados, recibieron amenazas y en algunos casos fueron detenidos por tratar de impedir las asambleas manipuladas.
«Los que vendieron al pueblo realmente, fueron quienes se prestaron para la farsa de las asambleas manipuladas, pero también las autoridades agrarias, que vendieron terrenos sin que toda la comunidad estuviera de acuerdo», comenta José Luis Fernández, miembro del Consejo Supremo Indígena y quien ha sido pieza clave en la resistencia contra la autopista.
Hoy, en 2019, una versión distinta del proyecto original empieza a construirse como resultado de una negociación –compleja y difícil– pero que busca el mayor bienestar posible para las y los habitantes de toda la comunidad.
Dos proyectos
Entre 2013 y 2014 se detuvieron a un total de 22 personas opositoras a la carretera y en abril de 2016 maquinaria pesada destruyó la vivienda del doctor Armando García, miembro del Consejo Supremo Indígena; las escenas de destrucción a manos de integrantes de la empresa, protegidos por la policía estatal demostraron la complicidad entre Estado y empresas al mismo tiempo que cimbraron las conciencias de la comunidad en resistencia.
A partir de entonces se inicia una serie de consultas y asesorías para que la parte de la comunidad opositora a la construcción, lograra presentar una contrapropuesta al proyecto original de la carretera. «Vimos que de por sí iban a imponer la carretera –comenta Alicia, parte de la comunidad en resistencia– y que lo harían a través de la violencia, por eso decidimos presentar una alternativa y que al menos se conservara lo más posible el bosque».
La propuesta inicial del tramo carretero que afecta a Xochicuautla constituye un 6.3% de la carretera (2,160 kilómetros), y en su trazo tan sólo contemplaba 2 pequeños pasos para la población, con lo cual la comunidad quedaba casi aislada y su acceso al bosque era muy restringido.
Ante el temor de no poder acceder al bosque, de quedar aislado y de prever la posible construcción de complejos habitacionales o turísticos en la sección a la que ya no tendrían acceso, la comunidad en resistencia agrupó a un equipo técnico para trabajar en un proyecto alternativo.
Finalmente, a mediados de 2017, ante la inminente construcción del 93.7 % (39,300 kilómetros)restante, bajo la campaña #XochiPropone, se presenta un proyecto alternativo que se fundamenta en una amplia conservación del bosque y en la construcción de al menos 10 pasos que permitirían el acceso a cualquier habitante de la comunidad para seguir realizando sus actividades, tales como la recolección de hongos, el pastoreo, el trabajo en milpas y en magueyales o bien, paseos con la familia, tal y como hoy ocurre.
Utilizando puentes y túneles, la propuesta alternativa propone cambiar los rellenos de cemento por pilares y túneles, lo cual reduce la urbanización total del tramo carretero y permite que las especies animales continúen disfrutando del bosque. Además, la comunidad en resistencia propuso un fondo económico para la realización de un plan de desarrollo comunitario que financie proyectos educativos, culturales, de reforestación y conservación del bosque, así como la generación de captación de aguas pluviales y el cambio al uso de luz solar.
También es preciso señalar que la empresa constructora tiene la obligación de crear un fideicomiso a partir de la recomendación 56/2016 de la CNDH, consistente en retomar un porcentaje de las ganancias de la carretera para apoyar obras de infraestructura dentro de Xochicuautla.
Para Autovan-Teya S.A. de C.V., esto significó un gasto adicional y el alza de los costos del tramo carretero, sin embargo tuvo que sentarse a negociar con la comunidad, solucionar sus exigencias y es hasta ahora, comienzos de 2019, que se ha llegado a un acuerdo de construcción.
Cabe mencionar que en el resto del proyecto carretero, a pesar de algunos recursos jurídicos utilizados, las otras dos comunidades afectadas han visto la destrucción del bosque bajo las pesadas capas de cemento y los pilares que sostendrán puentes enormes. De hecho, en un recorrido hecho a la comunidad de Ayotuxco, en julio de 2017, fue posible constatar que la carretera, construida según el plano original, ha ocasionado una fractura en el territorio de la comunidad y también ha generado daños ecológicos irreversibles.
Hostigamientos
A pesar de que la carretera se construirá y que al mismo tiempo se está velando por la conservación del bosque, mantener el acceso de la comunidad y la protección de los puntos fundamentales para la conservación de la cultura e identidad como pueblo indígena, ha habido algunos episodios de hostigamiento contra miembros del Consejo Supremo Indígena.
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El Consejo Supremo Indígena se muestra preocupado por estas difamaciones, ya que, a pesar de que varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos –como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU)– han avalado el proceso de diálogo de la comunidad en resistencia, al interior de Xochicuautla la carretera ha generado divisiones. «Nunca sostuvimos reuniones privadas con funcionarios, no firmamos convenios personales. Nuestros logros no son individuales, son colectivos y públicos», afirma la comunidad en un comunicado emitido este 3 de abril de 2019.
«No queremos más problemas al interior de la comunidad, de hecho, queremos dejar claro que los beneficios que logramos acordar con la empresa constructora son para todas las personas en la comunidad y no solamente para nosotros» subraya el doctor Armando García, miembro del Consejo Supremo Indígena a quien la empresa le derrumbó su casa.
La comunidad en resistencia, finalmente, ha emprendido los esfuerzos para llevar a cabo una campaña que apela a la transparencia del proceso de negociación con la empresa y que llama a sumarse a la planificación y puesta en marcha del plan de desarrollo comunitario, así como a la reconciliación interna.
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