Cuarto Foro Escucha: Guerrero, entre la barbarie y la esperanza

De acuerdo con el informe de Índice de paz en México 2018: Evolución y perspectiva de los factores que hacen posible la paz, en 2017 los cinco estados “menos pacíficos” fueron —en orden descendente, donde el primero es el menos pacífico—: Baja California Sur, Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas¹Tres de estos estados se encuentran sobre rutas principales del narcotráfico, en la costa del Pacífico, menos Zacatecas. El informe concluye: “la preocupación de la población respecto a la impunidad y su confianza en los jueces aumenta y disminuye junto con el aumento y la reducción de la violencia”.. En el mismo año, calificado como el más violento de la última década, la desigualdad en el nivel de paz —entre el estado menos pacífico y el estado más pacífico— creció, y la taza de delitos con violencia subió 15.2% en comparación con el 2016.

2017 fue calificado como el año más violento de la última década en México.

En 2017, siguiendo con el mismo Índice, el estado de Guerrero registró los siguientes datos: 4,934 homicidios; 2,644 delitos con violencia; 4,926 delitos con armas de fuego; 4,868 crímenes de la delincuencia organizada, y 1,378 cárceles sin sentencia. Fue el penúltimo “menos pacífico” o, para el caso, el segundo más violento.   

En el Semáforo Delictivo, Guerrero se encuentra en color rojo en 6 de los 11 delitos que contempla: Homicidios, Robo a Vehículos, Robo a Negocios, Violación, Violencia Familiar y Feminicidios; amarillo en Extorsión, Robo a Casa y Lesiones, y verde en Secuestros y Narcomenudeo. Del total de asesinatos relacionados con el crimen organizado de la droga en el país, 11mil 241, se cometieron 895 en el estado del sur.   

Sobre estas condiciones de violencia, el 28 del presente mes se llevó a cabo el Foro Escucha: Por la pacificación y reconciliación nacional en el Centro Internacional Acapulco, del estado de Guerrero. El del martes fue el cuarto foro organizado por el gobierno electo en su ruta para pacificar el país, y estuvieron presentes Loretta Ortiz, coordinadora nacional de los foros de pacificación, y Alejandro Encinas, designado como Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración por el presidente electo.  

Solemne, en el Salón Teotihuacán del Centro, inició el evento pasadas las 10 de la mañana con un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia. A su final, retumbaron las consignas por los desaparecidos, las promesas de no cesar la búsqueda de justicia, el conteo por los 43 normalistas desaparecidos: “¡ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!” y “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se escucharon en aquel espacio amplísimo.

Más de 1300 personas asistieron al evento. Superó las expectativas. De acuerdo con uno de sus organizadores, hasta hacía unos días consideraron 300 asistentes, luego 600 y un día previo al foro consideraron una asistencia de 1200 personas. Aún así, los lugares disponibles se agotaron.

El foro estuvo dividido en dos partes. En la primera de ellas, los funcionarios delegados del gobierno electo participaron con explicaciones sobre los objetivos del evento, el caso de Loretta Ortiz, y sobre la política de seguridad que se implementará a partir del primero de diciembre, el caso de Alejandro Encinas; en la segunda parte se formaron mesas de diálogo entre los asistentes. Ortiz y Encinas, además, dieron una rueda de prensa en el intermedio.   

Loretta Ortiz negó, en su discurso introductorio, que los diagnósticos de la violencia estén acabados y que la hoja de ruta para salir de ella esté firmemente delineada. Desde su perspectiva, los foros tienen una función primaria: escuchar a las víctimas para identificar las causas estructurales de la violencia —que cambian conforme las características regionales—. Las soluciones, señaló, tendrán que ser múltiples, interrelacionadas con los contextos, de corto y largo plazo. Aseguró, por último, que la pacificación del país será consecuencia de la justicia.

Ya en la rueda de prensa, entre las preguntas contextualizadas, Ortiz precisó la función de los foros y amplió la estrategia de seguridad: de la información regional obtenida se plantearán reformas constitucionales o nuevas leyes estatales y federales, se echarán a andar fiscalías especializadas, tribunales de paz con jueces especializados y comisiones de la verdad. Afirmó, además, que se revisarán las acciones de las policías comunitarias y se restringirán sus acciones conforme a los derechos humanos; que los militares estarán en las calles hasta el tercer año y luego serán sustituidos con policías capacitados; que la nueva estrategia de seguridad estará enfocada en perseguir la riqueza y patrimonio adquiridos por actividades ilícitas, y que la amnistía no se aplicará a aquellos que hayan cometido actos violentos.    

Alejandro Encinas expuso algunos de los principios del modelo de seguridad que se echara a andar desde el primero de diciembre: colocar a la victimas en el centro; la paz como consecuencia de la justicia; la seguridad como un derecho público; recuperación de la titularidad del Estado y la reconstrucción del tejido social. El nuevo modelo, afirmó, abandonará el horizonte del “combate directo” por el de la solución de los problemas estructurales para pacificación del país.

En su discurso, el exsenador recalco la intención del gobierno electo por atraer los casos en los que el Estado ha estado involucrado: la guerra sucia de los años setenta, en las que el Estado, a través de sus distintas instituciones, atacó, desapareció, asesinó, a dirigentes políticos y sociales, el caso de Aguas Blancas y las participaciones de las fuerzas armadas y altos funciones en las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y violencia en los últimos sexenios. Prometió no pasar por alto ningún acto de impunidad o corrupción, pasado o actual, resolver los casos emblemáticos y renunciar si no logra ningún resultado positivo.

Durante las primeras horas de la mañana los asistentes colocaron mantas en las rejas perimetrales del Centro Internacional Acapulco. Rostros, denuncias y promesas de no descansar la búsqueda, punteaban la entrada del recinto.

A diferencia de los foros de Chihuahua y Michoacán, el de Guerrero mantuvo cierto orden. La entrada al Salón requirió de un registro previo. Había asientos y lugares suficientes. Los futuros funcionarios escucharon. Entre las participaciones de estos, representantes de organizaciones e individuos tomaron la palabra.

El nivel de complejidad de los agravios es alto. La violencia se ha ejercido desde el Estado, de las organizaciones criminales, de los organismos ciudadanos que surgieron para proteger a la población o entre particulares. Desde el templete, por ejemplo, Margarita López, madre de una joven desaparecida, denunció amenazas por parte del Gobernador, falta de apoyos para la búsqueda de las instituciones federales y estatales, amenazas del crimen organizado; José Díaz Navarro, vocero del colectivo Siempre Vivos del municipio de Chilapa, acusó a las policías comunitarias de estar coludidas con el narcotráfico, de llevar a cabo actos de tortura y ejecuciones contra sus hermanos, entre otros casos.

Aun más, los actos violentos no están sólo relacionados con el narcotráfico, tienen que ver también con razones políticas, como el asesinato de representantes políticos o candidatos en las pasadas elecciones; económicas, como el asesinato de Rocío Mesino Merino y demás opositores a proyectos extractivistas; por disputas entre pobladores de comunidades por territorios, como el caso de la Organización de la Defensa Popular o por venganzas históricas entre familias.

Un testimonio constante en estos foros fue que actos violentos no están sólo relacionados con el narcotráfico, tienen que ver también con razones políticas

Por otro lado, no es posible narrar aquí de forma detallada lo acontecido en la segunda parte del evento. Los organizadores no permitieron la entrada de medios de comunicación al espacio destinado para la participación de los asistentes. Se privilegió la protección de la identidad de las víctimas y sus declaraciones.

Es suficiente decir, sin embargo, que los asistentes fueron organizados en grupos de entre 10 y 15 personas, que se nombró a un moderador y un relator voluntarios, se entregó a cada uno de los integrantes un cuestionario especializado sobre los problemas de su comunidad, las causas de la violencia, propuestas de salida a la crisis, legalización de las drogas, entre otras. Una vez contestado el cuestionario, se facilitaba el intercambio de perspectivas sobre las situaciones locales, sentimientos y propuestas entre los concurrentes.   

Las expectativas sobre el evento, a decir de algunos asistentes al foro, fueron satisfechas. De acuerdo con miembros de la Organización de la Defensa Popular, su asistencia se debió a las problemáticas planteadas por el evento, pero también porque deseaban agradecer al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por su declaración de favorecer a los adultos mayores. Los integrantes de la Unión de Comisarios por la Paz y Seguridad de la Sierra, que articula a 23 comisarios de los municipios de Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Chilpancingo de los Bravo, tampoco se sintieron decepcionados; consideraron, por el contrario, que el evento les sirvió para plantear sus problemáticas y para escuchar las propuestas de los futuros funcionarios.  

Más escépticos fueron los integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, quienes consideraron políticamente necesario asistir, aunque no depositan esperanzas desmedidas en el gobierno electo. La inseguridad y la violencia, declararon, son consecuencia de problemas estructurales y no ven en el programa de López Obrador ninguna propuesta que las atienda de forma precisa y completa. A menos que haya cambios en el régimen de propiedad, las medidas propuestas sólo serán paliativos funcionales al capitalismo, afirmaron. Asimismo, exigieron que el gobierno tome en serio las demandas de hospitales, escuelas, empleos, si pretende pacificar el país. Criticaron, además, la falta de representantes de la sociedad civil, colectivos organizados o víctimas en el estrado.

En el informe titulado: Incidencia delictiva de Fuero Común 2018: Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Victimas CNSP/38/15,²El informe fue elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registra los delitos agrupados en los siguientes rubros: la vida y la integridad corporal, la libertad personal, la libertad y la seguridad sexual, el patrimonio, la familia, la sociedad y otros, entre los meses de enero y julio del presente año. hasta el mes de julio del presente año se han registrado 16,400 delitos en el mismo estado. De estos, los más representativos son: 3,543 fueron contra la vida y la integridad; 7,072 contra el patrimonio; 2,065 contra la familia y 3,300 contra “otros bienes jurídicos afectados”.

Guerrero ocupa el sexto lugar en una lista de diez estados con mayor índice de impunidad

La violencia está relacionada con problemas estructurales como la impunidad y la pobreza, entre otros. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2018, el estado de Guerrero ocupa el sexto lugar en una lista de diez estados con mayor índice de impunidad; de entre los estados en los que los homicidios tienen un mayor grado de impunidad, Guerrero se encuentra en el quinto lugar; ocupa, además, el primer lugar en la lista de estados en los que existe el promedio de delitos no denunciados, y es el tercero en la lista de estados en los que ha habido una reducción del número de agencias del Ministerio Público por cada cien mil habitantes.  

Contrastan las cifras con el ánimo que invadió el foro. Los asistentes son conscientes de las dificultades que enfrentará el nuevo gobierno en el momento en que intente llevar a cabo su plan de pacificación del país, pero se muestran confiados. Por su dolor, no planean dar un paso atrás. Están a la espera de que el nuevo gobierno no les falle.