La seguridad de las mujeres: un asunto pendiente y urgente para el próximo gobierno.
El gran cuestionamiento y el gran reto es cómo el nuevo gobierno federal y los estatales desarrollarán e implementarán estrategias de seguridad con enfoque de género.
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), las mujeres representan el 51.85% de la lista nominal de electores y los hombres el 48.15%. Las mujeres representan poco más de la mitad del listado. De acuerdo con datos de la encuesta de salida realizada por SIMO Consulting durante la jornada del 1 de julio, en términos generales – sin importar el candidato por el cual votaron- el tema que más les preocupa y que más motivó la elección de las mujeres fue la seguridad con el 26%. Seguido por la corrupción con un 19%, y, por último, la pobreza con el 17%. Se observa que de igual forma, el 25% de los hombres coincidió en el tema de la seguridad como su principal preocupación y motivador del voto. Cómo se observa, los datos son claros: la seguridad tiene un peso muy relevante en esta elección, tanto para hombres como para las mujeres, independientemente de por quién votaron. Sin embargo, y a partir de una revisión de la información presentada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2017), sería reduccionista asumir que la vivencia de la inseguridad es igual para hombres que para mujeres, especialmente en un país como México.
La ENVIPE (2017) estimó que el 76.9% de las mujeres piensa que vivir en su entidad es inseguro frente al 71.3% de los hombres que perciben esta inseguridad en sus entidades correspondientes. Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres al encontrarse en diversos lugares públicos o privados. Esta misma encuesta muestra que el 73.6% de las mujeres manifiesta que se siente insegura en el transporte público en contraste con el 66.4% de los hombres; diferencias que se repiten en otro tipo de espacios públicos y privados como calle (71% de las mujeres y 64.8% de los hombres), parques (60.8% de las mujeres y 50.4% de los hombres), centros comerciales (55.1% de las mujeres y 43.5% de los hombres), el trabajo (34.4% mujeres y 30.1% hombres) o incluso la propia casa (23.4% de las mujeres y 18.6% de los hombres). Siendo la violencia sexual una de las que más ocurre en la calle en contra de las mujeres (ENDIREH INEGI, 2016).
Sería reduccionista asumir que la vivencia de la inseguridad es igual para hombres que para mujeres, especialmente en un país como México.
Y no solo las percepciones sobre violencia y seguridad son diferentes entre hombres y mujeres, son las expresiones mismas de la violencia las que son distintas. En la mayoría de los casos, es su condición de ser mujer las que las pone en niveles más altos de vulnerabilidad que a los hombres. Según ONU Mujeres México, en el país 9 de cada 10 mujeres han sufrido algún acto de violencia en el transporte público, 50% de las mujeres manifiestan que han sufrido violencia en su comunidad o colonia a lo largo de su vida y el 38% de las mujeres a nivel nacional han sido víctima de violencia sexual (ENDIREH, 2011). Es un hecho en el que han insistido diferentes investigadores, activistas y organizaciones de la sociedad civil, en términos informales, pero también a través de informes y recomendaciones como las de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el 2012, las que ONU Mujeres hace año con año a México . Entre 2007 y 2016 en México fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Al grave escenario que representan estas cifras en sí mismas – y su rápido crecimiento en los últimos años- se le suma la casi ausente respuesta por parte del Estado. Los mecanismos para registrar y categorizar a los feminicidios como tales no están definidos y lo que es peor aún, las autoridades no tienen la capacidad – y a veces ni la voluntad – ni las herramientas para registrar, atender y procesar casos de este tipo. Los Ministerios Públicos no cuentan con protocolos ni están capacitados para realizar investigaciones bajo estándares internacionales que permitan analizar cuáles homicidios deben ser tipificados como feminicidios. La misma Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) hace un señalamiento al Estado mexicano para que adopte las medidas que sean necesarias para fortalecer el sistema de registro de violencia de género, que se desglosen según el tipo de violencia, contexto, circunstancias, según la persona que comete el crimen y la agresión contra la mujer.
La ausencia de protocolos y la falta de cumplimiento de estándares internacionales para realizar investigaciones de crímenes cometidos contra mujeres es lo que impide a las mujeres tener acceso a la justicia en casos de violencia, lo que significa también que se les violenta su derecho a tener acceso a un proceso de justicia operado y garantizado por el Estado de acuerdo con sus necesidades. Por otro lado, y aparte de estas debilidades en cuanto a la resolución de justicia para las mujeres, las estrategias de seguridad con perspectiva de género también deben se encuentran débiles en cuanto a mecanismos de prevención en los espacios donde se originan estas violencias contra las mujeres.
La gran ausente
Frente a este escenario es muy importante recordar que durante la campaña electoral las propuestas de los candidatos sobre el tema de seguridad con enfoque de género, en general, fueron muy superficiales y, en algunos casos, inexistentes. Es más, ni el tema de género, y menos el de una estrategia de seguridad con enfoque de género, figuraron en ninguno de los tres debates presidenciales previos a la elección.
Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente, presentó un documento titulado Femsplaining; que abordó temas como garantizar a las mujeres el derecho a la educación, independencia económica, acoso laboral, el acceso de las mujeres a cargos altos y a cargos políticos, la feminización de la pobreza, feminicidios, acoso sexual callejero y violencia comunitaria. Si bien es cierto, este documento no se caracteriza por la profundidad y detalle de sus propuestas, y menos por presentar estrategias concretas para impulsar la seguridad con enfoque de género, pero es casi el único que presentó un documento de este tipo, elaborado no por hombres, sino por las mujeres que lo acompañaron durante su campaña y que serán parte de su gabinete.
La seguridad con enfoque de género: una deuda urgente que hay que saldar
Es más que necesario preguntarse si el nuevo gobierno federal y el resto de nuevos funcionarios concebirán – a diferencia de los últimos años – el ascenso de la violencia de género como un tema inaplazable para el país. Y, por lo tanto, si tendrán la voluntad de hacer de la seguridad con enfoque de género un asunto prioritario y, finalmente, qué estrategias de seguridad con enfoque de género van a definir, quiénes participarán en su diseño, cómo las van a implementar y si éstas retomarán las recomendaciones urgentes que organismos internacionales le vienen planteando a México desde hace más de seis años.
Fuentes
-SIMO Consulting, 2018. “Exit Poll 2018 SIMO Consulting”, México.
-INEGI, 2017. “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública” (ENVIPE). México
-CEDAW, 2012. “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”. México.
Nota metodológica
Durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018, SIMO Consulting realizó 3,825 entrevistas cara a cara a hombres y mujeres de 18 años y más que cuentan con credencial de elector y que emitieron su voto en algunas de las casillas seleccionadas. Para eso, se eligieron previamente 110 secciones a nivel nacional.
Este tamaño de muestra se calculó con base en un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/-2.1%. Las secciones se distribuyeron proporcionalmente dentro de cada estrato. La estratificación corresponde: al tipo de zona rural, urbana o mixta; al nivel de participación electoral de la sección en la última elección federal. Los encuestadores condujeron entrevistas con los ciudadanos que recién habían emitido su voto. Es importante señalar que no se les ofrece ningún tipo de incentivo a los entrevistados para que participen en el estudio.
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