A tres años del ataque del ejército en el territorio de Santa María Ostula, las víctimas no han recibido justicia

«El gobierno anduvo diciendo que fue la comunidad la que lo mató, no es cierto, la marina lo mató» afirma doña Emilia, madre de Hidelberto Reyes García, niño que al momento de ser asesinado por elementos castrenses tenía 10 años. Aquel 19 de julio de 2015, un operativo militar en conjunto con elementos policiales de Michoacán, tuvo a bien detener al entonces comandante de la Guardia Comunal, Cemeí Verdía, y disuadir a las personas de la comunidad que se manifestaron en contra de esta detención.

Una balacera en la que participaron al menos 17 soldados tuvo como saldo 11 heridos, al menor muerto y al menos otras 8 personas afectadas indirectamente. Han pasado casi tres años de esto y no ha habido la indemnización que corresponde, pero, sobre todo, una disculpa pública y la certeza de que no se volverá a repetir esta situación.

Luego de los lamentables hechos, la comunidad de Santa María Ostula mantuvo las protestas en con dos demandas fundamentales: la liberación de su comandante y la aplicación de justicia para castigar a los responsables del asesinato de Hidelberto.

«Es bueno ver que mucha gente se reúne cada año en el novenario de mi hijo, pero para mi es mucha tristeza de ver que todos nos juntamos por la muerte de mi hijo»

La justicia no avanza para las familias afectadas

El ex coordinador de las fuerzas federales en Michoacán, el general Felipe Gurrola, en un principio afirmó que sus elementos no dispararon, sin embargo, ante la contundencia de los hechos tuvo que aceptar que sí habían disparado pero acotó que «habían sido disparos al aire». Las investigaciones realizadas hasta ahora refutan este dicho y dan cada vez más luz sobre las responsabilidades militares en el asesinato del niño.

Raymundo Ortiz, abogado de la comunidad, afirma que durante todo este tiempo, la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha hecho nada con la averiguación previa (sistema penal anterior); sin embargo, el Ministerio Público exige una reconstrucción de hechos, y a pesar de que la comunidad ha aceptado, hasta la fecha no se ha llevado a cabo.

«Con lo que hay, hay elementos suficientes para empezar a consignar soldados. Prácticamente, el soldado que mató a Hidelberto, está identificado por la pericial» afirma el abogado en entrevista. Continuando con las investigaciones, la defensa de la comunidad ha podido establecer que al menos 10 soldado –incluyendo a quien mató al niño– han sido dados de baja inmediatamente después de los hechos, por lo que Ortiz concluye que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) protege de este modo a los responsables materiales.

A tres años de los ocurrido la comunidad presiona a las instituciones

Algunas de las familias afectadas por el ataque del ejército mexicano se reunieron este 29 de mayo con miembros de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) para hacer algunas aclaraciones a la recomendación 65/2016, emitida por esta institución. En dicho encuentro se puntualizaron los siguientes elementos que, a consideración de la comunidad, son fundamentales para que la justicia se lleve a cabo de manera integral:

Se exige una disculpa pública por parte de las instituciones responsables de los actos que derivaron en la muerte de Hidelberto Reyes García y en la afectación directa e indirecta de las otras 18 personas; una certificación de la no repetición de estos hechos y finalmente, un reconocimiento de la violación de los derechos colectivos de la comunidad, ya que su territorio fue allanado y se violentó a una comunidad y no solamente a personas en lo individual.

«No sólo fueron afectados los derechos individuales, se afectó a toda una comunidad y esta dimensión colectiva la tiene que entender la CNDH y tiene que sentar un precedente para evitar que vuelva a ocurrir» señaló Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien ha acompañado este caso para certificar los procedimientos jurídicos.

Además, la comunidad y su representación jurídica, se reunieron con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir la entrega de la indemnización correspondiente y que previamente se había acordado con este organismo pero que hasta el momento no ha procedido. Lo único en lo que se ha avanzado es el pago de los gastos funerarios (ataúd), algunas atenciones médicas inmediatas para el joven Delfino Alejo Ramos, quien tiene una bala alojada en una pierna, y la asignación de los números nacionales de víctimas.

Cabe señalar que la comunidad ha cumplido con todos los requisitos para recibir la indemnización y que esperan que el pago se haga en el presente ejercicio presupuestal, toda vez que no hay razón para que siga deteniendo.

Finalmente, como parte de su presencia en la Ciudad de México, la comisión de Santa María Ostula exigió, en ante miembros de la PGR, que se investigue la cadena de mando hasta llegar a los políticos, «quienes fueron los que ordenaron el operativo, ellos fueron la gente macabra y perversa que está detrás de todo esto» puntualizó el abogado Raymundo Ortiz.

«Da coraje ver a las personas que ocasionaron todo esto, así nomás, como si nada pasara, y nosotros, las personas que sufrimos lo estamos viviendo porque no tenemos apoyo. Pero seguimos organizados y así seguiremos» finaliza Socorro, jefa de tenencia, quien ha estado muy al tanto de que se atiendan las demandas de las familias y de la comunidad.