La comunidad nahua de Santa María Ostula se moviliza para mantener la seguridad en la región sierra-costa michoacana

La región de la sierra-costa michoacana ha sido escenario de hechos conflictivos en las últimas tres semanas: abandono de cuerpos, secuestro y homicidio, destituciones de funcionarios y protestas de comuneros que reclaman la permanencia de la policía municipal y de su Guardia Comunal.

Primero, el 23 de marzo de 2018, lo que parecía ser un hallazgo de 8 cuerpos humanos, se confirmó como una escena en donde al menos 15 cuerpos fueron apilados en la parte trasera de una camioneta. Los cuerpos, según comentó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM), José Martín Castro, en llamada telefónica, «muestran signos de tortura y, según las autopsias, se trata de jóvenes de entre 18 y 24 años.  Lo que se ha logrado saber hasta ahora es que podrían pertenecer a un grupo criminal, que tiene por cabecilla a Fernando Cruz Mendoza, conocido como “El Tena”». La camioneta y los cuerpos humanos fueron encontrados en un paraje llamado La Manzanilla, en los límites entre el municipio de Aquila y el de Lázaro Cárdenas.

Lo que parecía ser un hallazgo de 8 cuerpos humanos, se confirmó como una escena en donde al menos 15 cuerpos fueron apilados en la parte trasera de una camioneta

Días más adelante, el 3 de abril de 2018, Gregorio Hernández, hermano del ex alcalde de Aquila, Juan Hernández, es secuestrado cerca de la localidad de Pómaro, municipio de Aquila, y al percatarse de esto, su esposa, Luisa G., acudió en su búsqueda; según el  reporte de la PGJEM, al hacer contacto con el grupo criminal que había secuestrado a su esposo y solicitar una negociación, fue agredida con arma de fuego hasta ocasionarle la muerte. Sin dar muchos más detalles de los hechos, la dependencia estatal dio a conocer que el pasado 9 de abril, se detuvo a Rigoberto Eli C., identificado como el responsable del homicidio. El secuestrado fue encontrado con vida.

Tras estos hechos, habitantes de la comunidad de Pómaro se manifestaron en la carretera federal 200 a la altura de la población de Maruata, lo hicieron con armas largas y con carteles que señalaban como responsable de los hechos –tanto del hallazgo de los cuerpos como del secuestro y homicidio– al director de la policía municipal, Germán Ramírez, originario de la comunidad de Santa María Ostula y quien ha estado al frente de la seguridad desde mediados de julio de 2015.

Sin que se tenga certeza de su origen y credibilidad, estas acusaciones y otras más aparecidas en redes sociales fueron suficiente motivo para que el actual presidente municipal de Aquila, José Luis Arteaga Olivares, decidiera cesar de sus funciones al titular de la policía municipal y a sus elementos. El edil decidió solicitar el apoyo a la marina y ejército para realizar las labores de seguridad que hasta el día 9 de abril venían realizando los policías municipales.

Reacciones de la población

Tratando de dar una explicación a lo ocurrido, en un comunicado emitido el 10 de abril de 2018, la comunidad de Santa María Ostula, señala una fuerte relación y complicidad entre el alcalde de Aquila, el crimen organizado, el ex alcalde Juan Hernández y quien hasta este momento había sido comandante general de la Guardia Comunal, Cemeí Verdía:

«Responsabilizamos al actual presidente municipal José Luis Arteaga Olivares y Cemeí Antonio Verdía Zepeda por los pactos, acuerdos y compromisos con Juan Hernández Ramírez ex presidente municipal de Aquila, Fernando Cruz Mendoza alias “El Tena” y el gobierno del estado de Michoacán, que realizaron para el solapamiento de la  inseguridad y la delincuencia organizada en algunas zonas del municipio de Aquila que generan la desestabilización social dentro del municipio».

Verdía, además, fue removido de sus cargos y se le retiró «toda representación y apoyo dentro de la comunidad por traicionar los principios de lucha de nuestra comunidad en aras de sus intereses personales y políticos». En el mismo documento, difundido por la comisión de comunicación de la comunidad, se señala a Juan Hernández como un socio y aliado de las células criminales que permanecen en ciertos puntos del municipio y se pide que se investigue y se aplique la ley para erradicar la violencia.

«Fue decisión de la comunidad. La comunidad se reunió el día domingo, sesionó el Concejo Comunal para analizar este movimiento de la seguridad, por la decisión tomada por el presidente municipal. El lunes se llevó a cabo la Asamblea General y se decidió también hacer un bloqueo en la carretera federal 200, además de emitir el comunicado» expresó en entrevista Evaristo Domínguez, comisario de Bienes Comunales, una de las máximas autoridades al interior de Ostula.

Por su parte, el pasado 9 de abril, mientras la comunidad que lo apoyaba se reunía, Cemeí Verdía se registró como candidato por el Partido Acción Nacional (PAN) a diputado por el distrito 21 de Coalcomán, Michoacán. También en llamada telefónica, el antiguo integrante de las autodefensas, aseguró que «afortunadamente no es toda la comunidad, sino que lamentablemente se agarran de decir que es toda la comunidad. Insisto en que meto las manos al fuego por el ciudadano presidente municipal y por el señor gobernador». El alcalde de Aquila, ante la petición de conocer su versión de los hechos, prefirió no declarar nada y sólo aseguró que tiene mucho respeto por la comunidad de Ostula.

«Cómo es posible que se diga que sólo un grupo, toda la estructura comunal se organizó y toda la comunidad decidió el contenido del documento y decidió las acciones, porque no hay de otra forma de que el gobierno nos escucha» subraya el comisario molesto ante las afirmaciones de Verdía.

Es en este contexto en que la comunidad de Ostula, lleva a cabo un bloqueo carretero y emplaza a las autoridades estatales en materia de seguridad a una reunión para determinar el rumbo de la vigilancia en el municipio. Con una amplia presencia de comuneros y comuneras, finalmente la reunión se llevó a cabo la tarde del 11 de abril, en plena carretera bloqueada, asistió el secretario de seguridad pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez.

Santa María Ostula encabeza la lucha por la seguridad

Cabe recordar que, por lo menos desde febrero de 2014, ha sido la comunidad indígena la que ha encabezado la lucha contra el crimen organizado en la región, particularmente contra los Caballeros Templarios, organización criminal que finalmente fue desestructurada gracias a la participación de autodefensas y pobladores de la región organizados.

Luego de recuperar el control de la zona, las autodefensas transitaron a un marco de regularización de sus labores de vigilancia y patrullaje, se reconstituyó la institución policíaca a nivel municipal, encabezada por Germán Ramírez, y se reorganizó la Guardia Comunal, que bajo el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documento ratificado por el gobierno federal, es parte de los usos y costumbres a los que tiene derecho la comunidad en el ejercicio de su libre determinación.

«Bajo este régimen de seguridad, los índices de delitos, federales y del fuero común, disminuyeron prácticamente hasta desaparecer», declaró el ex titular de la dependencia al preguntársele sobre el estado actual de la delincuencia. Verdía, por su parte, reconoció que «ha sido la policía municipal consolidada en estos tres años, la que ha logrado disminuir la inseguridad y la violencia». La región volvió a tener una vida cotidiana tranquila en donde las actividades económicas volvieron a florecer: las cosechas de papaya, jamaica, tamarindo y maíz inundaron los campos, el turismo regresó a las playas y la pesca comenzó a reestructurarse.

Estas son las razones por las que la comunidad se manifiesta enérgicamente cuando se ataca a los sistemas de seguridad que les han costado sangre, ya que con anterioridad se registran 35 comuneros asesinados y 6 desaparecidos, mismos que durante muchos años lucharon por el bienestar de la región y que, según han denunciado constantemente en documentos públicos, gracias al crimen organizado se tienen estas pérdidas.

La decisión del edil de Aquila cae como peso de plomo y la preocupación creció de manera inmediata, siendo este tema el centro de la reunión con las autoridades estatales. El antiguo comandante general de Ostula, aseguró que la idea de Arteaga era «que la Secretaría de Seguridad Pública asumiera las funciones de resguardo y que se coordinara con la marina y el ejército para operativos y tareas parecidas».

Sin embargo, Ostula insistió en que debía de restablecerse el orden tal y como estaba funcionando, por lo cual resultó el acuerdo de restablecer las labores de seguridad a cargo de la policía municipal avalada por la comunidad y por el resto de poblaciones del municipio, así como colocar de nueva cuenta los filtros de seguridad en los límites con el municipio de Lázaro Cárdenas, lo que constituye una suerte de blindaje para evitar que células criminales regresen.

Por su parte, Ramírez prefirió no hacer declaración alguna respecto a su destitución y simplemente afirmó que la policía municipal de la que estuvo al frente durante casi tres años seguirá garantizando la seguridad, «tal y como se acordó con las autoridades estatales y como ha sucedido hasta ahora».

Finalmente, la comunidad le pidió al secretario, según comentó la autoridad comunal, que realizara las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidad del ex alcalde Juan Hernández en la comisión de delitos como robo, secuestro y la participación en la explotación ilegal de madera preciosa de la región; el funcionario se comprometió a comenzar las investigaciones necesarias.

«Nuestra gente no es violenta, buscamos la tranquilidad, así se desarrolló la reunión con el secretario de seguridad pública, así se tomaron los acuerdos pero el proceso sigue, mientras tanto la policía municipal seguirá resguardando» finalizó Domínguez ante este escenario de movilización.