Como cada mañana, Alicia se despierta cuando se despierta el bosque. Camina entre el rocío matutino que aún se esparce bajo los cedros, pinos y encinos, mientras escucha a las aves dar los buenos días. Le inquieta la idea de que ese canto desaparezca. Solo imaginar que una carretera pueda atravesar la tierra por la que andamos, le hace respirar profundamente y llenar sus pulmones del oxígeno que aún captan sus árboles. Así lo explica Alicia Bustamante, integrante del grupo de resistencia de San Francisco Xochicuautla. En temporada de lluvias, del bosque consumen hongos, quelites, nopales o maíz, y recolectan la leña muerta para guisar tortillas. “Si llega a pasar ese proyecto ya no tendríamos la libertad de andar por el bosque como ahorita lo estamos haciendo”, cuenta Alicia. Mientras conversamos, el señor Baltasar Reyes se dirige al interior del bosque para extraer el aguamiel del maguey; como hace al inicio de cada día cuando sus piernas se lo permiten.  

Al grito de la consigna ‘¡Nunca más un México sin nosotros!’, diversas comunidades indígenas se mueven alrededor de la república queriendo decirnos algo. Porque los movimientos sociales indígenas que caminan por nuestro agitado siglo no son fruto de problemas nuevos, pero sí de problemas actualizados. Y para comprenderlos, hemos de dejar las lentes con las que solemos mirar el mundo y barajar caminos alternativos.

En un país donde conviven alrededor de 12,7 millones de personas indígenas y 68 grupos étnicos distintos, es decir, 68 formas diferentes de concebir la vida, los conflictos por la tierra y la defensa del territorio han sido una constante en la historia de lo que hoy conocemos como México. Sin embargo, fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el que comenzó a ceder el turno de palabra para crear un movimiento indígena como hoy lo conocemos. Porque si bien no todos los campesinos son indígenas, la mayoría de los indígenas de México sí son campesinos. Bajo esta lógica, el Congreso Nacional Indígena (CNI) florece en los años 90 abriendo un sendero por el que los diferentes pueblos indígenas comenzaron a caminar juntos; reconociendo al movimiento zapatista como aliado con el que luchar conjuntamente por la autodeterminación de las comunidades, la defensa del territorio y su forma de relacionarse con él.

Hoy, más de quinientas comunidades indígenas encuentran en el CNI un espacio común de lucha y reflexión donde “somos asamblea cuando estamos juntos y red cuando estamos separados”, como se vienen reivindicando desde hace dos décadas. Una red en la que comparten inquietudes, problemáticas y, hoy, el reto de unir fuerzas ante la reciente creación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), con el que los 71 delegados y delegadas y la vocera indígena nahua María Jesús Patricio han decidido hacerse presentes en el panorama político del país ante el aún existente choque entre la cosmovisión indígena y la lógica de la llamada nación mexicana.

 

Xochicuautla, el espejo de muchas resistencias

‘¡Xochicuautla no se vende, se ama y se defiende!’ se ha convertido en la consigna de su lucha. Y es que la comunidad indígena otomí ñhatho de San Francisco Xochicuautla (en adelante Xochicuautla) lleva una década envuelta en una disputa legal con el gobierno estatal porque no están dispuestos a que corten las venas de su Bosque Sagrado del Agua para construir una autopista de cuota que conecta las ciudades de Toluca y Naucalpan, en el estado de México.

Un día cualquiera de 2007 mientras trabajaba sus tierras, Antonio Reyes, miembro del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, se dio cuenta de que un grupo de trabajadores realizaban estudios topográficos en sus cultivos. Al preguntar a qué se debía su presencia, le comunicaron que Enrique Peña Nieto, por aquel entonces gobernador del estado de México, había autorizado la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. De esta forma la comunidad tuvo noticias del proyecto que se pretendía trazar por su comunidad y no mediante la debida consulta previa, libre e informada como marca la constitución mexicana y los estándares internacionales.

La comunidad indígena otomí ñhatho lleva una década envuelta a que corten las venas de su Bosque Sagrado del Agua para construir una autopista de cuota

A día de hoy, la comunidad continúa inmersa en una lucha jurídica como pueblo originario con ocho amparos en materia de derechos humanos e indígenas a su favor, cuatro de los cuales con suspensión definitiva del proyecto carretero. Además, la comunidad ha emprendido un proceso de diálogo para examinar cómo podría desarrollarse el proyecto, que no solamente afecta a Xochicuautla, sino también a comunidades como Santa Cruz Ayotuzco y San Lorenzo Huitzizilapan, afectando lo menos posible al ecosistema y a las dinámicas culturales de la región. Además, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron medidas cautelares, mientras que, de acuerdo a las quejas que la comunidad interpuso, la CNDH emitió en 2016 una recomendación que reconoce las violaciones cometidas contra sus derechos humanos y derechos indígenas, tal y como la comunidad documentó.

No somos una comunidad agraria, somos una comunidad indígena

Defensor incansable del bosque y vocero de la comunidad, José Luis Fernández cuenta que la primera estrategia del gobierno para llevar a cabo la construcción se implantó en 2008, cuando el gobierno estatal introdujo un padrón agrario de comuneros, considerando a la comunidad indígena como si fuese meramente una comunidad agraria. Carla Loyo, la abogada que ha acompañado la lucha legal desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explica que “si el estado de México reconocía que eran indígenas, sabía que sus obligaciones de protección se tenían que ampliar y si solo era un asunto agrario no”.

Cuando Antonio Reyes hizo saltar la alarma sobre dicho proyecto, la comunidad se reunió en asamblea comunitaria, forma de organización heredada de sus ancestros en la que todos los miembros de la comunidad participan de forma horizontal, siendo fieles a sus usos y costumbres indígenas. En dichas asambleas, la comunidad de Xochicuautla determinó que la autopista no podía pasar por su territorio ni por su Bosque Sagrado. Sin embargo, el gobierno estatal convocó varias asambleas agrarias a puertas cerradas, como la celebrada de forma ilegal el 14 de agosto de 2011, para dar el sí al paso de la carretera. Para ello crea el padrón de comuneros, de forma que de las 6500 personas que aproximadamente forman parte de la comunidad, tan solo 882 personas fueron designadas como comuneros; y de los cuales, solo el 12% votó ese día a favor del proyecto.

Con la presencia de más de 1200 policías antidisturbios que sitiaron la comunidad y el pago de 40.410 pesos mexicanos a cada persona que apoyase la construcción de la autopista, el miedo se extendió y el ramillete de personas a las que convencer se fue acotando cada vez más. El tejido social comenzó a resquebrajarse hasta crear una división entre los llamados ‘vende-pueblos’ y los ‘revoltosos’; pero además, las amenazas, el hostigamiento, la intimidación y la tala ilegítima de miles de árboles y el destrozo de los sembradíos no deja de repetirse.  

Según la abogada Loyo, en dicha asamblea agraria se encontró multitud de irregularidades en el quórum, en la orden del día y en las votaciones; y por ello fue anulada mediante un juicio de amparo. En palabras de José Luis, “nos hemos dado cuenta de que la ley agraria la han usado simplemente para legalizar los despojos en las comunidades indígenas, de mucha gente que vive aquí ancestralmente”. Tomar el camino de lo agrario y dejar atrás los derechos indígenas implica enterrar la identidad otomí de la comunidad, pero también violar las leyes mexicanas.

Si algo define jurídicamente a una comunidad indígena no es solo su lengua, su vestimenta u otros rasgos culturales, sino precisamente la conservación de sus propias instituciones políticas y sociales de acuerdo a sus usos y costumbres. Así lo tipifica la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, convenio ratificado en México en 1991, reconociendo el derecho colectivo a la autonomía, a conservar y enriquecer la cultura y a abastecerse de lo necesario para nutrir el propio desarrollo de las comunidades. Es por ello que el gobierno estatal, al imponer un padrón agrario, incumple un criterio fundamental para la defensa de los derechos indígenas de Xochicuautla: la conciencia de su identidad otomí, un pueblo ancestral con más de cinco mil años de arraigo a su territorio.

El amparo Divino Rostro

Xochicuautla guarda un legado cultural que concibe lo religioso, político y social como un todo interconectado que se manifiesta en su espacialidad. La tierra es territorio y el territorio es el corredor de su cultura. Quizá por eso, el señor Reyes pregunta en la que no es su lengua madre: “entonces, ¿cómo agradeces tú a la Madre Tierra los alimentos que te da…?”

“Creo que tardé dos años en entender la parte religiosa… la tienes que ir desentrañando con la relación casi individual que vas haciendo con cada una de las personas”, explica la abogada. Entre los cerros que coronan las distintas comunidades de Lerma, el municipio al que pertenece Xochicuautla, se dibujan diversas rutas sagradas otomíes que conectan los templos que conforman la imagen de Cristo: el Divino Rostro. Miembros con arraigo a su territorio, como Antonio Reyes, cuentan que si cortan el cerro, cortan las venas de agua, que son las venas del Divino Rostro, y entonces el bosque moriría. “Aquí nuestros antepasados iban a los lugares sagrados a ofrendar para agradecer lo que produce la Madre Tierra y de esa forma agradecer la vida”, contaba Alicia Bustamante esa mañana. Tras comprender dicha cosmovisión, la perenne lucha echó raíces jurídicas mediante el amparo ‘Divino Rostro’, un recurso integrador en defensa del derecho al uso ceremonial y la libertad de culto de un enclave cultural tan indivisible como el Divino Rostro, pero tan fácilmente trazable, sin embargo, para la contraparte de este conflicto, y es que Grupo Higa y el gobierno estatal sostienen que la autopista Toluca – Naucalpan es necesaria para paliar el colapso en la movilidad de las urbes del corazón de México.

Según Octavio Rosas, economista y miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), tras el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, México se ha convertido en una zona de tránsito, de tal forma que la autopista Toluca-Naucalpan es parte de un proyecto de circuitos carreteros nacional cuya finalidad es agilizar el tránsito de los transportes de carga para conectar Estados Unidos con las costas mexicanas. “Pero las carreteras siempre tienen otra función”, afirma el economista. En este caso, conectar la zona residencial de la población más pudiente de Huixquilucan con el aeropuerto de Toluca, el único que acepta vuelos privados de la ciudad. Es por ello que Alberto Solís, politólogo y director de la organización SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz A.C), sostiene que “el proyecto Toluca-Naucalpan es sencillamente un proceso de carretera que nunca debió haber existido”. Según Solís, satisface meramente a una minoría privilegiada, además de que ya existen dos conexiones viales entre la ciudad de Toluca y Ciudad de México.

Xochicuautla ha podido emprender esta lucha respaldándose en el derecho a la autonomía y al uso preferente de los recursos naturales que existen en su territorio. Sin embargo, su derecho al uso preferente guarda un candado jurídico en la norma suprema mexicana. El gobierno, al emprender un proyecto de obras carreteras que considera de necesidad pública, traslada a un segundo plano el valor ancestral del territorio, prevaleciendo ante la ley como ‘áreas estratégicas’ para el desarrollo nacional de México. Así ha sido considerado el territorio otomí y es por ello que, apoyándose en el artículo 27 de la Constitución, el gobierno estatal ha pasado a considerarse como propietario del bosque de Xochicuautla. Entonces, ¿cómo proteger y respetar jurídicamente una cosmovisión que no se comprende a pesar de que tu constitución te exija incorporar una perspectiva cultural adecuada?

 

Un crimen medioambiental contra la Ciudad de México

La construcción de la autopista no solo afectaría a 1.800.000 metros cuadrados de bosque en total y a los miles de árboles que ya se han talado, sino que dañaría una fuente de vida esencial para la comunidad otomí y para cualquier ser humano: el agua, un recurso en crisis a causa de la contaminación del 73% de los cuerpos de agua de la república según indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Durante los últimos sesenta años, el sistema hidráulico de Lerma y Cutzamala ha abastecido a comunidades como Xochicuautla, pero también a la Ciudad de México, que ha captado del municipio de Lerma el 30% del agua utilizada en la ciudad. Según Octavio Rosas, este sistema hidráulico ha comenzado a envejecer en utilidad y por tanto será sustituido por un nuevo acueducto que trasladará el agua desde la Sierra Norte del estado de Puebla, de donde se pretende extraer hasta 12 metros cúbicos por segundo. Ahora que los mantos acuíferos del bosque no proporcionarán más beneficios, deja de ser considerada área natural protegida para ser área estratégica y la inversión se encarrila hacia otros recursos. “¿El agua que generan nuestros árboles hacia dónde va a ir? Eso nos preocupa mucho porque nosotros bebemos del agua que esos árboles captan”, se pregunta Alicia Bustamante.

A 30 kilómetros de Xochicuautla, la capital de Estado de México se vislumbra al caer el sol en miles de luces difusas entre las que el smog, o presencia de partículas contaminantes en el aire, llega a cifras alarmantes. El año 2017 arrancó con ‘mala calidad del aire’, superior a 100 puntos del Índice Metropolitano de Calidad de Aire (Imeca) de partículas contaminantes; mientras que la contingencia ambiental y el plan Hoy no Circula se han convertido en el panorama habitual en el Valle de México. “Este proyecto es un golpe directo al corazón de la supervivencia ecológica de dos zonas metropolitanas más urbanizadas del país. En esto consiste el crimen”, dice Octavio Rosas. A pesar de que SAASCAEM, el organismo público que otorga las licencias de obras carreteras, ha publicado en su web que la autopista presenta un informe ambiental 100% favorable, el ingeniero Nolasco, presente en las mesas técnicas que se dan entre las partes de este conflicto para buscar un trazo alternativo que no dañe el patrimonio de Xochicuautla, asegura que no hicieron un estudio de impacto ambiental ni social como obliga la ley. “No tomaron consideraciones de diseño de mayor vanguardia”, afirma con ironía; ya que el nombre de la empresa filial de Grupo Higa encargada del proyecto se llama Autovan: Autopistas de vanguardia. “Nos enseñan cómo hacerlo de la forma más barata posible (…) Son decisiones de ingenieros de números que no tienen relación con los grupos sociales, con las comunidades, ni los problemas y desafíos que tiene el país. Así están actuando”, explica Nolasco. Pero el problema no es que violen la ley, sino que violen los derechos humanos cumpliendo la ley, como apunta el economista Rosas.

“Derribaron el castillo de la digna resistencia, pero su rey sigue en pie”

En el mediodía de su lucha, la comunidad creía haber encontrado una flor en el desierto cuando en 2011 se reforma la Constitución, colocando al Convenio 169 de la OIT y los Derechos de los Pueblos indígenas a la par que la Constitución, y por tanto, el deber de consulta y de respetar el derecho a la autonomía es vinculante. Sin embargo, en julio de 2015 el presidente Peña Nieto emite un decreto con el que expropia aproximadamente 38 hectáreas que corresponden al bosque de Xochicuautla. La noticia sacudió a la comunidad y los amparos pronto ganaron suspensión definitiva de la construcción a la espera de resolverse el contra-decreto.

Algunos miembros de la comunidad se encerraron dentro de la capilla sagrada, utilizando su presencia física como único escudo para evitar su derrumbe

Aún así, en abril de 2016 la maquinaria irrumpió en la comunidad junto con cientos de policías antidisturbios y derriban el castillo, un espacio emblemático de la resistencia al proyecto carretero  y la casa del entonces delegado del municipio Armando García y su familia, situada en medio del trazo del proyecto de cuota. A un costado del castillo derrumbado, la maquinaria quiso adentrarse en uno de los puntos sagrados para venerar al Divino Rostro, sin embargo, algunos miembros de la comunidad se encerraron dentro de la capilla sagrada, utilizando su presencia física como único escudo para evitar su derrumbe. El lugar sagrado no corrió la misma suerte que el castillo derrumbado y, semanas más tarde, la comunidad celebró una peregrinación hacia su bosque para agradecer que su templo siga en pie y para pedir fuerza por el derrumbe de la familia García. Los defensores del bosque sagrado se unieron en solidaridad y construyeron un segundo campamento de resistencia frente a los escombros, ya que un año antes las excavadoras echaron abajo el primero campamento; una forma de decir, una vez más, que el arraigo a su territorio no comprende sumas de dinero. “El castillo lo derribaron, pero su rey, su reina y sus príncipes siguen en pie”, presume Armando García, el rey del castillo. En pie de lucha, como suelen decir los integrantes del grupo de resistencia.

“Tenemos armas y tenemos la razón”

Ya en dos ocasiones se ha detenido a un total de 22 personas de la comunidad por oponerse al derribo de árboles y la construcción de la autopista. Francisca Reyes, una de las detenidas en el conflicto desatado en 2014 por la entrada ilegal de la maquinaria en las tierras otomíes, cuenta que su experiencia le ha enseñado a no responder de la misma forma, y “a ser más inteligente que nuestro sistema represor”, afirma serena pero firme. Fue justamente su naturaleza indígena la que dio libertad inmediata a Francisca y al resto de los detenidos en Xochicuautla.

“Las comunidades otomíes son particularmente no violentas… es increíble el nivel de paciencia y disciplina que tienen en este sentido. Yo estoy impresionado”, explica Alberto Solís casi sin encontrar las palabras. Ha habido represión, detenidos, bombas de dinero, pero en diez años no han logrado construir la autopista de forma impositiva. A día de hoy, 38 personas de la comunidad, 22 en alto riesgo, forman parte del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al que acuden en momentos de crisis. “Pero no creas… es precario el auxilio”, lamenta el vocero; empezando por el hecho de que el cuerpo policial que se pretendía que salvaguardara la tranquilidad en la comunidad es el mismo que ha protagonizado el hostigamiento y la represión como estrategia gubernamental. “Nos preocupa que empiecen a pavimentar, pero nos preocupa más que lo hagan de una forma impositiva, sin permisos, como el gobierno ha estado acostumbrando a hacer”, explica el vocero.

Un desarrollo de rostro indígena

Los responsables de esta asociación púbico-privada argumentan que se trata de ofrecer progreso, disminución de tiempo y el propio beneficio de la comunidad cuando, según la abogada, ni siquiera van a usar carretera. “Y el punto es que no se trata de mejorar la movilidad, sino de crear negocio”, añade. Quizá un juicio avalado por Panama Paper, al poner al descubierto las cinco cuentas que el ‘contratista favorito’ de Peña Nieto, como es popularmente conocido el director de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, ha atesorado en paraísos fiscales.

Más allá de la victoria o el fracaso, la comunidad está tratando de crear las condiciones necesarias para que el conflicto pueda resolverse de la forma más pacífica y legal posible. Por ello, y con la ayuda de un equipo técnico multidisciplinar, en mayo de 2017 la comunidad presentó una propuesta alternativa que plantea que se construya la autopista en el mismo trazo carretero, pero añadiendo puentes y falsos túneles, infraestructura que garantizaría la relación cultural de la comunidad con el bosque y la posesión territorial del mismo. Según Alberto Solís, Xochicuautla se ha convertido en una lucha emblemática. No solo por su capacidad de actuar pacíficamente, sino también por su búsqueda tenaz de alternativas: “la comunidad quiere mostrar una postura de diálogo y la posibilidad de construir un acuerdo digno, un acuerdo que vaya acorde al derecho de las comunidades”. En un principio, la empresa argumentó que dicha infraestructura supone un aumento no asumible de los costo; por lo que la comunidad continúa estudiando las posibilidades de modificar esta propuesta inicial de forma que se continúe respetando el acceso al bosque y el daño ecológico, social y cultural se reduzca al máximo.

‘¡Xochicuautla no se va porque tiene dignidad!’ es la insignia que su lucha, el mensaje que hacen llegar allá por las cientos de manifestaciones, encuentro y foros celebrados dentro y fuera del país. “Hemos insistido mucho porque esto pasa en distintas partes del país. Nos hemos articulado con otras organizaciones y comunidades porque lo que pasa en Xochicuautla es un espejo de todas las comunidades”, asegura José Luis Fernández. Como diría Octavio Rosas, esa es la importancia que tiene la lucha de Xochicuautla, una lucha material del país. “Y el hecho de que la sociedad mexicana no lo vea, es grave”, comenta el economista. Ya no se trata solo del reclamo de regímenes de autonomía y de la aplicación de una perspectiva cultural adecuada, sino de participar activamente en la vida nacional. Se trata de la lucha por un desarrollo de rostro indígena como también se defiende desde el CNI y el EZLN.

La comunidad de los árboles floridos

Al fin y al cabo, la comunidad que defiende su territorio, defiende la conservación del derecho a existir, a coexistir sin que construyan sobre sus derechos humanos y su cultura. Armando, el dueño del castillo lo ve claro: “este proyecto lleva diez años, si no tuviéramos la razón ya hubiera pasado. Pero hay algo que lo ha detenido… y es por eso, porque las leyes nos dicen que tenemos la razón”.

Lenta, muy lentamente, parece que la pacífica lucha que han cosechado juntos va a florecer. Así esperan que ocurra, así lo piden a la Madre Tierra. Por alguna razón Xochicuautla significa ‘lugar de árboles floridos’ en su lengua madre. Quizá más de uno se pregunte: ¿de verdad merece la pena seguir dándose de bruces contra un gobierno que no les comprende? A lo que me han contestado:

“es que son otomíes”.