Este es el nuevo Fiscal de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión

Una semana después de que una delegación de la Comisión para la Protección de Periodistas (CPJ por sus iniciales en inglés), con sede en Nueva York, se reuniera en la Ciudad de México con el presidente Enrique Peña Nieto y altos funcionarios del gobierno, se da el anuncio del nuevo Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Su nombre es Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Northwestern en Chicago, Estados Unidos. Anteriormente se desempeñó como director general de Atención y Seguimiento de Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), director general Adjunto en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y asesor en materia de medios de comunicación en la misma institución. En un comunicado la procuraduría apuntó que el nuevo fiscal cuenta con experiencia en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia.

Sánchez entra en reemplazo de Ricardo Nájera, quien no ha mostrado resultados y ha dejado los crímenes cometidos en su gestión en la impunidad, aspectos que fueron resaltados como una preocupación por la CPJ en su visita.

En cuanto a la experiencia de Sánchez en la procuración de justicia, según las autoridades, ha sido responsable de la investigación y persecución de delitos relacionados con graves violaciones a derechos humanos, por lo que conoce a profundidad la situación actual de los riesgos relacionados con el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

De igual manera se anunció que a partir de este nombramiento, se reorganizará el equipo de trabajo de la Fiscalía y se revisará cada uno de los casos que actualmente se investigan, también se mantendrá un contacto permanente con todas las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, propiciando un diálogo permanente y transparente con la sociedad y reforzará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

La CPJ ha registrado los asesinatos de, al menos, 40 periodistas en México desde 1992 por motivos relacionados directamente con su trabajo, y otros 50 bajo circunstancias aún no esclarecidas.