Miles de familias en México se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia en los últimos años. Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) son, al menos, 310.527 personas que desde 2009 tuvieron que desplazarse de manera interna. Tan sólo en 2016 se registraron 29 eventos que involucraron 23,169 personas, en 12 entidades del país. La mayoría de estas personas tuvieron que huir para salvaguardar su vida.

Aunque la violencia ejercida por el crimen organizado o las fuerzas armadas es el principal motivo del desplazamiento, conflictos territoriales, religiosos o políticos también figuran como causas que lo provocan.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el desplazamiento forzado como aquellas “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su  hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

Aunque las víctimas de desplazamiento son diversas, el sector indígena es, en general, el más afectado. En los últimos ocho años se registraron siete eventos que involucran población originaria.

Michoacán es el estado que más ha expulsado población a causa de la violencia, se han registrado por lo menos 10,00 personas desplazadas. Le siguen Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.

Brenda Pérez, coordinadora del Área del Desplazamiento Interno de la CMDPDH explicó a Tercera Vía que, a pesar de lo alarmante de las cifras, es difícil establecer un número exacto, el cual rebasaría las cifras que han podido establecer a través de monitoreo de medios nacionales,  locales y trabajo de campo.

Tres eventos de desplazamiento resaltan entre las cifras, el primero en Jalisco dónde un conflicto religioso causó el desplazamiento de 30 personas. Después se encuentra Zacatecas, en donde actividad extractiva desplazó a 67 personas. Por último también destacamos el caso de Oaxaca, estado que registró dos eventos de desplazamiento interno masivo que impactaron a 850 personas. Ambos desplazamientos se presentaron como consecuencia de violaciones de los derechos humanos cometidas hacia la población. Uno de ellos fue derivado de un  conflicto agrario y post-electoral que involucró la participación de autoridades y policías municipales, el otro fue Nochixtlán.

Nochixlán, Oaxaca

Es uno de los desplazamientos en los que es más evidente la participación de policías federales y estatales en la violación de derechos humanos. La intervención de las autoridades que incluyó detenciones arbitrarias y ataques armados a la población provocó el desplazamiento de 50 indígenas mixtecos.

Víctimas desprotegidas

A pesar del gran problema y la vulnerabilidad de las víctimas, el desplazamiento forzado carece de reconocimiento gubernamental y de políticas públicas de prevención y de atención integral y soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento interno en México. Aunque es reconocido, de manera vaga en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la comisión considera que no ha sido suficiente para proteger y prevenir más víctimas.

Para conocer el informe completo de la Comisión puedes dar click aquí.