¿Por qué rechazan las ONG la Ley de Seguridad Interior?

En octubre de 2016, diputados priístas presentaron la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que por ahora se encuentra en espera de entrar a comisiones en el congreso para que eventuamente pueda ser dictaminada.

Dicha iniciativa ha generado una gran polémica entre organizaciones civiles, las cuales han alertado sobre los posibles peligros que esta podría traer si se aprueba sin una amplia consulta y revisión pública.

¿Pero cuáles son estos riesgos sobre los que alertan las organizaciones?

1. La Ley de Seguridad Interior busca normalizar la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y representa una afrenta a las recomendaciones que organismos internacionales han dado a México.
2. Porque en los últimos 10 años se ha demostrado que el despliegue militar ha sido riesgoso para la población y poco efectivo para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico.
3. Porque la iniciativa otorgaría al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y a cualquier fuerza de seguridad pública federal, la posibilidad realizar labores de vigilancia por “cualquier método de recolección de información”.
4. Porque existe evidencia de “graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares.
5. Porque desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos, pues permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste.
6. Porque al legalizar el uso de las fuerzas armadas, especialmente militares, en tareas de seguridad pública, se reduce y desincentiva el fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiales, que constitucionalmente debieran asumir dichas tareas.

Entre las organizaciones que han alertado sobre estos puntos se encuentran: Amnistía Internacional, Fundar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd) y los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, así como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su ombudsman, Luis Raúl González Pérez ha declarado que sería deseable aplazar el inicio de la discusión en el congreso. Dicha solicitud responde a que debe de haber una amplia discusión sobre el tema, además de resaltar que las Fuerzas Armadas no están preparadas para realizar actividades en materia de seguridad pública.