Este martes 25 la Presidencia de la República publicó a través de un comunicado de prensa que la actual Procuradora General de la República, Arely Gómez, dejaría el cargo para convertirse en la Secretaria de la Función Pública y que a su vez, Raúl Cervantes Andrade pasaría a ser el nuevo Procurador General de la República.

Esta decisión tenía que ser ratificada por el Senado, que ni tardo ni perezoso, terminó aplaudiendo la nueva designación apenas un día después.

Este anunció generó fuertes críticas de parte de Organizaciones No Gubernamentales y defensoras de derechos humanos como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Artículo 19  y muchas más. La sociedad civil ve en esta decisión graves fallas en el proceso de designación, evaluación, ratificación y de su posible desempeño.

¿La razón?

• En el caso del nuevo Procurador, el Senado no evaluó al candidato: Raúl Cervantes. Es obligación de este asegurarse que el designado por el Presidente cumpla con todos los requisitos y de ser necesario rechazar la propuesta si no cumple con los requisitos. Sin embargo en menos de hora y media.

Las organizaciones temen que esta decisión sea el preámbulo a lo que será la nueva Fiscalía General de la Nación, pues en la nueva reforma se establece que quien sea Procurador pasará a ser Fiscal de esta institución durante 9 años. A su vez todo el personal de la procuraduría tendrá pase directo a la nueva institución. Sí, ese mismo personal acusado de graves violaciones a derechos humanos y con pocos resultados en la investigación de sus casos. En resumen, el actual gobierno está blindandose ante el próximo cambio de gobierno, al puro estilo Duarte.

¿Qué temen las Organizaciones?

En teoría la nueva Fiscalía es un ente autónomo, pero las organizaciones se preguntan ¿qué tan autónoma puede ser si quien la dirige es una persona tan cercana al actual presidente y con un trabajo tan vinculado a cierto partido político (PRI)?.

Y las preguntas que quedan al final son ¿alguien sabe bajo qué parametros el presidente eligió a Raúl Cervantes?. Deberíamos de saberlo, pues un cargo tan importante no debería de ser designado por un pequeño grupo de poder en un acto de simulación. Estas mismas organizaciones llevan un largo tiempo discutiendo en el senado los procedimientos necesarios para la designación de cargos públicos de alto grado de responsabilidad y que deberían ser sinónimo de contrapeso frente a otros poderes.

No es demasiado tarde…

Aunque la reforma constitucional en materia político electoral,  en la que se incluye la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República, fue publicada desde 2014, la legislación secundaria para la fiscalía y las normas para hacer operativo este cambio aún no entran en vigor (ni han sido expedidas). Así que aún hay una pequeña, pero clara oportunidad para que el Senado haga lo correcto.