PGJDF tendrá que indemnizar por encarcelar a víctimas de violencia sexual

Clara Tapia y Yakiri Rubí Rubio son una muestra de la violencia del sistema de justicia en nuestro país. Ambas fueron víctimas de violencia y abuso sexual, cuando quisieron denunciar a sus agresores se enfrentaron a autoridades incompetentes que terminaron por convertirlas de víctimas a acusadas.

En 2011 Clara fue a denunciar el secuestro y la violación de sus dos hijas, así como el maltrato infantil que sufría su hijo por parte de quien en ese momento era su pareja, sin embargo, la autoridad en lugar de investigar lo denunciado, decidió acusarla a ella por corrupción de menores argumentando que no había cumplido con su “rol de madre”. Clara fue encarcelada y permaneció en prisión más de 3 años. Perdió su casa, su trabajo y sufrió de secuelas psicológicas graves.

Yakiri, por su parte, denunció ante las autoridades capitalinas que había sido violentada sexualmente y que al defenderse de uno de sus agresores lo había lesionado en el cuello, sin embargo, ella terminó siendo acusada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el delito de homicidio ya que uno de sus agresores había fallecido por las lesiones que ella en su defensa, le había propinado. Yakiri pasó 3 meses en la cárcel, durante los cuales su imagen fue estigmatizada y descalificada públicamente, provocándole también una afectación psicológica.

El 6 de Julio pasado la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió la recomendación 6/2016 por los casos de  Yakiri Rubí Rubio y Clara Tapía Herrera, reconociendo que ambas habían sido víctimas de violencia hacia las mujeres y de violencia Institucional por parte de las autoridades de esta Ciudad, determinando que en sus casos se habían violado los derechos a una vida libre de violencia con perspectiva de género, al debido proceso y a la debida diligencia con perspectiva de género, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a su integridad personal.

La recomendación ya fue aceptada por la PGJDF autoridades, ahora viene el siguiente proceso que es darle seguimiento para que la autoridad cumpla íntegramente con la reparación del daño, lo que implicaría que:

1. Que se indemnice de manera integral a las víctimas, por concepto de daño material e inmaterial.
2. Realizar un acto público donde se reconozca la responsabilidad de los actos cometidos en contra de las víctimas.
3. Garantizar el acceso a la justicia y que no se sigan vulnerando sus derechos.
4. Investigación adecuada y en su caso sanción a los servidores públicos responsables.

Esta acción fue apoyada por casi 46 mil personas a través de la plataforma de Change.org (forma parte de la campaña #NoTeCalles), quienes entregaron las firmas a la PGJDF, al Tribunal Superior de Justicia del DF y al Consejo de la Judicatura para que aceptaran la recomendación y se comprometieran de esta manera a cumplir con lo estipulado por la Comisión.