ONGs piden a gobierno estadounidense cancelar recursos para México por no cumplir con estándares de DH

Mientras el presidente mexicano se encuentra en una gira de trabajo en Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras enviaron una carta al gobierno estadounidense para pedirle que cancele parte de los recursos de la Iniciativa Mérida ante las constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de castigo a los cuerpos de seguridad que cometen este tipo de delitos.

El documento se encuentra formado por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Latin America Working Group (LAWG); y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

En el texto dirigido a John Kerry, Secretario de Estado de EU; Anthony Blinken, Sub Secretario de Estado; Sarah Sewall Subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos; Mari Carmen Aponte, Secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica; Tom Malinowski, Subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Democracia; William Brownfield, Secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Cumplimiento de la Ley Roberta Jacobson, Embajadora de EU en México; las organizaciones destacaron que el año pasado, por primera vez, el Departamento de Estado decidió no certificar a México en esta materia.

De acuerdo con las organizaciones, si bien México ha aprobado muchas leyes y protocolos, a menudo no se aplican en la práctica y las autoridades no han demostrado la voluntad de cambiar prácticas arraigadas, ni de hacer que los perpetradores de delitos rindan cuentas. Por lo cual aseguran que el país no cumple con los requisitos de derechos humanos establecidos en  la Iniciativa Mérida.

Por ejemplo, en los cuatros casos en los que la Corte Interamericana ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún soldado ha sido condenado por las violaciones a derechos humanos que cometieron. Casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, y el caso Tlatlaya son un ejemplo de ello. Las organizaciones acusan a los funcionarios del gobierno de obstruir las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas, y manipulado pruebas.