La necesidad de la Reforma Educativa

México tiene una de las estructuras educativas más grandes del mundo, los recursos del erario que se destinan al sector son cuantiosos, prácticamente el 27 por ciento del gasto programable. No se necesita argumentar demasiado para constatar que los servicios educativos constituyen una grave responsabilidad pública porque de la educación depende el futuro de millones de niñas, niños y jóvenes. En México el Gasto Nacional en Educación (GNE) en 2011 ascendió a 952 mil 414 millones de pesos, equivalente a 6.64 puntos porcentuales del PIB de ese año, en esa cifra, la participación pública representó 78.9%. En el año 2015 el Gobierno Federal propuso en el paquete económico destinar 699 mil 13 millones de pesos para el gasto educativo, lo que supuso un aumento de 4.7 por ciento con respecto a 2014.

La educación es fuente de movilidad social, generadora de expectativas, principio de todo desarrollo posible para la nación y significa la posibilidad de construir una mejor ciudadanía en democracia desde una visión integral tal y como lo establece nuestra Constitución. En México tuvo que haber una revolución social armada para que la educación se consagrara como un derecho para cada persona. Antes de la Constitución de 1917, la educación era para unos pocos, era impensable destinar maestros y aulas para los sectores sin recursos económicos, y privaba en nuestro país el privilegio en el acceso a casi cualquier forma de cultura. Por ello, debieron realizarse múltiples campañas durante décadas para disponer de los maestros, escuelas, libros y autoridades educativas necesarios para acercar la educación a una población creciente en lo demográfico con necesidades derivadas del propio proceso de desarrollo económico, social y cultural.

La educación pública es para nuestro país uno de los mayores logros sociales del Siglo XX, sin embargo, enfrenta desafíos que es necesario reconocer y asumir como gobierno y sociedad para que la niñez y la juventud tengan cada vez una mejor educación, espacios físicos e infraestructura, de ahí la importancia que tiene la reforma constitucional del año 2012 que incluyó sustantivamente el papel de los maestros en este proceso, lo cual se tradujo en establecer el servicio profesional docente en la Constitución; con ello cada maestra y maestro habrá de capacitarse, evaluarse y formarse mismo caso de directores y supervisores de las instalaciones.

La reforma constitucional la aprobó la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y después el Senado 21 de diciembre de ese año; para el mes de febrero 2013 se declaró constitucional por el Legislativo Federal y el 26 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Una de las innovaciones que estableció la reforma consiste en la creación del “Sistema Nacional de Evaluación Educativa” eje para conocer cómo estamos en el nivel de la enseñanza aprendizaje. Si se piensa que de los 699 mil 13 millones de pesos, que el Gobierno Federal propuso al Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal del año 2015, más del ochenta por ciento se destinan al pago de sueldos en la educación, se traza una dimensión por demás significativa. Este sistema de evaluación se conjunta con una reforma previa que estableció la obligación de someter a concurso cada plaza para nuevos maestros dejando atrás una era ominosa de plazas en venta y heredadas que poco o nada consideraba el interés superior de la infancia.

La reforma previó realizar un censo para conocer a ciencia cierta datos sustantivos para toda política pública como son número de escuelas, maestros y alumnos para dar paso al “Sistema de información y gestión educativa”, el Gobierno Federal debió reconocer que esta información estaba dispersa y en otra casos era inexistente, lo cual obedeció a que el Estado mexicano perdió en parte la rectoría del proceso educativo nacional o por lo menos llegó a compartirlo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y con algunas de sus expresiones más polémicas como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La historia de esta crisis obedece al propio proceso de institucionalización del Estado mexicano, al poder creciente del sindicato más grande de América Latina, a las condiciones de marginación en que viven millones de niñas y niños, y en evidencia a la relación entre elecciones y sindicato educativo, lo cual comenzó a generar distorsiones que terminaron por impactar la calidad de la educación en diversas entidades del país, y en lo general en todo el territorio nacional, no necesariamente por las capacidades de maestros y maestros sino por la subordinación de las tareas educativas a otros objetivos a veces públicos a veces políticos y otras más, llanamente de grupo.

Es cierto que la construcción de lo educativo en México llevó en su fase inicial e intermedia a construir una visión en que el maestro debió acompañar al obrero y al campesino en la lucha por sus derechos. A las tareas educativas se integraron las luchas por el reparto agrario, la construcción de escuelas, los movimientos y demandas sindicales, así como la organización social para concretar las reformas derivadas de la constitución de 1917 a partir de la década de los años treinta. La lucha social de los maestros al lado de ejidatarios, comunidades agrarias, cooperativas y sindicatos, constituyó una fuente de organización social sin la cual sería impensable el México posrevolucionario.

Sin embargo, el proceso democrático implicó nuevas coordenadas para la acción educativa, donde no cabía ni cabe el sostenimiento de un sindicato en varias de sus vetas eminentemente político antes que educativo, de ahí la necesidad de avanzar en un proceso de cambio, transformación o si se quiere de modernización que lleva por lo menos tres momentos de envergadura desde la década de los años ochenta del Siglo XX y que a la fecha permanece inacabado. Y no es que un sindicato debiera permanecer ajeno a las realidades que conoce desde su propia organización, ni distante de las necesidades de quienes como en este caso, acuden a las aulas, ni mucho menos pensar en un sindicato acéfalo o carente de visión social, cuando la educación pública por definición expresa una gesta social.

Lo que se discute aquí es que la educación debe ser la primer tarea de cualquier sindicato o corriente sindical abocados al sector, que el interés superior de la infancia debe estar en el centro de las decisiones, y que la rectoría del proceso educativo nacional le corresponde a las instituciones del Estado mexicano con la mayor participación posible de la sociedad civil. La reforma educativa avanza en medio de presiones políticas, sociales, sindicales y financieras, pero es necesaria para que la calidad sea el criterio que impere en las aulas.

El Gobierno en su conjunto tiene múltiples responsabilidades y trabajo por realizar para asegurar que, cada escuela y cada aula, garanticen a las niñas y los niños así como a las y los jóvenes una educación clara, precisa, previsible, abierta, y sujeta evaluación para que su futuro sea promisorio. Un gasto expansivo en el sector es una tarea que deberá analizarse en medio de la estrechez de las finanzas públicas, y será necesario ponderar lo que hacemos en educación con respecto a los países, en especial de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo (OCDE) donde tenemos el último lugar en la materia. Mucho habrá que hacer, es impostergable el giro en la acción política de los involucrados en el mundo educativo para transitar hacia metodologías de acuerdo, análisis y solución de las problemáticas presentes.

En evidencia no se trata sólo de gastar más sino de gastar bien y en lo que se necesita. Las maestras y maestros necesitan de todo nuestro apoyo, es desde su compromiso como se ha generado una nación distinta, y desde su vocación será posible realizar las tareas pendientes. El proceso de reformas deberá avanzar con el Sindicato y sus corrientes, con la ciudadanía y con todos los involucrados, porque se trata de hacer las cosas de otra manera, la educación nacional necesita la propia organización magisterial, la suma de capacidades y recursos públicos, sociales y privados, del talento de las maestras y maestros en las más diversas esferas del saber, y sobre todo requiere poner en el centro de cada decisión a sus depositarios.