Exigen a IFT retire campaña que criminaliza radios comunitarias
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha difundido desde el 23 de marzo, a través de distintos medios de comunicación, spots de su campaña “SE BUSCA POR ROBO”. Junto con una herramienta electrónica, disponible en su página web, el Instituto busca que la ciudadanía colabore para identificar y denunciar la operación de estaciones de radio sin concesión.
Diversas organizaciones, académicos, periodistas y radios comunitarias han denunciado que dicha campaña, contiene información falsa que alienta violaciones a los derechos humanos como las que han sido practicadas por autoridades locales que han allanado medios de comunicación que les son incómodos.
Hace menos de un mes, se reportó el desmantelamiento de cuatro radios en Oaxaca, Dichas acciones, se alerta en el comunicado, atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión e información de la ciudadanía, especialmente de los sectores que impulsan la comunicación comunitaria e indígena.
Los proyectos de radiodifusión comunitaria son, en su mayoría, estaciones de corto alcance, sin fines de lucro y que responden a necesidades informativas y comunicativas de pequeñas comunidades. Muchas veces, estas radios transmiten en lenguas originarias, específicamente para la población no hispano hablante
En el texto, las organizaciones resaltan que si bien la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en su Art. 298 establece que la prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización constituye una infracción, no existe tipo penal alguno aplicable a esta conducta y mucho menos equiparable al robo. En ningún caso pueden secuestrarse bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento de delito.
Los firmantes del comunicado cuestionan la aplicación de los Artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales que han sido utilizados para tratar de inculpar a comunicadores comunitarios alegando que el uso de espectro sin concesión cae en el supuesto tipificado por dichos artículos. En tanto este argumento podría aplicarse a cualquier persona que usa una red Wi Fi o bien, enviar a la cárcel a comunidades enteras que han decidido instalar una emisora de radiodifusión.
A su ves recuerdan lo publicado pora Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión:
“La Relatoría reitera la obligación de las emisoras comunitarias de operar de acuerdo a las leyes, pero insiste que estas leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales y no mediante el empleo del derecho penal.”
Es por esto que se insiste en que la publicidad del organismo en materia de radiodifusión ha tendido a criminalizar y perseguir a medios que no cuentan con concesión, aunada a una inexistente promoción de los derechos de las audiencias en este rubro, por lo que los firmantes exigen se retire de manera inmediata dicha campaña.
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