Granaderos irrumpen en Xochicuautla, derriban propiedad ilegalmente

Xochicuautla es una comunidad Otomí ubicada en el Municipio de Lerma en el Estado de México que desde hace varios años se encuentra en defensa de su territorio.

En 2014, a través de un decreto presidencial de Enrique Peña Nieto, les fueron expropiadas casi 40 hectáreas para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan concesionada a la empresa Teya, parte de Grupo Higa. Dicho proyecto había sido impulsado desde 2006 por el mismo Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México.

La comunidad ha interpuesto varios recursos legales por la posesión del territorio y sus bosques. En febrero pasado el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota. Dicho amparo otorgó a los habitantes de Xochicuautla la posesión legal del territorio expropiado, por lo que ni la empresa ni las autoridades del Estado pueden continuar con las obras de construcción. En total, son tres los amparos que respaldan a la comunidad en contra del proyecto.

El día de hoy habitantes de la comunidad han denunciado el arribo de seis camiones de granaderos y varias patrullas de la Policía Estatal del Estado de México. Granaderos irrumpieron ilegalmente en Xochicuautla, se reporta una mujer de la tercera edad herida en el desalojo del “castillo”, propiedad –que fue destruida–del Dr. Armando García Salazar, quien fue el primer delegado indígena Otomí y es parte del consejo Otomí.

Janeth Ramirez Vargas, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, ha dicho a Tercera Vía que hasta el momento el mecanismo de protección a periodistas, al que pertenece el Dr. Armando no se ha activado.

Por el momento, brigadas de pobladores se encuentran en la búsqueda de documentación importante entre los restos de la propiedad que fue destruida sin orden previa, ni documentación de por medio. Filas de policía aún resguardan la zona.

Los pobladores, responsabilizan a Ángel Valdez Ramírez, representante de bienes comunales de la comunidad y al gobernador Eruviel Ávila por los actos cometidos y el hostigamiento en contra de la comunidad.