Una reforma administrativa en tiempos de crisis

Nuevo León es una de las entidades federativas más relevantes en materia económica en nuestro país, su vocación emprendedora, la dinámica de las inversiones, una cultura laboral fincada en el esfuerzo, y una formación educativa sólida vinculada a las áreas productivas son algunas de las notas relevantes que caracterizan su vida cotidiana; sin embargo, y por razones diversas que hoy señala el gobierno del estado, sabemos que las finanzas del estado mantienen a su interior una deuda pública cercana a los 100 mil millones de pesos.

Sin duda, el peso de esta deuda y la serie de condicionantes económicas negativas que genera son una de las causas de la inconformidad social que prevalece y que explica en parte la actual composición política y estructura de poder. En evidencia, también ocurre que el peso de la deuda es de tal envergadura que el sólo suponer que una forma de resolverla es pedir más dinero sería un despropósito, de modo tal que al gobierno el quedan tres caminos: ampliar las contribuciones sin subir los impuestos, negociar la deuda con la federación y reducir sus gastos.

En ese marco, recientemente en los medios de comunicación apareció la noticia que anunció a ocho columnas que el gobierno del estado eliminaría dependencias y despedirá a 700 empleados, como parte de las acciones para reestructurar el aparato administrativo; esta reducción generará ahorros anuales por hasta 500 millones de pesos, al suprimirse agencias de gobierno que, en ocasiones se dice, triplicaban una misma función.

Esto lo explicó el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón al presentar esta suerte de reforma administrativa. En la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que habría de aprobarse en el Congreso de Nuevo León, se precisa eliminar dependencias entre secretarías, subsecretarías y direcciones de más de 40 organismos del sector paraestatal; ante funcionarios de los tres órdenes de gobierno el Gobernador explicó que la liquidación de los 700 empleados (15% del total de del aparato administrativo) se llevará a cabo en apego a derecho, con base en una partida presupuestal de 300 millones de pesos.

El redimensionamiento, supone crear una Secretaría de Economía y Trabajo, que incluirá variados organismos que operaban independientes en ambas materias; la Secretaría de Obras Públicas pasará a ser de Infraestructura, y concentrará trabajos de construcción y edificaciones que hasta ahora gravitaban desde diferentes dependencias del gobierno; la Oficina Ejecutiva del Gobernador no será más, y las cuatro direcciones de Desarrollo Municipal se concentrarán en dos: una encargada de proyectos y otra de coordinación y enlace; la corporación para el Desarrollo Agropecuario habrá de transformarse en Secretaría; las cinco universidades que dependen del Estado se convertirán en una gran Universidad Politécnica con sus respectivos campus.

Como puede apreciarse se trata de una reforma para el desempeño futuro de las instituciones de Nuevo León, y en términos estrictamente económicos representa una medida para dar viabilidad financiera el trabajo que realiza el gobierno para la ciudadanía. Habrá que analizar a detalle la reforma para asegurar que el Gobierno pueda hacer lo que antes hacía con menos personal.

Un gobierno grande y obeso con evidentes necesidades sociales, con una deuda por demás onerosa, y con presiones diversas en materia de prestación de servicios, representa un problema mayor, como también lo es que el gobierno no tenga el personal necesario para funcionar, ambos extremos comprometen el desarrollo, por ello, el análisis habría de concentrarse en las aportaciones y funciones de la administración estatal al servicio público antes que en cifras o números de personas que trabajan para el sector.

Una vez que se definan los términos de esta reorganización administrativa y que se asegure que los servicios que el gobierno del estado de Nuevo León desarrolla en beneficio de la sociedad continúen sin generar costos al desarrollo público habrá que dar un puntual seguimiento a los resultados no solo financieros del tema sino a la calidad, oportunidad y eficacia de la gestión pública y de los servicios que se prestan, además habrá que pensar en las personas que se quedarán sin trabajo, y quizá en crear esquemas innovadores en que puedan prestar sus servicios en lo público y en lo privado en función de los conocimientos adquiridos.

Los funcionarios públicos tienen una razón de ser, formarlos y capacitarlos toma años, y representan un capital humano valioso para toda ciudadanía, porque en resumen representan una alta inversión de recursos; es importante que este despido no se traduzca en desvalorar el servicio público, estamos ante un tema en que se mezcla la eficiencia administrativa y la viabilidad financiera en un momento de alto endeudamiento público, sin embargo, también debe prevalecer una visión en que encontremos esquemas para las miles de familias que se quedarán sin ingresos y que como todos, tienen responsabilidades con los suyos.

Nuevo León es una sociedad en que se asigna un alto valor a tener un trabajo, perderlo de un día a otro no es sencillo para nadie, así que los 700 empleados que pronto estarán fuera de la nómina del gobierno, deben ser aquilatados en todo lo que valen y en lo que pueden aportar a la iniciativa privada o generar desde la propia sociedad civil. Y el gobierno por su parte, habría de ponderar qué servicios puede contratar que realmente necesite a través de asociaciones de profesionistas.

Simultáneamente llega la hora de negociar los términos de la deuda, no será fácil porque el dinero llegó al estado y en algo se gastó, así que se requerirá imaginación financiera, ánimo de concertación y en especial evitar paliativos que no den salidas estructurales al peso de la deuda. Nuevo León es un gran estado, se generan inversiones y empleos, tiene un potencial mayor al seno de la República y necesita de un gobierno que genere información estratégica, que provea seguridad y estabilidad, que aporte a la planeación del desarrollo y que preste servicios públicos de calidad. Lejos y fracturadas quedaron las ideas y prácticas que preconizaban el fin del Estado o las administraciones mínimas, hoy sabemos con mayor claridad que se necesitan estructuras sólidas de gobierno para generar desarrollo, para proteger a los más vulnerables, para dar servicios públicos a la ciudadanía, y para dar rumbo a las actividades de todos.