Ambientalista mexicano, herido en el asesinado de Berta Cáceres, es retenido por policía hondureña

Berta Cáceres tenía 45 años, era una defensora del medio ambiente amenazada en Honduras, uno de los países más peligrosos de América Latina para los ambientalistas. De origen Lenca, reconocida defensora del territorio y del medio ambiente, organizó a la mayor etnia indígena de Honduras para luchar en contra de la represa de agua Zarca, cuya construcción estaba prevista en un río sagrado para las comunidades.

El pasado 3 de marzo fue asesinada al interior de su domicilio. Con ella se encontraba el mexicano, Gustavo Castro Soto, coordinador de Otros Mundos Chiapas y miembro de otras agrupaciones ambientalistas.

Castro resultó herido de bala y se encontraba en el hospital. El día de hoy domingo por la mañana, al intentar abordar un avión que lo traería de regreso a México, fue interceptado por autoridades hondureñas en el puente migratorio del Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa.

La ONG de la que es coordinador, manifestó su preocupación, aseguran que la vida de Castro está en riesgo. La Embajadora y el Cónsul mexicanos tuvieron que resguardarlo en el carro oficial para llevarlo de regreso a la Embajada. Hasta el momento se sigue desconociendo su estatus o bajo qué fundamentos sigue retenido por las autoridades hondureñas y cuáles serán los procedimientos a seguir.

Un día antes de la retención de Gustavo, Berta fue sepultada en un multitudinario sepelio. Miles de personas marcharon en su memoria en medio de reclamos para que se esclarezca el crímen y se condene a los responsables.

Los cuatro hijos de Cáceres solicitaron que el crimen de su madre sea investigado por una comisión internacional. Afirmaron además que “los responsables (del crimen de Berta Cáceres) son los grupos empresariales con el gobierno y los alcaldes de esta zona”.

Las circunstancias de su muerte se dan en medio de la lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque por parte del pueblo Lenca. Por lo que piden que se esclarezcan las responsabilidades de la Empresa DESA que desarrolla el proyecto, así como de los organismos financieros internacionales que respaldan el proyecto: Banco Holandes FMO, Finn Fund, BCIE, Ficohsa, y las empresas comprometidas CASTOR y Grupo empresarial ATALA.

A su vez, responsabilizan al Estado hondureño de haber obstaculizado en gran medida la protección de Berta y haber propiciado la persecución, criminalización y asesinato. Al haber optado por proteger los intereses de la empresa por encima de las decisiones y mandatos de las comunidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había establecido medidas cautelares de protección para Cáceres, quien en múltiples ocasiones denunció amenazas en su contra y en contra de otros líderes de la comunidad.

Con información de Otros Mundos Chiapas, El Caraboneno, La Prensa (Honduras) y BBC.