ONU exige investigación por masacre en el penal de Topo Chico

Como resultado de una riña, según la versión que han manejado las autoridades, el miércoles 10 de febrero murieron 49 reos y 12 más resultaron heridos en el penal de Topo Chico en Nuevo León.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado ha declarado que aunque no evade su responsabilidad ante lo ocurrido, no puede arreglar en poco más de 100 días de gobierno todo lo que se hizo mal en las administraciones anteriores, y que no ha tenido los recursos necesarios para construir una nueva cárcel.

Según los datos aportados por las autoridades, en la cárcel había una sobrepoblación de 35%, además de que se encontraron 120 puntas artesanales, 60 martillos, 86 cuchillos, 28 pinzas mecánicas y palas.

Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, urgió al gobierno mexicano a realizar una investigación “imparcial y exhaustiva” a fin de definir las responsabilidades legales de los reclusos y autoridades penitenciarias que participaron en los hechos.

Enfatizó en la responsabilidad de las autoridades mexicanas de garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad, una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y  una atención médica de calidad a los heridos. pidió

A través de un comunicado, subrayó que la investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares. A su vez, respaldó la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atraer el caso e investigar los hechos y recordó que durante su visita oficial a Topo Chico en abril del año pasado pudo constatar que “la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal”.

En una inspección al penal se pudo constatar que algunas celdas estaban equipadas con sauna, aire acondicionado camas fuera de los lineamientos, televisiones, etc.. Estos “lujos” eran accesibles a una minoría, ya que el resto de los reos vivían hacinados durmiendo hasta en el suelo.

Los directivos del penal, que presuntamente protegían a reos que controlaban la cárcel, también están acusados de “tráfico de droga, cobro de piso y de conceder privilegios” a algunos reos.

Con información de CNN, Proceso, Animal Político y La Jornada.