Buscando justicia en México

Félix Llorente Gutiérrez, un ferroviario de 27 años, fue detenido el 28 de julio de 1936 y desapareció el 15 de agosto del mismo año en Medina del Campo, Valladolid, España, al ser trasladado a otra prisión, según lo reconocido por las mismas autoridades. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Este es uno de los casos de desaparición durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) que permanecen impunes y sin mayores avances en la investigación. Debido a esto, las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante esta época, que se encuentran con las puertas de la justicia cerradas en España, se ven forzadas a buscar la verdad, justicia y reparación en otros países.

Este es el caso de los familiares de Félix, que junto con Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos humanos (CMDPDH), presentaron una denuncia en México para que se inicie un proceso de investigación.

Las organizaciones entregaron  la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por la desaparición Llorente Gutiérrez. El motivo de esta es el delito de desaparición forzada en el contexto de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ya que a día de hoy, se desconoce la suerte o el paradero de Félix y no se ha realizado ninguna investigación por parte de las autoridades españolas para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la única investigación abierta en todo el mundo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo se está llevando a cabo en Argentina bajo la dirección de la jueza Servini de Cubría. La jueza argentina investiga la querella interpuesta por familiares de víctimas del franquismo en 2010 en virtud del principio de jurisdicción universal. En septiembre de 2013 la jueza ordenó, a fines de extradición, la detención de Jesús Muñecas Aguilar, y José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ex agentes de las fuerza de seguridad franquistas sospechosos de haber cometido torturas. En abril de 2014, la Audiencia Nacional rechazó la extradición a Argentina de estos presuntos torturadores por considerar, entre otros argumentos, que el delito había prescrito. Según Amnistía Internacional, esta interpretación es contraria al derecho internacional. España, al igual que todos los Estados, tiene la obligación de enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes de derechos internacional y de cooperar, en su caso, con la justicia de otros países en su identificación, detención, extradición y castigo.