¿Cuál es la situación de México en materia de salud para afrontar una posible legalización de la marihuana?

El fallo de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), ha abierto la puerta para terminar con la política prohibicionista de las drogas y cambiar hacia una perspectiva de salud y de derechos humanos para combatir este problema. Esto significaría que la lucha contra las drogas no la llevarían a cabo policías, drones y soldados sino médicos y enfermeras. Para que esto sea posible, sin embargo, no sólo basta que se permita el autoconsumo de drogas como la marihuana sino que el Estado garantice una infraestructura y acceso a la salud eficiente que sea capaz de afrontar los nuevos retos  de la sociedad mexicana.

De acuerdo con cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), más de 25 millones de personas en México no contaban con acceso alguno a un servicio de salud en 2012. Es decir, no se encontraban afiliados a ninguna institución médica ni contaban con los recursos de acudir a algún hospital privado. Además, las personas que se encuentran afiliadas a alguna institución médica, no siempre pueden acceder a los servicios de salud debido a su situación de pobreza, geográfica o a la mala infraestructura médica. Por ejemplo, el 2.9% de la población tiene que realizar un viaje de más de dos horas para poder llegar a su clínica de salud más cercana. Esta dificultad genera que el mismo 2.9% de la población no haya recibido alguna atención médica a pesar de haber tenido alguna enfermedad que le haya impedido realizar sus actividades cotidianas.

De acuerdo con el estudio “La salud en México: una perspectiva de derechos humanos”, realizado por la Universidad Iberoamericana, el gasto público a la salud ha venido disminuyendo desde 2007. A pesar de que el gasto en salud representa el 5.9% del PIB, sólo el 45.2% del gasto proviene del Estado, el resto sale del bolsillo del paciente. Ante estos datos, no es de extrañar de que las familias mexicanas gasten el 4.5% de sus ingresos familiares en asuntos de salud, un 50% más que el gasto promedio de los países de la OCDE (Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico).

Este rezago en acceso a la salud se manifiesta de manera distinta a través de todo el territorio nacional. Las entidades federativas con mayor número de personas sin acceso a la salud son Puebla, Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Morelos y el Distrito Federal. Todos estos estados concentran el 63% de la población sin acceso a servicios de salud.

En materia de infraestructura, más del 50% de los hospitales y equipo de tercer nivel del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), se encuentran en malas condiciones de acuerdo con  cifras de esta institución médica. Solo en el caso del Distrito Federal, los 31 hospitales de la ciudad no cuentan con la infraestructura necesaria para atender a más de 4 millones de pacientes al contar con hospitales con una antiguedad mayor a los  50 años.

Un gran paso hacia la legalización de la marihuana se ha dado en México. El fin de la guerra contra las drogas y su postura punitiva parece estar próxima a terminar. Sin embargo, si queremos cambiar de enfoque hacia uno que respete los derechos humanos y en la salud de las personas, necesitamos contar con las herramientas necesarias para afrontar los nuevos retos. En el caso de México, se necesitan grandes esfuerzos en materia de salud para mejorar la calidad de vida de las personas y poder combatir el consumo de drogas bajo un distinto enfoque . Se dio una gran batalla el día de ayer en la corte, sin embargo, no podemos cantar victoria aún. Falta mucho por hacer.