Desafíos colosales ante una crisis sin precedentes: los Derechos Humanos en México

Un especial de Tercera Vía
Ilustración original: Jonathan Gil
Fotografía original: Annick Donkers

La teoría establece que los Derechos Humanos son principios que buscan proteger a los individuos ante el poder del Estado. Son universales, inalienables, interdependientes, indivisibles, iguales y no discriminatorios. Los Derechos Humanos se centran en distintas áreas de la vida, como la política, la economía, la educación o la vivienda, para permitir el desarrollo integral de la vida de las personas.

A pesar de que en varios países se habían establecido derechos a favor de las personas, que los gobiernos tenían que respetar y proteger, no fue hasta 1948 que la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer lo que se conoce hoy como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La intención de este documento fue homogeneizar en todos los países principios básicos que todo gobierno debe seguir para la protección de las personas y así evitar excesos como los que habían ocurrido durante las guerras mundiales.

Los Derechos Humanos suelen considerarse en “tres generaciones”:

1. Derechos Primera Generación:

Son todos aquellos derechos relacionados con la vida civil y política de los individuos, y sirven fundamentalmente para proteger a las personas ante las acciones del Estado. Derechos como la libertad de expresión, de tránsito, asociación, participación en asuntos públicos, etc., se incluyen en esta categoría.

2. Derechos Segunda Generación

La protección del individuo ante el Estado no garantiza completamente el desarrollo pleno del individuo. A pesar del “blindaje jurídico” ante acciones arbitrarias del gobierno, si una persona carece de las condiciones materiales mínimas de existencia será complicado que pueda ejercer sus derechos. El acceso a la educación, a la vivienda, a un trabajo y suelo digno, etc., son condiciones materiales necesarias para la satisfacción de cualquier individuo.

Derechos Tercera Generación

Este tipo de derechos están vinculados con la comunidad y el entorno en el que viven las personas, así como por las necesidades humanas que pone sobre la mesa vivir el siglo XXI. El derecho a un medio ambiente sano, a la información, al acceso a los avances tecnológicos, así como la justicia entre generaciones, pretenden proteger a las personas desde su entorno y amplían el espectro de derechos para dar respuesta a las tensiones creadas por los nuevos escenarios.

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El Estado mexicano es miembro fundador de las Naciones Unidas y se ha comprometido a respetar y garantizar los derechos humanos de los mexicanos y de cualquier persona extranjera en el país. El documento nacional en donde se encuentran plasmados las garantías individuales es la Constitución, que establece los derechos y responsabilidades del Estado ante los ciudadanos. Sin embargo, a pesar del marco de protección nacional e internacional, en México existe una grave crisis de derechos humanos por las constantes violaciones perpetradas por el Estado y también por aquellos abusos cometidos por otros actores, pero que se realizan en el contexto de la omisión o pasividad gubernamental.

Violaciones de los Derechos Humanos de Primera Generación

En México se han vuelto cotidianas las violaciones a los derechos políticos y civiles de las personas. Detenciones arbitrarias, falta de acceso a la justicia, corrupción y prisión política son ejemplos claros de las constantes violaciones de los derechos fundamentales de los habitantes de nuestro país. De acuerdo con datos del Comité Cerezo, entre 2013 y 2015 se tienen registradas 224 detenciones por motivos políticos. Es decir, personas que expresan su descontento son aprehendidas por su posición política o ideológica. Los estados del país con mayor número de presos políticos durante la administración de Enrique Peña Nieto son Puebla y Oaxaca. Además, si sumamos las detenciones arbitrarias que han realizado las fuerzas de seguridad mexicanas, el número de personas recluidas sin ninguna orden de aprensión aumenta considerablemente: solamente entre junio 2013 y julio de 2015 se han registrado más de 772 casos.

Detenciones arbitrarias, falta de acceso a la justicia, corrupción y prisión política son ejemplos claros de las constantes violaciones de los derechos fundamentales de los habitantes de nuestro país

Otro elemento que demuestra la crisis de derechos humanos en el país es la falta de acceso a la justicia. De acuerdo con datos de Open Society y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), en 2011 el 42% de las personas en prisión en México no eran culpables, pues se encontraban encarceladas sin haber sido sentenciadas: a pesar de no haberse comprobado sus imputaciones, permanecían tras las rejas. Por otro lado, los verdaderos culpables están libres: con base en datos del INEGI en 2013, el 93.8% de los delitos perpetrados quedan impunes, lo que ha generado una desconfianza muy grande hacia las instituciones de justicia, haciendo que la sociedad no cuente con los mecanismos para defenderse ante acciones que afectan sus derechos. Es por eso que cerca del 90% de los delitos tampoco son denunciados. Los Estados donde las instituciones de justicia operan de la peor manera son Guerrero, Estado de México y Michoacán.

Un derecho fundamental de todo ser humano es la posibilidad de expresar su opinión sobre cualquier tema, especialmente en asuntos públicos o políticos. Desafortunadamente, en México la libertad de expresión se encuentra acotada y reprimida por el hostigamiento hacia los periodistas. De acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para la Atención de delitos en contra de la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2000 y 2014 hubo 102 homicidios de periodistas o de personas que trabajan en los medios de comunicación en el país. Durante los tres años de administración de Enrique Peña Nieto se tienen contabilizados 27 asesinatos, de los cuales siete fueron perpetrados sólo en el primer semestre del 2015. Por su parte, la organización Articulo 19 documentó 55 ataques en contra de medios de comunicación con explosivos y armas de fuego sólo entre 2006 y 2015.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 89% de estos delitos contra periodistas siguen impunes. Las entidades más peligrosas para ejercer el derecho a la libertad de expresión son Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas.

Violaciones de los Derechos Humanos de Segunda Generación

Si tomamos en cuenta que en 1992 la población que padecía pobreza alimentaria era del 13%, los avances en esta materia han sido míseros: sólo se redujo en un 1% en más de dos décadas.

De acuerdo con datos del Gobierno Federal, durante los últimos dos años más de 2 millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza en el país. La crisis financiera mundial de 2008 y el lento crecimiento económico en México ha incrementado el número de personas con algún tipo de carencia, ya sea económica, de salud, educativa, de alimentación o de vivienda. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su estudio 2014, más de 55 millones de personas -es decir, el 46% de la población total del país- se encuentra viviendo en condiciones de pobreza. A pesar de que México cuenta con la sexta tasa de pobreza extrema más baja de América Latina -con un doloroso 11%- aún estamos muy lejos de Uruguay y Chile, en donde solo el 3% de su población vive con menos de $2.50 dólares al día.

El gobierno mexicano ha intentado disminuir la pobreza por medio del aumento al salario mínimo a $70.10 pesos diarios. Sin embargo, nuestro país sigue siendo el miembro de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE) con el nivel de ingreso más bajo. Inclusive en América Latina, mientras que los salarios del 40% de la población más pobre aumentaron en un 7% en países como Argentina, Bolivia, Panamá y Brasil, en México el ingreso de ese sector se elevó solamente en un raquítico 1.3%.

La alimentación es otra deuda del Estado mexicano, que no ha logrado garantizar comida digna para sus habitantes, pues 12% de la población no tiene acceso a una alimentación balanceada. Si tomamos en cuenta que en 1992 la población que padecía pobreza alimentaria era del 13%, los avances en esta materia han sido míseros: sólo se redujo en un 1% en más de dos décadas.

En materia de vivienda, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en 2015 que 35 millones de personas carecen de acceso a un hogar digno. Esto equivale el 31% de las viviendas particulares de todo el país. De esa población, más de 2 millones vive en condiciones de hacinamiento, 1 millón habitan en hogares con materiales en deterioro y 7 millones en viviendas que se encuentran en malas condiciones.

El Estado mexicano tampoco ha logrado garantizar el acceso universal e integral a la salud. La Auditoria Superior de la Federación dio a conocer que en 2015 existen 5 millones de personas mayores de cinco años que carecen de cualquier acceso servicios de salud. Por otra parte, las 50 millones de personas que pertencen al Seguro Popular no cuentan con la misma cobertura que quienes que están en el IMSS o ISSSTE: en aquella institución se atienden 334 padecimientos, de los cuales sólo 59 son costosos, como la diabetes, algunos tipos de cáncer, males cardiacos y patologías hepáticas. Los estados del país que proporcionan menos servicios de salud a sus habitantes son Veracruz, Campeche, Tabasco, Guerrero y Oaxaca.

Violaciones a los derechos humanos tercera generación

Hasta el momento se ha demostrado que el gobierno mexicano no garantiza ni protege los derechos de primera y segunda generación en el país. En el caso de los derechos de tercera generación, la violencia generalizada y la contaminación hacen de México un lugar en el cual las personas no puedan desarrollarse plenamente.

A pesar de que nuestro país es miembro del Protocolo de Kyoto -que establece que sus integrantes deben disminuir sus emisiones de carbono- México se encuentra dentro de la lista de quienes más contaminan en América Latina, siendo además el que tiene la ciudad más contaminante de la región. Los informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establecen que la contaminación máxima del aire para el desarrollo pleno de las personas debe ser de 10 microgramos por metro cúbico (unidad de medición de calidad del aire). Con base a esta métrica, México se encuentra en el primer lugar de los países más contaminantes, con una calidad del aire de 79 microgramos por metro cúbico, casi siete veces mayor a lo establecido por el BID.

Inclusive un país como Estados Unidos que ha sido renuente hacia el Protocolo de Kyoto, cuenta con niveles más bajos de contaminación que nuestro país. De acuerdo con el índice de contaminación 2015, mientras el indicador de contaminación en México es de 64.93, Estados Unidos presenta uno de 33.34. Es increíble pensar que la economía más poderosa y activa del mundo, la cual siempre se ha opuesto a reducir sus niveles de emisión de carbono, produce menos contaminación que México, una economía más pequeña y menos industrializada pero que también se ha comprometido con los Protocolos de Kyoto.

Estos altos índices de contaminación, además de deteriorar el ambiente en donde viven las personas, afectan mortalmente a los ciudadanos. En México se tienen registradas alrededor de 14 mil muertes al año relacionadas con la mala calidad del aire. Esta alta cifra parece no preocupar a las autoridades, especialmente en el norte del país, en dónde se encuentra la ciudad más contaminada de América Latina. De acuerdo con información de las Naciones Unidas, Monterrey tiene los niveles de contaminación más altos de la región, con una calidad del aire de 85.9 microgramos por metro cúbico. Las ciudades del país que le siguen a la sultana del norte en la mala calidad del aire son: Guadalajara, la Ciudad de México y León.

En materia de seguridad, la situación no mejora. Con base en datos de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la tasa de víctimas de delito por 100,000 habitantes ha crecido durante los últimos cinco años, al pasar de 30.5 en 2010 a 41.6 en 2014. Es decir, 1 de cada 5 mexicanos ha sido víctima de por lo menos un delito.

En México se tienen registradas alrededor de 14 mil muertes al año relacionadas con la mala calidad del aire.

El incremento en las transgresiones a la ley, sin embargo, tiene rostro. Mientras que las víctimas masculinas han disminuido en los últimos cinco años, los crímenes hacia mujeres aumentaron, pues mientras que en 2010 vulneró a 47% de las mujeres mexicanas, en 2015 la cifra se elevó al 51.4%.

Los estados del país con mayor número de delitos registrados en 2014 fueron el Estado de México, Baja California, Distrito Federal, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco. A pesar de que este dato está subordinado a la cantidad de habitantes, los tres primeros lugares han experimentando un aumento generalizado de la violencia. Por otro lado, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco empiezan a percibir niveles de criminalidad que no habían experimentado en años anteriores.

Seguramente por todo esto el 58% de la población considera a la inseguridad como el principal problema del país, por arriba del desempleo (44%), el aumento de los precios (33%) y la pobreza (31%). Por otra parte, el número de personas que creen que la inseguridad de su Estado sigue empeorando subió de 69% en 2011 a 73% en 2015.

Defensorxs de los Derechos Humanos en México

Debido a la importancia de los derechos humanos y ante la violación constante de los mismos, existen diversas organizaciones que asumieron la protección y acompañamiento de las personas ante acciones u omisiones del Estado. Sin embargo, si el gobierno ha demostrado su incapacidad de convertirse en el garante de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, tampoco ha ofrecido ninguna garantía de que los derechos de lxs defensorxs sean respetados.

De acuerdo con la Oficina De Alto Comisionado De Las Naciones Unidas (OACNUDH), entre 2006 y 2009 en México se registraron 128 situaciones de agresiones o limitaciones al trabajo de los defensores/as de los derechos humanos en México. De esa cifra, 6% fueron atentados en contra de la vida de activistas. En su último informe sobre la situación de los defensores/as de los derechos humanos en México, la OACNUDH declaró que de 2009 a 2010 se reportaron 37 agresiones hacia activistas, de las cuales el 13% buscaron terminar con la vida de la persona. Esto representa un incremento considerable en atención al 6% reportado en el informe previo. Cifras de organizaciones no gubernamentales afirman que entre 2006 y 2010 más de 61 defensores/as fueron asesinad@s y al menos 4 secuestrad@s. Los estados con mayor incidencia de asesinatos o “lavantones” a defensores/as son Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Las amenazas, secuestros y asesinatos han tenido diversos perpetradores, en los que se encuentra el crimen organizado, caciques y trabajadores del Estado. A pesar de las constantes denuncias para castigar a los culpables, el alto grado de impunidad en el que se encuentra México hace de los defensores un blanco muy vulnerable a estos ataques.

LAS ENTREVISTAS

Carlos Ventura Callejas: “El Estado nos está catalogando como desestabilizadores”

Carlos Ventura, sociólogo de la UNAM, se reconoce deudor de esa casa de estudios, por haber sido en sus aulas en donde adquirió una postura humanista, polítizada y crítica. En su colaboración con los jesuitas -donde abrevó de la teología de la liberación- y con la experiencia de trabajo en diversas comunidades, decidió tomar el camino de la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Participó en “La Escuelita” del Fray Francisco de Vitoria, y terminó ingresando a dicha organización, convirtiéndose en facilitador del proceso educativo y en un indiscutible referente de lxs jóvenes defensorxs.

¿Cual es tu diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos en México?

Sin duda alguna hoy es una lingua franca hablar de nuestra profunda crisis de derechos humanos. Hay casos paradigmáticos como Ayotzinapa, que con sólo mencionarlos, entendemos lo que nos significa para México e incluso para el mundo. Pero también decir Tanhuato, Tlatlaya, los feminicidios, etc. Es claro que hay derechos que no se están garantizado. En una visión muy leguleya, el ius cogens, el derecho a la vida, a no ser desaparecidos, torturados y violentados, todo eso no se está respetando. Ya ni hablemos de derechos sociales, que separo sólo por metodología: es evidente que hay una crisis integral de Derechos Humanos.

Lo primero es reconocer la crisis, y luego, parafraseando a Ignacio Ellacuría, hacernos cargo de la realidad.

¿Crees que se dimensiona esta crisis de la que hablas?

No. De hecho, hay que superar la negación del Estado de la gravedad de la crisis. Eso contribuye que no se asuma. Habría que escuchar a los organismos internacionales, que confirman lo que las víctimas, el pueblo y las organizaciones ya venían denunciado. En cualquier caso, debemos tomar fuerza en este momento de dolor para volverlo un punto de no-retorno. Que se abran oportunidades a la articulación, o por lo menos, para la confluencia de toda la indignación que actualmente se vive en México. Lo primero es reconocer la crisis, y luego, parafraseando a Ignacio Ellacuría, hacernos cargo de la realidad.

¿La defensa de derechos humanos puede ayudar a erradicar las violencias que nos duelen?

Depende del cristal con que se mire. Un riesgo es quedarnos en la mera defensa o asistencia, atendiendo cuestiones aisladas, sin ver que necesitamos un cambio cultural y de estructuras. Es un hecho que la defensa de derechos se puede entender como un negocio, donde la lógica sea que entre más violaciones hay, tenemos más tela de donde cortar y que así no se acabe la chamba. De eso no se trata, el horizonte es cambiar un modelo social que violenta sistemáticamente derechos humanos.  No es sólo crear políticas públicas amables con los Derechos Humanos, sino ir a la raíz del asunto, y eso tiene que ver con el modelo cultural, económico y político que nos han impuesto. Creo que necesitamos cambios profundos y experimentar una diversidad de maneras en que podemos lograrlos. Puede ser ocupando espacios de decisión y transformando desde ahí, o creando procesos autónomicos. Yo lo que veo que esta surgiendo desde los movimientos ahora es una voluntad de confluencia, un ánimo de encuentro. Eso sería lo que hay que impulsar como generación.

¿Qué piensas de que existan agendas de DDHH que han quedado rezagadas en la izquierda institucional, como la disidencia sexual, la decolonización y el feminismo?

Si nos referimos a los partidos como los referentes de izquierda institucional, creo que dentro de la crisis que estamos viviendo podemos incluir la desorientación de esos referentes. Hay que aclarar que al hablar de confluencia nos referimos al encuentro de los movimientos populares primeramente. Eso no quiere decir excluir a fuerzas institucionales que en el espectro de las izquierdas quieran contribuir a la reivindicación de los derechos de los pueblos y de las personas, pero jerarquizar luchas ha sido lo que no nos permite avanzar: por ejemplo, pensar en resolver el tema de la economía política y luego lo de género. No funciona, la agenda queda incompleta. El asunto es tener una propuesta integral lo más representativa posible. La agenda de derechos es vastísima, cierto, pero porque son las luchas las que han creado ese abanico en acuerdo a sus necesidades. Si bien existen esfuerzos de crear “un proyecto conjunto” desde arriba, eso no empata con las necesidades de los movimientos. Por poner un caso: en otras décadas no se hablaba del derecho al patrimonio bio-cultural del país. Eso es una creación de los movimientos indígenas que responde a lo que viven a diario, no a una lista impuesta desde otros espacios.

¿Cuál es la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos?

Curiosamente esta semana hemos tenido encuentros con compañerxs de movimientos y diversas organizaciones, y creemos que el Estado nos está catalogando como lxs desestabilizadores: nos aproximamos a ocupar el lugar del enemigo interno. En las últimas semana hubo descalificaciones por el caso Ayotzinapa y Tlatlaya contra organizacioes como el Centro Prodh y Tlachinollan. También en el momento más álgido de la exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas, el secretario e Marina se atrevió a decir que todxs los que estábamos en contra de este proyecto de Nación, que no nos representa, eramos desestabilizadores. Ahora sacan un video de “Ya chole con tus quejas”. ¿Que tipo de política estatal hay para atender el disenso? ¡La democracia depende también de hacer lugar para la crítica y la disidencia! Muy a nuestro pesar, esto no está quedando en la descalificación. Está escalando a amenzas, recortes de recursos, persecución, desapariciones, ejecución extrajudicial y criminalización como clima general. Hemos visto que personas que se manfiestan y defensorxs son arrestados y se usa el derecho penal para detener su labor. Es convertir a quienes defienden Derechos Humanos en el problema.

¿Cuál es tu horizonte en esta lucha?

Mi horizonte es la organización. Parece cliché, pero es así. Por un lado se requiere confluencia. Los cambios en este momento no se dan únicamente por vía de una reforma de Estado, entendida como hacer legislaciones distintas. En realidad, las propuestas tienen que venir de los movimientos, las organizaciones y los esfuerzos autonómicos. Creo de paso que la organización no es algo abstracto, sino lo que hacemos día a día al crear redes y articular. Mi horizonte es seguir contribuyendo a la organización. Por otro lado, no perder de vista la necesidad de una apuesta política clara. No podemos despolitizar los derechos, si no, se convierten en discursos huecos de sentido, y sí, vacíos de horizonte.

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Alma Rosa García: “Necesitamos cambios estructurales para combatir la complicidad entre el crimen organizado y el Estado”

Alma Rosa cursó la preparatoria en Saltillo, Coahuila. Ahí realizó su servicio social con el obispo Raúl Vera. Con él empezó a trabajar en la diócesis de Saltillo en tres proyectos: el reclusorio juvenil de varones, el CERESO de mujeres y la Casa de Migrantes. Al pasar los años, decidió mudarse a Honduras, donde permaneció dos años apoyando a migrantes. A su vuelta a México, se incorporó al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Actualmente colabora en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, donde trabaja con familiares de desaparecidos.

¿Por qué elegiste la lucha de las personas de migrantes?

La migración siempre ha sido un tema invisible en México. A pesar de que miles de personas centroamericanas cruzan por nuestro país, es un asunto poco tratado. Cuando estuve en la Casa del Migrante de Saltillo, testifiqué las condiciones en que deben vivir en su paso por el país. El maltrato y el robo a estas personas, así como el silencio de las autoridades me motivaron a enfocarme en estos temas.

¿Cuáles son los principales elementos que inciden en la realidad de las personas migrantes en su paso por México?

Hay una nueva complejidad en la que interviene el crimen organizado y las autoridades aliadas a estos grupos. Por si fuera poco, por cuestiones de seguridad es difícil documentar casos y comprobar nexos para que haya una responsabilidad del Estado. Entonces, el tema de violaciones a los derechos de las personas migrantes y en específico las desapariciones de migrantes es invisible para las autoridades. Al no existir un registro sistemático de estos actos se incrementa la impunidad.

¿Por qué crees que no ha existido una política pública de protección y una eficiente coordinación con los países de tránsito, que sería algo fundamental para cambiar la situación?

La grave crisis actual de derechos humanos no ha sido un tema que reconozca el gobierno. En la época de Felipe Calderón se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” que tiene como resultado miles de muertes y desapariciones en el país. Esta política no fue de investigación, sino de lucha frontal contra los grupos delictivos, sin tener en cuenta las complejidades que implicaba. En el gobierno de EPN han sido lentas las acciones para abordar el problema.

En el tema de la migración se complica cuando consideras que existe la influencia de Estados Unidos, que dicta la política migratoria para México y Centroamérica. A pesar de que nosotros promovemos acuerdos regionales entre países de origen y tránsito, estos acuerdos son letra muerta, porque México tiene la presión de cerrar la frontera sur, a través del “Plan Sur” lo que trae como consecuencia infinidad de actos en contra de los migrantes.

¿Qué necesidades son las más urgentes?

La falta de documentos oficiales orilla a que los migrantes tomen vías peligrosas de tránsito, como el tren. La complicidad entre crimen organizado y Estado es una situación que no es fácil de erradicar, pero necesitamos cambios estructurales en México para que esto suceda, y así evitar que personas migrantes sean presa de ataques y se conviertan en otro negocio de grupos criminales. Si se regulariza la migración con una perspectiva de derechos, la gente iría en un autobús, pasaría la frontera y tendrían visa de trabajo. Podrían cruzar de forma segura y enviar sus remesas a sus países de origen. En este caso, los países de Centroamérica tienen un doble discurso, ya que por un lado reciben esas remesas con todo gusto, pero por otro, no llevan a cabo políticas de desarrollo sostenido en sus países para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esto hace que la migración se vuelva forzada.

¿Cómo fue tu experiencia en Honduras?

Fue principalmente trabajando con familiares de migrantes, conociendo sus necesidades e incidiendo en políticas públicas locales para que los alcaldes tuvieran herramientas para entender el tema de migración. Las autoridades se preocupaban más de que la migración generaba una dependencia económica, ya que las personas esperaban las remesas y no trabajaban ni estudiaban.

Por otra parte, observé que muchas personas que regresan a sus países no tienen garantías ni atención del gobierno, dificultando su integración al mercado laboral. Especialmente las personas mutiladas durante su viaje se encuentran con grandes dificultades para insertarse nuevamente en sus comunidades.

El maltrato y el robo a estas personas, así como el silencio de las autoridades me motivaron a enfocarme en estos temas.

Para vislumbrar un horizonte de cambio ¿Por dónde se tendría que empezar y que habría que posicionar?

Como en la Fundación para la Justicia trabajamos más con el tema del acceso a la justicia de los migrantes y sus familiares en casos de desaparición o de ejecuciones, nosotros vemos como una posible salida la generación de un mecanismo trasnacional. Si las familias en Centroamérica no pueden exigir justicia en México por la distancia territorial, nosotros buscamos acercar las instancias de justicia  mexicana a esas comunidades, por medio de una Fiscalía para Migrantes que tenga a una persona representante de la PGR. Eso permitiría que familiares puedan realizar sus denuncias, aportar pruebas, solicitar información y dar seguimiento a la propia investigación. Tomando en cuenta que no hay un  número cierto de migrantes desaparecidos, la fiscalía sería una primera entrada para contabilizar e investigar qué ha pasado con esos migrantes. Es un pequeño paso que podría ayudar a acercar la justicia a las familias. Es una propuesta novedosa que el gobierno se ha comprometido a impulsar y solo estamos esperando la respuesta para iniciar con este mecanismo.

En conclusión: con políticas más abiertas y que criminalicen menos a los migrantes, puede abrirse un horizonte donde se respeten sus derechos humanos.