Conclusiones finales de la CIDH durante su visita en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó su visita el día de ayer en México, esta visita  tuvo como finalidad evaluar la situación de los derechos humanos en el país, dándole prioridad a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos.

Para poder dar un diagnóstico sobre la situación del país, la CIDH entrevistó a personal del gobierno, representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

La conclusión final de la CIDH sobre la situación en México es que en el país se vive una grave crisis de derechos humanos debido a:

• Situación extrema de inseguridad y violencia
• Desapariciones forzadas
• Ejecuciones extrajudiciales y tortura
• Niveles críticos de impunidad y una atención insuficiente a las víctimas por parte de las autoridades.

Las personas o grupos más vulnerables a la violación de sus derechos humanos en México son:

• Personas en situación de pobreza
• Migrantes
• Solicitantes de asilo
• Refugiados y desplazados internos
• Mujeres, niños-niñas y adolecentes
• Defensores y defensoras de los derechos humanos
• Periodistas
• Grupos indígenas
• Comunidad LGTBI

Si bien la CIDH reconoce los avances que el Estado mexicano ha tenido en materia de protección de los derechos humanos, la brecha entre la ley y la ejecución de la norma se mantiene aún muy dispersa. La mayoría de las personas entrevistadas por la CIDH destacaron que las leyes u organismos para la protección de los derechos fundamentales son una simulación.

Una de las principales conclusiones de la evaluación del país en materia de derechos humanos es que la crisis en la que vive el país tiene sus causas en:

• Militares ocupando las labores destinadas a policías civiles
• Política de confrontación al crimen organizado
• Despliegue de operativos de las fuerzas armadas en todo el país

En materia de desapariciones y desapariciones forzadas, la CIDH destacó la cifra de desaparecidos de 26,850 personas registradas por el Estado; de las cuales muchas  fueron perpetradas por miembros del crimen organizado. Sin embargo, en México también se tienen casos registrados de desapariciones forzadas desde la década de los setenta. Al respecto, la Comisión pide al gobierno de México dar a conocer la cifra de personas que han sido desaparecidas por fuerzas gubernamentales desde entonces. Otro problema encontrado por la Comisión sobre este tema es la impunidad y hostigamiento de las autoridades. Personas entrevistadas declararon haber sido amenazadas por personas del gobierno para que no presentaran ninguna denuncia en las procuradurías. Por otro lado, también se tiene registro del mal manejo de las instancias de justicia al no dar seguimiento a las investigaciones.

La CIDH declaró también que los niveles de violencia en México siguen siendo alarmantes a pesar de la disminución en la tasa de homicidios de 19 a 16 entre 2013 y 2014. Al mismo tiempo, la Comisión subrayó la necesidad de investigar los casos de ejecución extra-judicial ocurridos en Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, en donde miembros del ejército asesinaron a supuestos criminales. La CIDH mencionó que se tienen casos registrados de tortura a civiles por parte de las autoridades para obtener información.

Por último, un aspecto que resaltó la CIDH fue la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos así como de los periodistas en el país. Debido al incrementó en la desaparición o asesinato de estos grupos, la Comisión pide al gobierno mexicano mejorar los mecanismos de protección para garantizar que estas personas realicen sus trabajos sin temor a perder la vida.

Las principales recomendaciones de la CIDH al Estado mexicano son:

• Retirar a los militares de labores policiacos.
• Adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura
• Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional
• Fortalecer las instituciones forenses para que cuenten con registros de personas desaparecidas actualizadas
• Eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexican
• Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Como prioridad, investigar, esclarecer y sancionar las violaciones cometidas durante la época de la llamada Guerra Sucia
• Fortalecer el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo
• En el caso Ayotzinapa, atender las recomendaciones del GIEI, seguir las líneas de investigación identificadas por el GIEI, y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.