Ranita de Madriguera vs Municipio de Aguascalientes: Polémica por la Reducción de Áreas de Conservación

El Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Aguascalientes ha desatado un fuerte enfrentamiento entre ambientalistas y autoridades municipales. Mientras la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) denuncia graves retrocesos en la protección de ecosistemas clave, el gobierno defiende el programa asegurando que amplía áreas de conservación. La disputa ha escalado hasta los tribunales, y la resolución podría marcar un precedente sobre la gestión ambiental en la región.

ADN-A, conformada por las organizaciones Conversa Sur, el Colegio de Ciencias Ambientales de Aguascalientes, el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y de Posgrado, y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, presentaron un amparo contra el gobierno municipal por lo que consideran “medidas regresivas” en el nuevo POEL, que permite la urbanización de 3,500 hectáreas previamente catalogadas como áreas de conservación. Según los activistas, esta decisión afecta directamente ecosistemas vitales, como el humedal El Jagüey y el hábitat de la rana de madriguera, una especie endémica en peligro de extinción.

El nuevo programa, aprobado en diciembre de 2023, modifica significativamente la distribución del suelo: 10,800 hectáreas de conservación fueron eliminadas, mientras que las zonas de aprovechamiento —aquellas destinadas a proyectos urbanos e industriales— aumentaron en 3,366 hectáreas. “Es como perder la protección de casi toda la superficie del Cerro del Muerto”, declaró Alejandro Larios, detalló integrante de ADN-A para Poplab.

Además, el colectivo acusa a las autoridades de priorizar el lucro económico de unos cuantos sobre el bienestar colectivo, al modificar áreas estratégicas para la recarga de acuíferos y la mitigación del cambio climático. Ejemplos destacados incluyen el Tanque Las Pedrozas y zonas aledañas al Parque Industrial de Logística Automotriz (PILA), donde el impacto ambiental podría ser irreversible.

Una de las principales críticas es la falta de una consulta pública efectiva. Aunque el gobierno asegura que el POEL fue elaborado con la participación de académicos, ciudadanos y ambientalistas, los opositores calificaron el proceso como “meramente simbólico”. Denuncian que las observaciones técnicas y propuestas de la sociedad civil fueron ignoradas, lo que deja dudas sobre la transparencia y legitimidad del programa.

Ecosistemas y Especies en Peligro

El impacto potencial sobre la rana de madriguera es emblemático. Este anfibio, cuyo hábitat ya ha sido reducido drásticamente por proyectos como la planta Nissan A2 y la pista Nascar, enfrenta ahora una amenaza mayor. Según Carlos Romo, presidente del Colegio de Ciencias Ambientales de Aguascalientes, “el gobierno ha ignorado su obligación de proteger este ecosistema”. Incluso obras realizadas previamente para mitigar daños, como barreras de fauna y puentes, han sido reutilizadas para drenaje pluvial, agravando el deterioro ambiental.

El humedal El Jagüey, otra área crítica, es fundamental para la biodiversidad y la recarga de agua en la región. Sin embargo, su conservación está en riesgo debido al cambio de uso de suelo permitido por el POEL, denuncian los ambientalistas.

Respuesta del Gobierno: Promesas de Protección

Por su parte, Aldo Axel Rodríguez Benítez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADESU), defendió el programa asegurando que “no se pone en riesgo ninguna área de conservación ni el hábitat de la rana de madriguera”. Según Rodríguez Benítez, el POEL amplió las áreas de protección, pasando de 20,000 a 30,000 hectáreas, e incluyó zonas clave como el Bosque de Cobos.

Además, destacó que el programa era necesario tras ocho años sin actualizarse y que fue elaborado con un enfoque de equilibrio entre el crecimiento urbano y la conservación ambiental. “Si los tribunales dictaminan en contra, realizaremos los ajustes necesarios”, afirmó el funcionario, señalando la disposición del gobierno a acatar las resoluciones legales.

Sin embargo, las declaraciones gubernamentales han sido recibidas con escepticismo. Ambientalistas argumentan que los cambios en el POEL reflejan una priorización del desarrollo económico sobre la sustentabilidad, con un discurso que no se alinea con las acciones concretas.

Un Debate de Fondo

El conflicto entre las organizaciones civiles y el gobierno municipal pone de manifiesto una problemática más amplia: la tensión entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental. Aunque el gobierno asegura que busca un equilibrio, los activistas cuestionan si las decisiones están realmente basadas en criterios científicos y en el bienestar de la población a largo plazo.

El caso también subraya la importancia de garantizar procesos democráticos y transparentes en la gestión ambiental. La participación ciudadana debe ser efectiva y no un trámite burocrático que favorezca intereses particulares.

Un Futuro en Juego

El desenlace del amparo interpuesto por ADN-A podría ser decisivo no solo para la protección de los ecosistemas de Aguascalientes, sino también para el derecho de sus habitantes a un ambiente sano y una ciudad sostenible. Mientras tanto, la disputa sigue siendo un llamado de atención sobre la necesidad de replantear las prioridades gubernamentales y adoptar un enfoque verdaderamente sustentable en la planeación urbana.

Con una biodiversidad única y recursos hídricos limitados, Aguascalientes no puede darse el lujo de comprometer su equilibrio ecológico en favor de ganancias inmediatas. Es hora de que las autoridades tomen decisiones que garanticen el bienestar de las generaciones presentes y futuras.