El papel de los medios ante la crisis de seguridad en Ecuador

El 10 de enero Ecuador se volvió noticia internacional cuando miembros del crimen organizado irrumpieron en una transmisión en vivo de la cadena de TC Televisión. En el video que circuló en redes sociales se ve a varios hombres encapuchados y armados sometiendo al personal y a los periodistas. La policía llegó poco después e informó que no hubo muertes.

Mientras ocurría la toma de las instalaciones de TC Televisión, miembros de la policía fueron secuestrados en tres ciudades distintas, las bandas tomaron un hospital y grupos armados asediaron la Universidad de Guayaquil. El lunes y el martes de la semana pasada, la gente en Ecuador se sumió en el terror, reportando tráfico, caos, balaceras y explosiones.

El presidente Daniel Noboa quien asumió el cargo en noviembre del año pasado, declaró un “conflicto armado interno” y calificó a las 22 bandas criminales que están en pugna como “organizaciones terroristas”. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, se puede declarar un “conflicto armado interno” cuando uno o varios grupos organizados ejercen violencia de forma intensa y prolongada. El decreto da pie a un estado de excepción, es decir, a que las Fuerzas Armadas asuman las facultades de la policía y salgan a las calles con el objetivo de eliminar a “los adversarios”.

La experiencia en América Latina ha demostrado que la militarización conduce a atrocidades cometidas en contra de la sociedad civil, según Edward Pérez, experto en derechos humanos de la Facultad de Derecho de la University College de Londres, entrevistado por la BBC. Por su parte, la abogada María José Mogrovejo explica que un estado de excepción reduce derechos humanos como “el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libertad de tránsito y de reunión” aunque conserva el núcleo duro de derechos humanos como el derecho a la vida y la integridad. El estado de excepción durará sesenta días, en los cuales se aplicará un toque de queda de 11 de la noche a cinco de la mañana entre otras medidas.

Estos sucesos se desencadenaron a partir la fuga de dos líderes importantes de bandas criminales: Adolfo “Fito” Macías, líder de “los choneros”, y Fabricio Colón Pico. Tras la fuga, hubo disturbios en seis cárceles diferentes en las que se tomaron de rehenes a policías y guardias. Expertos y analistas en seguridad afirman que el crimen organizado opera en las cárceles como centro de mando y reclutamiento, y que la inseguridad ha aumentado debido al enfrentamiento de las bandas.

Un dato importante es que del 9 al 15 de enero se han arrestado 1534 presuntos delincuentes, lo cual puede crear un estado de hacinamiento entre los prisioneros. “Normalmente se detenía a alrededor de 12.000 personas al año. Si solo tenemos en una semana mil detenidos, va a ser un impacto mayor al sistema carcelario, que de por sí ya está saturado (…) en el país, cuatro de cada diez presos estaban en prisión preventiva” dijo en una entrevista Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) con el medio ecuatoriano El Universo.

Ecuador, un país de 18 millones de personas, ha enfrentado una crisis de seguridad en los últimos 12 años que escala año con año. En el 2023 se llegó al punto más alto de asesinatos, con 7878 casos, de los cuales solo el 7% se resolvieron. La localización del país andino es crucial en las rutas de cocaína, por lo que cárteles de droga trasnacionales, han establecido alianzas con las bandas criminales. En agosto del año pasado el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por parte de estas bandas según el analista Andrés Chiriboga, entrevistado por la BBC. Explicó que se trataba de una manifestación del poder que tiene el crimen organizado en la toma de decisiones del país.

Ante todo esto, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en una emergencia de seguridad? ¿Hay protocolos de seguridad que protejan a los periodistas? Cuando el grupo criminal irrumpió en la transmisión en vivo del canal TC Televisión, y apuntó con un arma al periodista José Luis Calderón ¿qué es lo que debió pasar?

Ante la escalada de inseguridad, así como la ola creciente de agresiones a periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa instó a varios medios de comunicación en América Latina a crear manuales y protocolos para proteger a los comunicadores. A la vez, señala la importancia de proveer equipo como máscaras de gas y chalecos antibalas si se proponen cubrir una manifestación o algún suceso en el que estén en riesgo.

La organización Periodistas de a pie tiene un protocolo de seguridad en el que recomienda crear una agenda con números de emergencia de colegas, evitar confrontaciones y pedir a alguien que monitoree la cobertura. La asociación Artículo 19 también insta a los dueños de los medios a crear protocolos en los que se esclarezcan rutas de escape, que definan a quién se deben de dirigir en caso de emergencia, así como también analizar y documentar los incidentes y acompañar psicológicamente a los involucrados.

En plena guerra contra el narcotráfico en México en el 2011, Emilio Azcárraga, director de Televisa y Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, organizaron junto con 50 directivos foros sobre la cobertura de la crisis de seguridad de los cuales surgió el Acuerdo para la   Cobertura   Informativa   de   la   Violencia. El objetivo principal es no contribuir al terror generalizado y algunos de sus puntos  más importantes son: a) condenar y rechazar la violencia, enfatizar el impacto negativo que tiene en la población y fomentar la conciencia   social   en   contra   de   la   violencia; b)) omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas con propósitos propagandísticos y no ser instrumento o parte de los conflictos entre grupos criminales, c) Instituir protocolos y medidas   de   seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir información proveniente de la  delincuencia organizada.

Aunque todavía no hay suficientes mecanismos de protección, ni protocolos o manuales para hacer frente a situaciones de riesgo como la vivida en Ecuador, existen esfuerzos de asociaciones civiles por tomar acción y trazar una lista básica de precauciones que tiene que tomar un periodista en este contexto. En la carrera de periodismo, el consejo es claro: cuidarse a uno mismo.  No hay una historia que valga más que una vida.

En cuanto a la calidad o cantidad de información sobre violencia, hay un consenso general de que los medios de comunicación no deben de fungir como voceros de los grupos criminales. Sin embargo, las redes sociales funcionan como vía alterna de comunicación, dondee puede acceder a videos y fotos violentas. No sabemos qué efectos psicológicos desencadenen la exposición a este contenido en las audiencias, y en los periodistas que están en primera fila.

En América Latina los periodistas están expuestos a situaciones de riesgo continuamente. Es necesario que los medios enfrenten el alza de inseguridad con protocolos concretos sobre situaciones de riesgo, se promuevan mesas de diálogo con expertos y se les apoye con ayuda psicológica para que estos puedan cumplir su labor lo más íntegramente posible.