Veintiún meses de encierro y un día de victoria
Seis defensores de la tierra recuperan su libertad en Salazar, Estado de México
La madrugada del 31 de agosto de 2017, Cutberto Vilchis García se levantó de su cama en pijama y pantuflas.
— Pinches perros, ¡ya tiraron la basura! –le dijo a su esposa.
Tardó poco en descubrir que los ruidos que escuchaba no eran sus animales sino un operativo de fuerzas de seguridad. Un grupo de entre veinte y treinta hombres armados habían irrumpido en su salón. “Me tiraron adentro de mi casa. Me golpearon, me tiraron y me sacaron arrastrándome de los pies. Como vil delincuente, como perro”, relata. Los hombres que entraron a su domicilio no le mostraron ninguna orden de aprehensión. Iban con pasamontañas, algunos identificados como policías estatales y otros vestidos “de civiles”, todos fuertemente armados.
A Cutberto lo sacaron a la calle principal, donde pudo ver a varios vecinos fuera de sus casas. Alguien había hecho sonar las campanas de la iglesia para dar la alerta. En otras viviendas del pueblo sucedía lo mismo: se estaban llevando a otros. A él lo dejaron en un coche que no le pareció una patrulla, sino un vehículo particular. Desde ahí observó a soldados del Ejército, que impedían acercarse a los vecinos.
El operativo comenzó pasadas las dos de la madrugada. Cutberto tenía entonces 71 años y era el representante de bienes comunales del pueblo en el que vive: Salazar, Estado de México. Su trayectoria lo convirtió en uno de los líderes contra la apropiación de las tierras del pueblo por parte de privados ajenos a la comunidad.
Esa noche detuvieron a otras siete personas, cuatro hombres y tres mujeres. Él permaneció en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, poco más de seis meses: le concedieron arresto domiciliario el 9 de marzo de 2018 debido a su edad avanzada.
Otros dos —Miguel Ángel Vilchis Zarza y Francisco Miguel Ceballos Vargas—, acusados de privación ilegal de libertad y lesiones, pactaron la suspensión condicional del proceso en noviembre de 2018 tras pagar una indemnización como reparación de daños al abogado que los acusó de privación ilegal de la libertad y lesiones, lo que implica que seguirán sometidos a medidas de control hasta abril de 2020.
Permanecieron en detención cautelar en Santiaguito un año y casi nueve meses. Fueron presos políticos, y así lo reconoce el actual gobierno federal.
Tierra
El conflicto que metió en la cárcel a los ocho vecinos de Salazar se originó casi un año antes, cuando tuvo lugar el incidente por el que se les imputó los hechos de los que finalmente fueron absueltos. El abogado jalisciense Mario Alberto de León Venegas se presentó en la zona junto algunos funcionarios locales y otras personas para su protección. Su intención era hacer mediciones y cercar una parcela de cultivo de la comunidad de Salazar. Algún vecino dio la alerta, alguien tocó las campanas de la iglesias y los vecinos acudieron a defenderla.
Aunque el pueblo de Salazar había poseído y trabajado esas tierras durante generaciones, tenía un pleito legal con el ejido colindante de San Mateo Atarasquillo desde hacía años. Gracias a haber obtenido ilegítimamente los derechos sobre esos terrenos en los años 40 —cosa que los campesinos de Salazar no supieron entonces—, los ejidatarios de San Mateo tuvieron base para vender un lote de 54 hectáreas a un grupo de personas representadas por De León Venegas.
Salazar es una localidad con unos 1.500 habitantes, al borde de la carretera que une Ciudad de México y Toluca. En general, quienes cultivan su milpa lo hacen más por conservar costumbres y vínculos comunitarios que como una actividad económica de tiempo completo. Entre los detenidos había un bibliotecario, la dueña de una cocina económica, un obrero, un albañil y un comerciante, entre otros.
Sin embargo, el desarrollo de Santa Fe y las buenas comunicaciones entre esa zona capitalina y Toluca, unidos a la ubicación del poblado muy cerca del bosque de La Marquesa, convirtieron los terrenos en una inversión suculenta para el desarrollo inmobiliario. Según los comuneros de Salazar, los compradores de sus tierras eran un grupo de empresarios que se interesaron por los terrenos con esos fines. El problema es que las parcelas estaban bajo litigio de 2005, explica la abogada Esther Goujón Campos, que representó a Salazar en el litigio agrario.
La parcela que los vecinos defendieron el 30 de septiembre de 2017 era supuestamente parte del lote vendido. Durante el incidente, los que acompañaban a De León Venegas sacaron armas y hubo disparos de intimidación, aunque los vecinos lograron disipar el peligro de las armas de fuego. Llegaron policías del municipio de Lerma y del Estado de México, pero los comuneros prefirieron esperar a la Policía Federal para zanjar el asunto por desconfianza hacia las policías locales.
Es por estos hechos por los que después se les imputaron los delitos de privación de libertad y robo con violencia, de los que seis personas quedaron absueltas este mes de mayo.
En el frente agrario, los comuneros de Salazar habían obtenido una resolución firme de amparo donde el tribunal competente reconocía la posesión histórica de Salazar sobre 217 hectáreas y hace unos meses recibieron una nueva sentencia que sienta ejecutoria, que ya no se puede recurrir por ningún cauce. El territorio reconocido incluía las hectáreas que San Mateo había vendido, aprovechado una sentencia previa de 2014 que les favorecía, pero estaba pendiente de revisión y amparo. Tras el fin del proceso penal que enfrentaron, los habitantes del pueblo deberán iniciar trámites para constituirse legalmente como ejidatarios o comuneros.
Nombres
De acuerdo con certificados parcelarios a los que accedió Tercera Vía, varias personas conocidas obtuvieron cesiones de derechos sobre parcelas de Salazar —identificadas como parte del ejido La Cima San Mateo Atarasquillo— en 2015. Ellos son el empresario Ricardo Nizri Guasp, representante legal del grupo Corrado; Federico Carlos Fernández Senderos, representante olímpico de la hípica mexicana en 2004 y miembro del consejo administrativo del grupo Chedraui y León Manuel Bartlett Álvarez, ingeniero de profesión e hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Cada uno de ellos obtuvo derechos sobre parcelas de alrededor de una hectárea.
Nizri Guasp figura como apoderado legal del Grupo Corrado S.A. en varios documentos públicos de contratos con el estado de Veracruz. Según su web corporativa, la empresa se dedica a la atención de emergencias ambientales, programas de abasto, transporte inmediato y servicios de salud. El mismo sitio incluye entre sus clientes a varias instituciones federales como el IMSS, el ISSSTE y la Segob, así como a los gobiernos estatales de Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. La única empresa privada que aparece entre sus clientes es Diconsa, que opera el programa de Abasto Rural del gobierno federal. Una investigación del periodista Juan Omar Fierro para Aristegui Noticias identifica al grupo Corrado como contratista del gobierno de los gobiernos de Veracruz y Estado de México bajo los mandatos de Javier Duarte y Eurivel Ávila, respectivamente.
Asimismo, el empresario Arturo Elías Ayub también obtuvo derechos sobre dos parcelas de 0.7 hectáreas y 0.49 hectáreas en la misma zona, según certificados parcelarios datados el 22 de octubre de 2004. Según los comuneros de Salazar, esas parcelas se incluyen en sus terrenos y no han sido ocupadas hasta la fecha. Ayub figura en la lista de consejeros propietarios del grupo Carso, el conglomerado de Carlos Slim. En su cuenta de Twitter, Ayub se presenta como director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil, director de Fundación Telmex y director de Uno TV.
Fuerza
Las detenciones se dieron poco después de que los pobladores recibieran la resolución de amparo que les hizo ganar el litigio por las tierras. “Como vieron que la parte agraria ganamos, nos quisieron dar por la parte penal”, señala José Esquivel, vecino de Salazar y hermano de Fermín Esquivel, uno de los seis presos políticos que resultaron absueltos este 23 de mayo.
José dice que a su pueblo le pasó lo que le pasó “por tener vecinos multimillonarios”.
Bajo el sol de mediodía a las puertas del juzgado que hay frente al centro de detención de Santiaguito, tras ser expulsado de la vista que decidirá sobre la libertad de su hermano y otros siete vecinos por sacar su teléfono celular —para apagarlo—, José dice que a su pueblo le pasó lo que le pasó “por tener vecinos multimillonarios”.
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No ha habido investigaciones por parte de ninguna instancia judicial, ni comisión u organización independiente de derechos humanos sobre el caso, de modo que todo lo que se puede decir sobre el operativo de la madrugada del 31 de agosto de 2017 se conoce a través de los testimonios directos de los propios detenidos, familiares, amigos y vecinos.
Todos coinciden en identificar a varias fuerzas públicas: testimonios separados señalan que participaron agentes de la policía estatal, la policía ministerial, los granaderos, la policía federal, el Ejército y la Marina. Las aprehensiones fueron simultáneas y tuvieron lugar en varios domicilios del pueblo, de modo que no todos los testigos identificaron la totalidad de cuerpos citados. Varios también señalaron que hombres armados, encapuchados y sin identificativos de ninguna fuerza pública participaron en las detenciones.
También se sabe es que las autoridades que ordenaron el operativo emplearon un número muy elevado de efectivos. Los testimonios de los vecinos hablan de 1,000 o hasta 1,500, cifras que no se pueden verificar con la información disponible, pero que dan idea del exceso de fuerza percibido por las víctimas. El objetivo era detener a nueve personas desarmadas: las ocho personas que enfrentaron el proceso y uno más que escapó y tiene una orden de aprehensión.
Según explicó el abogado Alexander Becerril Salazar —uno de los dos que representa a los vecinos en la causa penal— a Tercera Vía, este noveno vecino podría presentarse ante el juzgado para beneficiarse de las mismas pruebas que absolvieron a sus compañeros y obtener la absolución, pero aún no habían tomado una decisión al respecto.
Uno de los hijos de Cutberto Vilchis, Gustavo, explica que durante el operativo no hubo señal de teléfono en el lugar y los efectivos bloquearon las tres salidas carreteras de Salazar. Todos los testimonios coinciden en que nunca mostraron órdenes de aprehensión válidas.
Según Gustavo, el Ejército se mantuvo al margen de las detenciones y solo observó los hechos desde un segundo plano. “Esto no es lo que nos habían dicho”, recuerda decir a uno de los soldados cuando la gente del pueblo se concentró fuera de las viviendas. Explica que más adelante al pueblo llegó la versión de que, para poder convocar a los militares, el ministerio público del estado argumentó que iban a capturar a un grupo de secuestradores.
Además, Vilchis atribuye el operativo a posibles intereses o conexiones con el gobierno estatal de Eurivel Ávila, ya que la orden salió de un ministerio público mexiquense y tuvo lugar solo 15 días antes de que terminara su gestión al frente del Estado de México.
Terror
Gustavo cuenta por teléfono, un día antes de la vista que daría la libertad a su padre y al resto de vecinos, que él también escuchó ruidos, los mismos que le hicieron pensar a su padre Cutberto que los perros estaban tirando su cubo de basura. También en pijama, se asomó a la ventana y vio las luces de los vehículos. Cuando abrió la puerta de la calle, dos policías lo encañonaron con sus armas.
“Lo que hicieron ellos fue entrar a la recámara y ya luego luego echarme las manos para atrás y agacharme. Me bajaron por las escaleras y allí ya estaba un coche parado, un coche blanco. Mi esposo iba detrás, pidiendo la orden de aprehensión, preguntado por qué se la llevan”, relata. No pudo ver el camino, pero luego supo que la llevaron al Ministerio Público de Toluca —“a un sótano”, precisó Cutberto en otro momento—. Alrededor de las siete de la mañana los trasladaron al centro de detención de Lerma.
En casa de Fermín Esquivel vivieron un infierno similar. Rosalba Sánchez Aguilar y Fermín tienen tres hijos, que en ese momento contaban seis, once y catorce años de edad. Cuando entendieron que querían llevarse a su papá, los niños intentaron abrazarlo para impedirlo.
Dice que en la casa entraron entre 15 y 20 personas para someter a su esposo, que estaba semidesnudo. Rosalba no pensó en una detención normal, sino en algo relacionado con el crimen organizado. “Nunca se identificaron con algún documento, jamás presentaron la orden de aprehensión”, explica Fermín, de vuelta en su pueblo. “Usaron violencia realmente excesiva, encañonaron a mis hijos. Fue muy difícil para toda mi familia”.
Cuando pidieron una orden de detención, alguien respondió que no hacía falta porque las órdenes venían “de muy arriba”. Rosalba, como el resto de vecinos, no supo que fue de su marido hasta horas después, cuando los que fueron a vigilar el centro de detención de Lerma averiguaron que los habían llevado allí alrededor de las siete de la mañana. Una semana después los trasladarían al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito.
Familias
Fermín es delgado y lleva lentes cuadradas. Cuando sale del penal, aún vestido con la ropa azul que llevan los reclusos, lo primero que uno piensa es que tiene cara de estudiante aplicado. Su familia dice que lo más duro para él fue estar lejos de sus tres hijos; siempre preguntaba por ellos. Destacan su entereza, nunca perdió la energía: jugaba básquet, logró que en un par de ocasiones equipos de fuera se compitieran en la cárcel contra los privados de libertad. Allí también aprendió a hacer artesanías que Rosalba, ama de casa hasta entonces, vendía en la comunidad para sobrellevar la falta de su salario de obrero y los costes que implican el proceso legal y las visitan semanales al reclusorio.
Maribel Becerril Villavicencio es madre de dos de las mujeres que permanecieron detenidas hasta el 23 de mayo: Yuriko y Daneira, que tienen 31 y 33 años. Es una tarde lluviosa y gris, de alegría contenida ante la espera de que las hijas salgan, donde se palpa la tensión y la tristeza acumulada a lo largo de casi dos años, como si todavía nadie se creyera del todo que ya van a salir por la puerta del penal donde hacen guardia.
Maribel cuenta que cada sábado acudió a ese mismo lugar desde las seis de la mañana para ver a sus hijas. Alrededor de las diez y media podía entrar a verlas. Les llevaba comida cocinada para toda la semana y dinero para que pudieran guardarla en el refrigerador y calentarla al microondas. En la cárcel se paga por todo a las personas que tienen más tiempo dentro, que a su vez han pagado para poder meter los electrodomésticos. Por el refrigerador se pagan 5 pesos por tupper, en el microondas otro tanto por calentada, recuerda Maribel. El día de visita, los familiares se sientan en una mesa en el patio y por su uso hasta las cinco de la tarde pagan 30 pesos por recluso.
Daneira tiene dos hijos de seis y siete años y Yuriko, madre soltera, otros dos de cuatro y siete años. Su abuela Maribel, que regenta una papelería en el pueblo, se hizo cargo del cuidado y los gastos de todos. También recibieron el apoyo de la comunidad para contratar los abogados e ir todos los sábados a ver a las familias “en el medio que se pudiera”.
Horas antes, alrededor de la una y veinte de la tarde, una mujer sale corriendo del juzgado, grita. Inmediatamente, las personas que se concentraban a la puerta —alrededor de un centenar— estallan en júbilo al entenderlo: la tormenta había terminado. Los seis quedaban absueltos. Las consignas pasaban de reivindicativas a celebratorias. “Sí se pudo”. “Que sí, que no, que como chingados no”. Un hombre resumía la alegría entre los abrazos, gritos y llantos de alegría: “¡Mi papá está libre, ya estamos completos!”
Presos políticos
Todos lo tienen claro: a los vecinos de Salazar los encerraron por defender su territorio de la especulación inmobiliaria, por querer mantener su cultura tradicional, trabajando la milpa, aunque eso no les alcance para pagar todos sus gastos y tengan que hacer otros trabajos. Por querer seguir siendo un pueblo humilde y, sobre todo, por rechazar que lleguen nuevos vecinos mucho más ricos a construir sus fincas privadas.
A los vecinos de Salazar los encerraron por defender su territorio de la especulación inmobiliaria
El código penal mexicano no contempla delitos políticos, pero el nuevo gobierno federal reconoce la causa política de procesos como este. “Jurídicamente no hay presos políticos, lo que hemos identificado es que se han utilizado otro tipo de delitos para criminalizar a las personas”, explica Neftalí Granados, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos (dependiente de Segob), que dirige Alejandro Encinas.
Granados destaca que la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos fue uno de los cien compromisos que tomó López Obrador el 1 de diciembre. Desde entonces, contando a los seis de Salazar, son 31 los presos políticos liberados. Antes les llegó el turno a los defensores del agua de Tlanixco (Estado de México) y a militantes y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), arrestados por protestas contra la reforma educativa promovida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El papel de la Subsecretaría está siendo dar seguimiento a los casos buscando que se siga el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los acusados. El gobierno federal se mueve en una actuación discreta, con apego a los límites que marca la autonomía del poder judicial y las competencias territoriales propias del régimen federal. Sin embargo, su mera presencia en las vistas y el diálogo con los gobiernos estatales contribuyen a que no haya irregularidades.
Ya con el litigio agrario perdido e iniciada la vía penal contra los ocho de Salazar, personas vinculadas al grupo que quiso comprar los terrenos de Salazar trataron de ocupar de nuevo una parcela en diciembre de 2017. La comunidad, organizada, no permitió que entrara la maquinaria, cuenta Gustavo Vilchis. Y eso a pesar de que habían contratado a un grupo de golpeadores traídos de fuera, como corrobora la licenciada Goujón.
Dice Gustavo que, después del operativo de detención, muchos en el pueblo tenían miedo. Luego, al desarrollarse el litigo penal con abogados, se dieron cuenta de que ya no iba a haber más aprehensiones.
Dice Fermín que la comunidad está ahora más unida que nunca. “Créeme que en este momento no tenemos miedo de los empresarios, de los políticos que quieran nuestras tierras porque ya los enfrentamos una vez y lo seguiremos haciendo”, asegura Fermín. Queda pendiente la pregunta sobre una reparación posible del daño sufrido: moral, psicológico, económico, y cuál no. Falta saber si habrá consecuencias para quienes les hicieron pasar por ese infierno que comenzó el 31 de agosto de 2017.
Fiesta
En Salazar, suenan las campanas por tercera vez en esta historia. Por el ambiente del pueblo, uno podría pensar que la selección ha logrado el pase a octavos de final. Los coches tocan sus cláxones: las familias y los recién liberados llegan al pueblo de Salazar en caravana. Son las diez de la noche, llueve. Grupos de personas aplauden, corren por la calle en dirección a la iglesia, se tiran cohetes.
Es un día de fiesta que comienza en la iglesia, con una gran concentración de los habitantes y rezos conjuntos. También se canta “Judas Tadeo, ra, ra, ra” y “el mero mero es el Señor”. Un grupo de mariachis conduce a la multitud desde el templo hasta un salón comunitario, donde se pronuncia algún discurso, se da mucha comida y de degusta un poco de pulque.
La gente se abraza y platica como no había platicado desde hacía mucho tiempo. Es, después de casi dos años, un día de victoria.
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