Luz Adriana, morir en la “ciudad segura”
Al oriente de la Ciudad de México, sobre Av. las Torres, en la delegación Iztapalapa y a unos metros de la colonia Santa Maria Aztahuacan, se encuentra el “Paseo Cultural Mujeres Libres”, un parque inaugurado en 2012 por la entonces delegada Clara Brugada. El lugar, descuidado y abandonado, tiene en el centro un mural que apenas se distingue: caras de mujeres despintadas sobresalen entre la basura que se acumula en el sitio. La delegación destaca, en cambio, por el alto número de feminicidios que se registran, pues 14 de los 74 crímenes cometidos contra mujeres en 2016 en la Ciudad de México fueron perpetrados aquí.
A unas cuadras del paseo se encuentra la casa de Luz Adriana Castillo Vázquez, de 19 años, quien al igual que el parque y miles de mujeres en el país, fue abandonada por las autoridades.
Luz salió de su casa el pasado 31 de marzo, pero nunca regresó.
Wendy Vásquez, su madre, llamó la noche de su desaparición a Locatel. La respuesta que obtuvo fue que debía esperar 72 horas para levantar una denuncia en el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA). “Hay que asegurarse de que no se haya ido con el novio o a una fiesta”, le dijeron.
Sí, Luz había ido con su novio, pero no había regresado a casa. Dejó cosas pendientes, no llevaba dinero y no respondía su celular. Esos eran motivos suficientes para sospechar que se encontraba en peligro. Días después, Wendy supo que la última persona que vio a su hija con vida fue, en efecto, su pareja, quien le aseguró que después de una pelea, Luz se fue, sin que él supiera tampoco nada más de ella.
El 2 de marzo sus familiares finalmente pudieron levantar la denuncia en CAPEA. A Wendy le dieron una hoja con los datos de su hija y una fotografía, le sugirieron sacar algunas copias y repartirlas por las zonas que Luz frecuentaba. Pegaron carteles, preguntaron en las calles, hicieron todo aquello que estaba en sus manos para localizarla con vida. La Alerta Amber vino hasta el 6 de abril, casi una semana después de su desaparición.
Aunque desde 2008 los protocolos de CAPEA fueron modificados para que los reportes pudieran ser elaborados de manera inmediata, el mito de las 72 horas sigue presente entre el personal que brinda atención tanto en el Centro, así como en Locatel. CAPEA, creado en 1990, tendría la capacidad de coordinar el trabajo de hospitales, albergues, el Servicio Médico Forense, centros de reclusión, las agencias del Ministerio Público y otras instancias públicas y privadas para facilitar el rastreo y localización de personas extraviadas.
Las autoridades solo repetían la misma negativa: que no contaban con más información.
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La familia de Luz pasó semanas angustiosas y sin pistas de su paradero. Recopilaron pruebas y trataron de armar el rompecabezas. Por su parte, las autoridades solo repetían la misma negativa: que no contaban con más información. Desesperada, la madre de Luz logró acceder a las redes sociales de su hija para obtener más datos, una acción que la policía cibernética se negó a hacer.
El 27 de abril la familia de Luz recibió una llamada que nunca hubieran querido recibir. Tenían que acudir al Semefo a identificar un cuerpo que tenía en el lugar poco más de dos semanas y se presumía podría ser el de Luz. Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraban los restos, fue necesario realizar una prueba de ADN para corroborar su identidad. De los estudios se desprendió que Luz había sido asesinada desde el día de su desaparición. Su cuerpo yacía anónimo en una plancha del servicio en la Colonia Doctores desde el 8 de abril, pero por alguna razón las autoridades tardaron 19 días en notificarlo.
Desde entonces la familia de Luz ha recabado la información necesaria para señalar al asesino de su hija, el cual se encuentra plenamente identificado. Fueron sus familiares quienes recopilaron pruebas y testimonios que apuntan al asesino, y sin embargo, las autoridades aún no han actuado. Por otra parte, en el lugar en el que se encontró el cuerpo de Luz, sus familiares descubrieron que había tres cámaras de seguridad pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Además, recabaron con pistas que apuntaban a que Luz había estado en el metro horas antes de su muerte, por lo que seguramente existiría material audiovisual útil para la investigación. El acceso a los videos de la SSP y a los del metro, sin embargo, les fue negado, argumentando que debido a sus protocolos, el material de las cámaras era eliminado cada siete días, y para el tiempo en que les giraron los oficios necesarios para obtener los videos, ya habían pasado dos semanas.
Con Luz son 23 los feminicidios perpetrados este año en la capital del país. Sin embargo, esta cifra excluye casi el 60% de los homicidios violentos en contra de mujeres que la PGJDF no ha considerado en este rubro.
Los padres de Luz esperan que este no sea el caso de su hija: exigen que sea investigado como feminicidio para que su asesino sea condenado con ese agravante. Las condiciones en las que fue cometido el crimen incluyeron amenazas, violencia y acoso previo de su feminicida, razón suficiente para considerarlo en esa categoría.
Sus padres se encuentran ahora en espera de justicia, exigiendo que la corrupción y el mal actuar de las autoridades no sea un obstáculo más al que tengan que enfrentarse ellos o las cientos de familias que se encuentran en una situación similar.
CRÉDITOS
Texto: Alexandria Sevilla Edición: César Alan Ruiz Galicia Fotos: Annick Donkers Diseño web: Francisco Trejo Corona Ilustración: Mikels López
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1 comentario
Authoridades pertinentes; ya se estan tardando demasiado En