Desde 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría de la República Mexicana (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) han gastado cerca de 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa israelí: NSO Group. Dichos programas, utilizados como una supuesta herramienta para ayudar a resguardar la seguridad nacional,  han sido utilizados para espiar a un menor de edad, activistas y periodistas.

1. Un poco de contexto:

La empresa NSO dice vender el software Pegasus de manera exclusiva a gobiernos para combatir al terrorismo, grupos criminales y cárteles de drogas. Sin embargo a principios de este año comenzaron a denunciarse intentos de intervención de este software en dispositivos móviles de activistas que buscaban la implementación de impuestos al refresco para detener el consumo de esta bebida. 

Ante el silencio del gobierno mexicano por las denuncias, una decena de organizaciones no gubernamentales que mantenían un acuerdo para colaborar con la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), decidieron retirarse de dicho espacio en mayo de este año. Las ONGs atribuyeron su decisión a la pérdida de confianza y falta de condiciones óptimas  de creación, diálogo y participación libre y segura con el gobierno federal.

A casi un mes del rompimiento R3D, ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC, han presentado un informe donde documentan 76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores humanos en México. Estos ataques fueron hechos entre 2015 y julio de 2016, en momentos clave.

2. ¿Qué hace Pegasus?

A través de mensajes de texto con links maliciosos el sotware se instala en tu teléfono inteligente permitiendo el acceso no solo a las llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, sino que le permite activar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.

3. ¿Eso es legal?

No precisamente.

Según la ley mexicana sólo un juez federal estaría facultado para autorizar este tipo de intervenciones, siempre y cuando los funcionarios que pretendieran utilizar esta herramienta demostraran que los objetivos fueran una amenaza a la seguridad nacional o que estuvieran sido investigados por delitos graves. Según lo declarado por Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México al New York Times: “Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”.

4. ¿Quiénes son los afectados?

En primer momento se documentaron los casos de Alejandro Calvillo (director del Poder al Consumidor), Luis Manuel Encarnación (director de la Fundación Mídete) y Simón Banquera (director del Instituto Nacional de la Salud Pública). Sin embargo en este informe han sido documentados cinco casos, cada uno apunta a diversos personajes, que a su vez han sido atacados en más de una ocasión:

–Personal del Centro Prodh: Mario Patrón, Stephanie Brower y Santiago Aguirre. Esto durante coyunturas como el décimo aniversarios de la represión en Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del informe final del caso Ayotzinapa por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

–Aristegui Noticias: Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán (Emilio, el hijo de Cármen Aristegui en ese entonces era menor de edad). Fueron 12 los intentos de intervención en varios momentos, entre ellos durante la publicación del reportaje de La Casa Blanca, durante la coyuntura de su despido de MVS y cuando fue revelada la investigación que relacionaba a los directores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en conversaciones con el presidente del consejo de administración de OHL México

– Carlos Loret de Mola al escribir sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán.

– Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (Juan Pardinas, Alexandra Zapata) en la presentación del proyecto de ley 3 de 3.

-Mexicanos contra la corrupción (Salvador Camarena, Daniel Lizarraga) tras la publicación del reportaje sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, en el cual colaboró la organización.

La documentación de estos 76 casos, junto con muchos más que aún no han sido publicados, dan cuenta del mecanismo ilegal de espionaje del gobierno mexicano contra ciudadanos. Demostrando así que no son casos aislados, sino una forma sistemática de espionaje.

Para leer el informe completo puedes hacer click aquí.