Cuando un municipio y su estado se enfrentan por seguridad: el caso de Jalisco
El problema de la seguridad ha tomado tintes políticos en Jalisco: desde hace algunos meses, el fiscal del estado Eduardo Almaguer se ha enfrentado con el gobierno de Enrique Alfaro, de Guadalajara. En el reciente capítulo, Enrique Alfaro acusó al fiscal, Eduardo Almaguer, de liderar una institución que protege a los delincuentes.
Los hechos ocurrieron cuando la policía municipal había detenido a un supuesto ladrón y personal de la Fiscalía en el lugar de los hechos acudió a liberarlo. La versión de Almaguer es que 5 sujetos se hicieron pasar por policías de Guadalajara y que la Fiscalía procedió en contra de los usurpadores.
Salvador Caro, comisario de Guadalajara, ha declarado que los delincuentes que atrapa el gobierno municipal son liberados días después por la Fiscalía. Ante esos supuestos Alfaro afirma que “es el colmo”.
El conflicto ha llevado a dimes y diretes entre la clase política de Jalisco
Golpeteo de políticos: Alfaro exige renuncia de Almaguer y Petersen de Caro. Y Almaguer tiende la mano a Alfaro https://t.co/6k4fiwgNGO pic.twitter.com/f3xKQkOcpK
— Conciencia Pública (@concienciapubli) April 23, 2017
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El conflicto siguió: Enrique Alfaro retomó la detención de un supuesto ladrón de manera reiterada con tan sólo ocho días de diferencia, lo que encendió la polémica de nuevo:
“Para que vean que no es broma ni exageración, sólo ocho días fueron suficientes para que volvieran a capturar al mismo ladrón de casas que tendría que estar en la cárcel y que soltaron…la cosa es que su cinismo tiene explicación y es que ya sabe que va a entrar y salir de la Fiscalía como Pedro por su casa” publicó el alcalde en sus redes sociales.
Mientras que el Fiscal le respondió:
“Echar la culpa a la Fiscalía o a otras instancias, como slogan político, lo entiendo, pero como Fiscal General del Estado no lo justifico ni lo acepto. Usted y yo sabemos que ni la Policía Municipal, ni tampoco la Fiscalía buscan liberar delincuentes”- respondió el Fiscal, invitando al alcalde a plantear modificaciones al Código Penal.
El pasado 23 de marzo, el periódico local El Informador dio a conocer que seis funcionarios del área de reclusorios fueron separados de su cargo al incumplir órdenes de aprehensión y liberar a seis delincuentes. Vale mencionar que este personal depende de la Fiscalía del Estado:
“Por incumplir una orden de aprehensión contra un sujeto que salió libre de la cárcel, el área de Visitaduría de la Fiscalía General del estado instauró procedimientos de responsabilidad administrativa y penal en contra de seis integrantes del área de Reclusorios de la dependencia. Los funcionarios ya fueron separados de sus cargos mientras se realizan las investigaciones para deslindar su posible responsabilidad en la liberación de esta persona, informó el fiscal de Reinserción Social, Carlos Zamudio Grave.”
Además del imputado, se ordenó la liberación de otros 5 delincuentes arrestados por el delito de robo de vehículos.
Por ahora el conflicto entre las dos instituciones no ha hecho más que crecer y tensar la gobernabilidad del estado. ¿Quién lo dentendrá?
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