Los gobernadores virreyes. El nuevo fenómeno político en México.
No hace mucho tiempo, este medio informativo publicó un infograma que lleva por título ‘’8 ex gobernadores para recordar’’. También, el 15 de junio del presente año, Joséfina Vázquez Mota escribió una columna de opinión titulada: ‘’Gobernadores, no virreyes’’. En fechas más recientes, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado federal del PMC, también le dedicó una columna a los ex gobernadores Guillermo Padrés (Sonora) y Javier Duarte (Veracruz) que llevaba por título ‘’Gobernadores feudales y corrupción’’.
Del año 2000 a la fecha pareciera que la política nacional sigue una tendencia en la que los gobernadores de corte virreinal o feudal son la nueva constante en las entidades federativas. Los ejemplos de estos gobiernos sobran, y las instituciones políticas nacionales no han sido capaces de revertir este nuevo fenómeno que parece establecerse en el marco de una democracia endeble. Entre los principales responsables se encuentran nuestro sistema de partidos, que convirtió la pluralidad política conseguida en las Cámaras Legislativas en un espacio ampliado de luchas electorales. También esta el pobre diseño institucional de los congresos locales para ser instituciones sólidas y capaces de hacer frente como un debido contrapeso de los Ejecutivos estatales. Por último, como responsables también se encuentran los actores y miembros de la clase política, los intereses particularistas que los llevan a explotar los espacios de poder arbitrariamente, alejados de la idea del servicio público y el bien colectivo.
Si analizamos los factores que originaron estos gobiernos, encontraremos que el vacío de poder que generó la transición a la democracia, les brindó a los gobernadores mayor autonomía política. Posteriormente, en un intento por negociar con las fuerzas partidistas opositoras, el Ejecutivo encabezado por Vicente Fox dotó a las entidades federativas de mayores recursos financieros sin controles y mecanismos efectivos para verificar el destino de los mismos. Sin embargo, bajo este panorama y con las condiciones a favor para realizar buenos ejercicios de gobierno, los gobernadores de la post-alternancia se encargaron de convertir eventos positivos como una mayor autonomía política y una mayor cantidad de recursos, en gobiernos unipersonales, donde el capricho y la irresponsabilidad política convergen en un marco de impunidad garantizada y de castigos simulados.
A simple vista, pareciera que el viejo régimen, en el que el Presidente de la República gozaba de un poder infinito que le otorgaba ‘’facultades metaconstitucionales’’ se trasladó (con diferentes características) a los Ejecutivos estatales. Los gobernadores ya no ven al presidente de la República como la figura todopoderosa del cual depende su futuro político. En cambio, los gobernadores sí son vistos por los diputados locales y los presidentes municipales de su partido como los jefes máximos de su partido en la entidad federativa. Lo anterior se traduce en un fuerte respaldo partidista para los gobernadores y las políticas que estos decidan implementar en el estado.
Es por esto que en los 16 años posteriores a la alternancia política, los ciudadanos mexicanos han transitado de la esperanza al desencanto. Aquel gran evento democrático, en el que el PAN logró sacar al PRI de Los Pinos, hoy se encuentra opacado no sólo por el pobre desempeño de los ejecutivos federales, sino también por los malogrados gobiernos estatales.
Transitar a una democracia de calidad, dependerá en buena medida de la capacidad de nuestras instituciones para castigar a los actores políticos ‘corruptos’. Existe la sensación de que muchos de las persecuciones y castigos políticos tienen por objetivo los fines políticos-electorales por encima de los sociales. Si nuestros actores políticos y nuestras instituciones continúan en el juego de la simulación de justicia, el objetivo de la consolidación democrática seguirá pendiente por un tiempo indefinido.
La democracia mexicana ya no debe permitir el surgimiento de gobernadores unipersonales que incrementan la deuda en sus estados. Se deben fortalecer los congresos locales para que comiencen a funcionar como una verdadera institución de contrapeso hacia los ejecutivos estatales. Los ciudadanos deben permanecer atentos y en constante vigilancia de las instituciones políticas encargadas de velar por el bien colectivo.
José Pedro Chong, estudiante de la maestría en Ciencia Política en el Colegio de Sonora.