(In) Justicia para los desaparecidos

Erika Cueto se plancha el cabello como todos los días. Ya se le hizo tarde y sale corriendo a una cita de trabajo. Conduce un pequeño auto color rosa, poco común y llamativo en la ciudad de Puerto Vallarta. Es el 12 de noviembre del 2014 y ya comenzó la temporada alta. Hay turistas por todos lados y el clima está perfecto. A los 2.30 de la tarde, Erika y su carro se esfuman. Nadie vio nada. Su carro fue abandonado y pintado de blanco seis días después al lado de un río en Puerto Vallarta. Pero de Erika no se sabe nada.

Este mes se cumplen dos años sin ella. El calvario de injusticias, mentiras y el discurso de “estamos trabajando” por parte de las autoridades ha mermado a la familia de Erika, pero no son los únicos: así le ocurre también a los familiares de los miles de desaparecidos en todo el país. Lo único cierto es que no los buscan.

La llegada de Felipe Calderon a la presidencia trajo la “guerra contra el narco” y junto con ella, “daños colaterales” entre los que se incluyen los desaparecidos, esos a los que el gobierno vuelve a desaparecer al negar dicho fenómeno. Con la llegada de Peña Nieto, el número de desaparecidos sigue aumentando y no para, al punto en que empieza a ser normalizado.

Las autoridades revictimizan a los desaparecidos diciendo que “andaban en malos pasos”, que “se fueron con el novio”, etc. Esta es una manera de no buscarlos. En México, cualquier persona puede desaparecer, a cualquier hora y en cualquier lugar. No importa si son buenos o malos, pobres o ricos, hombres, mujeres o niños.

La realidad de las víctimas de los crímenes en México es que nos enfrentamos a un sistema de gobierno corrupto, impune y coludido con los criminales. Los familiares y amigos de personas desaparecidas viven en la desesperanza, la falta de confianza, la impotencia, la angustia, el enojo y el miedo.

Los familiares de desaparecidos deben enfrentar un “sistema de justicia” que busca culpables y no desaparecidos. No existe el derecho a ser encontrados. La falta de garantías de seguridad y la incertidumbre de que la misma autoridad esté involucrada en el delito, ha provocado que muchas víctimas, por miedo, ni denuncien ni busquen a su ser querido.

Las autoridades nos han negado el derecho a encontrarlos. No tienen voluntad. La injusticia e impotencia han llevado a que las familias seamos quienes investigamos y los buscamos con recursos propios, en un ambiente de inseguridad y muchas veces llegando a ser amenazados por criminales. Las autoridades hasta tienen el descaro de negar información de la investigación por el supuesto “sigilo” que hay que guardar, y reprenden a los familiares porque dicen que el trabajo de búsqueda les corresponde a ellos y no a nosotros. Pero la desaparición de un ser querido provoca un dolor tan grande que la necesidad de encontralos es más grande que el miedo. Y las autoridades en lugar de apoyar, revictimizan, criminalizan y no brindan protección.

Además de las miles de familias que buscan en solitario, han surgido también organizaciones a lo largo del país como el Comité los Otros desaparecidos de Iguala, las Rastreadoras de Sinaloa, grupo VIDA, Fundej, Fundem, Fuundec, Colectivo Solecito y muchos más. Los buscan vivos o muertos, en cárceles, burdeles, fosas clandestinas, centros de exterminio, etc. La búsqueda es agotadora y desgastante.

Muchos pensarían que no hay que renunciar a la búsqueda de la justicia, pero cuando existe una ley obsoleta, y autoridades corruptas y con intereses ajenos al bien común, la lucha se vuelve de vida o muerte y merma en todos los niveles: económico, psicológico y familiar, convirtiéndolo en un fenómeno social muy complejo. Los familiares dejan de trabajar para buscar, y si no pueden porque tienen que mantener a los otros miembros de su familia, viven en una impotencia muy grande, sometidos a la angustia, ansiedad, insomnio y enfermedad. Esta tragedia es exponencial porque afecta no sólo a la familia inmediata del desaparecido, sino incluso a amigos, vecinos y personas que lo conocen. Hay familiares que están dispuestos a luchar, pero otros no resisten. Y las autoridades apuestan al cansancio y el olvido. Ante ese panorama, muchos dejan de pedir justicia y se dedican a buscar a su familiar por su cuenta.

La indolencia de las autoridades nos ha enseñado que la justicia no se da, se exige, se grita, se lucha. Las autoridades quieren que supliquemos por algo que nos merecemos. Pero ya no mendigamos justicia, ya nos cansamos: ahora la exigimos.

¿Qué más le da a las autoridades encontrar al culpable, si la ley protege al criminal, que tiene derecho a no declarar? En estos casos, lo ideal sería la negociación, porque el interés principal es encontrar al desaparecido. Pero la ley ni siquiera contempla la figura de la “desaparición” y mucho menos permite la negociación, por lo que existe un vacio legal. Ante todo esto, es casi imposible encontrar a un desaparecido.

El sistema de justicia es obsoleto. La ley no esta diseñada para impartir justicia. El gobierno creó la Comision Ejecutiva de Atencion a Victimas (CEAV), organismo que según su descripción en su pagina de internet: “Atendemos y apoyamos a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos. Nuestro fin es que las personas obtengan verdad, justicia y reparación del daño para que, en la medida de lo posible, recuperen un proyecto de futuro”.

Pero este organismo desde un comienzo no ha funcionado. Las víctimas de desaparecidos que se acercan a ese instrumento se enfrentan a una serie de requerimientos absurdos para obtener apoyo. Incluso el 13 de noviembre, mediante una carta pública, organizaciones de víctimas y especialistas demandaron que el actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, deje su cargo, manifestando entre otras cosas:

“Ha sustituido el derecho a la verdad y a la justicia por indemnizaciones, como si el sufrimiento y los derechos de las víctimas pudieran comprarse”.  Aunado a lo anterior, la reparación del daño y justicia sólo se daría a partir de la localización de la persona desaparecida, lo que no ocurre por la corrupción, falta de voluntad y recursos que impera en el gobierno.

Grupos de familias de desaparecidos y organizaciones han formado el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quienes llevan una campaña muy fuerte para exigirle a los legisladores que aprueben la Ley de Desaparición que incluya la experiencia de las familias, quienes nos hemos convertido en investigadores, abogados y forenses, y sabemos exactamente lo que se necesita para que la ley funcione de manera correcta. Necesitamos que se le asigne el presupuesto suficiente para que funcione con eficacia. Sería un primer paso hacia un mejor sistema de justicia.

Vale decir que la indolencia, la apatía y el olvido no sólo se dan por medio de las autoridades, sino también de la sociedad civil. El gobierno apuesta por una sociedad fragmentada, sin memoria histórica. Necesitamos lo contrario: una sociedad civil comprometida, en resistencia, solidaria con todas las luchas. Que exista un frente común y que cuando se exija algo, se unan todo tipo de organizaciones, de personas, y no sólo los afectados directamente.

La justicia por nuestros desaparecidos podrá llegar cuando las autoridades acepten que el problema es real y exista voluntad para trabajar en resolverlo y sobretodo prevenirlo. Cuando se luche de fondo contra la corrupción e impunidad, y no se hable del Procurador General como el “zar anticorrupción”, cuando en la procuraduría nunca se preocupó siquiera por hablar del problema. Cuando las autoridades acepten que las familias son parte esencial de la búsqueda y se asignen todos los recursos necesarios para ello. Cuando se combata al crimen de una manera real  y no simulada. Cuando se incluya una ley congruente y actualizada; cuando realmente busquen y encuentren. Cuando la sociedad civil luche hombro con hombro con las víctimas. Un ejemplo son las Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, quienes incluso revolucionaron el sistema forense.., mientras que en Mexico las familias llegan a encontrar cuerpos y osamentas donde las autoridades supuestamente ya habían buscado.

Hasta que no pase esto,  seguiremos viviendo en un país injusto, violento y con miedo todos los días a desaparecer y nunca regresar a casa.