A dos años de la masacre de Tlatlaya, la investigación sumida en la impunidad: ONGs

Según un informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2014, el 30 de junio de ese mismo año, militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega en Tlatlaya. La versión del  gobierno estatal y federal apuntaba a que las 22 personas habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército.

La CNDH pudo comprobar que la escena del crimen fue alterada, el reporte apunta que “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”, no fue posible establecer “precisamente quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas”.

Todo comenzó la madrugada del 30 de junio, cuando ocho militares del 102° Batallón de Infantería efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Federal Número 2. En las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya. Al pasar frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas, el sargento segundo de Infantería dijo haberse percatado  de que había una persona armada cuidando la bodega y, además, tres vehículos en su interior. El sargento informó a sus compañeros y el vehículo detuvo su marcha.

A las 4:20 horas de la madrugada comenzó el  intercambio de disparos, según testimonios de cinco vecinos de San Pedro Limón. Los militares  aseguraron que ellos fueron agredidos primero por las personas que estaban dentro de la bodega, por lo que repelieron el ataque. La versión de una sobreviviente y testigo de los hechos es distinta: los militares dispararon primero mientras todos dormían en la bodega.

En el informe elaborado por el Centro Pro de Derechos Humanos en julio de 2015 se detalla la orden expresa y por escrito que tenían los militares  de “abatir a delincuentes en horas de oscuridad”. Esta investigación cuenta con una orden recibida del teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien iba al frente del grupo militar, y en cuyo inciso VII se lee: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario”.

En un comunicado firmado por diversas organizaciones sociales, entre ellas Artículo 19, en Centro Pro, la Fundación para la Justicia y Serapaz, aseguran que hasta el momento no hay ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles.

El pasado mes de mayo el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, dando por probados los hechos pero alegando falta de elementos para responsabilizar en lo individual a los soldados. “Esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal. Una prueba de ello es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, ésta sigue sin ser investigada.”, aseguran en el comunicado las organizaciones.

En el escrito los defensores de derechos humanos exigen que las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos, respondan ante la justicia. A su vez denunciaron los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez. Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables.