¿Qué está pasando con el Sistema Nacional Anticorrupción?

El 3 de 3 es una legítima demanda ciudadana, uno de los retos más importantes que la sociedad civil organizada le ha planteado a la clase política y la propuesta más conocida del Sistema Nacional Anticorrupción. La discusión pública se ha centrado fundamentalmente en el futuro de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses y en la negativa del PRI y el PVEM para incorporarlas a la ley de forma obligatoria, completa y pública.

Sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupcción tiene alcances que van más allá del 3 de 3 y una trascendencia mayúscula para la transformación de las instituciones del país. Por esto resulta importante hacer un recuento de lo que ha estado pasando con la discusión de este tema, adelantando que la principal causa del atraso de su aprobación tiene que ver con la intención del PRI y sus aliados para «descafeinar» este paquete de iniciativas y dejar un margen amplio que permita la corrupcción y la impunidad.

¿Qué ha pasado con el 3 de 3 y el Sistema Nacional Anticorrupción?

1) El Sistema Nacional Anticorrupción se discute en el Senado de la República. Esta es la Cámara de origen porque, luego de que el Ejecutivo Federal renunció a presentar una iniciativa, en el Senado se presentaron iniciativas del PRI, del PAN, del PRD y de los más de 600 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa de “Ley 3de3”. Es en el Senado donde se ha llevado a cabo la discusión del Sistema, donde se han hecho las negociaciones y mesas de trabajo con la sociedad civil, y donde deben dictaminar las comisiones legislativas.

2) Hoy está claro que el Sistema Nacional Anticorrupción quedó reducido al intercambio de intereses partidistas. Al igual que muchos mexicanos, nosotros estamos convencidos que la discusión de esta reforma implica la refundación de muchas instituciones, implica un verdadero momento de transformación estructural, implica una oportunidad para frenar la corrupción y la impunidad, pero desafortunadamente se tergiversó en un episodio más de las negociaciones entre cúpulas partidistas. Todos los ciudadanos debemos lamentar esta falta de madurez política.

3) Las fuerzas políticas en el Senado de la República, en particular el PRI y el PVEM, demostraron su incapacidad para procesar las demandas ciudadanas, porque no quisieron articular y traducir de manera fiel una iniciativa ciudadana que fue firmada por más de 600 mil mexicanos. Esto deja en claro que los que no están preparados para la participación ciudadana en México, no son los ciudadanos, sino los partidos políticos, que de un plumazo le dan la espalda a una serie de exigencias de más de medio millón de ciudadanos.

4) Por su parte, el PAN y el PRD volvieron a demostrar que ya no son una oposición a la altura de los mexicanos. Quisieron apoderarse de una bandera ciudadana sin disposición a defenderla, convirtiéndola simplemente en un instrumento de negociación partidista, en una carta para negociar sus propios intereses al interior de la Cámara de Senadores, y prueba de ello es el condicionamiento que estos partidos hicieron de temas como el mando mixto policiaco o la despenalización de la mariguana. Además, PAN y PRD constituyen una mayoría en el Senado, la cual no se ha reflejado en la defensa de la iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3.

5) Los principales temas que han generado controversia en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción son los siguientes:

1. 3 de 3. Mientras los ciudadanos exigen que las declaraciones 3 de 3 sean obligatorias, completas y públicas, los partidos políticos en el Senado han elaborado una versión descafeinada, voluntaria y no pública.

1. Pretenden que las declaraciones fiscales no sean públicas de manera íntegra, que la publicación de las declaraciones patrimonial y de intereses sean voluntarias, y que además se puedan reservar información sobre las mismas, y que incluso no estén obligados a documentar la información de sus cónyuges o parientes lo que legaliza el ocultamiento de patrimonio. Esto es lo que se ha llamado el 3 de 3 descafeinado. Para Movimiento Ciudadano, como para millones de mexicanos, es indispensable que las declaraciones 3 de 3 sean obligatorias, completas y públicas.

2. Sistema de Adquisiciones, Arrendamientos y Obras Públicas. El Sistema Nacional Anticorrupción contempla la creación de varios subsistemas de información públicos para monitorear actividades estratégicas, como el de servidores públicos sancionados, el sistema de denuncias, entre otros. Hoy se corre el riesgo de que se deje fuera el Sistema de Adquisiciones, que permitiría transparentar y escrutar estos procesos, que son una de las principales fuentes de corrupción. Valga mencionar que además de este tema, en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción quedó anulada la posibilidad de una revisión y discusión integral sobre el modelo de adquisiciones.

3. Prescripción de las faltas. Mientras el PRI y PVEM pretenden que todo se mantenga prácticamente igual, planteando que el plazo para la prescripción de las faltas no graves sea de 3 años y para las graves de 7 años, algunas voces proponen ampliar este plazo de 7 a 10 años, respectivamente. Este no es un tema menor, ya que tendría un gran impacto en la posibilidad de llamar a rendir a cuentas a quienes cometan actos de corrupción.

4. Capacidad de investigación de la Auditoría Superior de la Federación. En el proyecto de dictamen que se pretende someter a discusión, consideramos que se limita la capacidad investigadora de la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías locales, estableciendo que sólo podrán atraer casos graves cuando “se detecten daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos”, debiendo declinar su competencia a los órganos internos de control de cada dependencia. Nosotros creemos que las Auditorías deben tener la facultad de atraer cualquier caso que consideren grave sin limitaciones o impedimentos que sólo generan ambigüedad y obstáculos para cumplir la ley.

5. Oposición a romper el secreto bancario. El PRI y el PVEM se oponen a que en la investigación de faltas graves, las autoridades investigadoras puedan acceder a la información financiera del denunciado, sin embargo nosotros creemos que en estas investigaciones no se puede invocar la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil o bancaria, y así lo establece la misma Constitución (artículo 109, antepenúltimo párrafo). Nuevamente, buscan poner limitaciones para obstaculizar el cumplimiento de la ley.

6. Protección de testigos y denunciantes. En los predictámenes a discusión, se plantean disposiciones limitadas y ambiguas que dejan en la indefensión a los denunciantes de actos de corrupción, mientras que nosotros creemos que se deben especificar medidas concretas de protección a testigos y denunciantes, como evitar que sea vulnerada su identidad, proteger su integridad, la de sus bienes, sus derechos laborales, y de sus familiares.

7. Denuncias y carga de la prueba. La propuesta que actualmente se discute en el Senado, de manera regresiva, establece la condición de que el denunciante de un acto de corrupción deba presentar las pruebas correspondientes, y que dichas denuncias y pruebas deberán estar vinculadas a la gestión financiera. Nosotros consideramos indispensable eliminar estas limitaciones y permitir que pueda denunciarse e investigarse cualquier falta administrativa grave o no grave, y que sea la autoridad investigadora competente la obligada a recabar las pruebas.

8. Antimoches. No ha existido voluntad para incorporar medidas específicas para contener y castigar los actos de corrupción que pudieran darse en los procesos de aprobación de los presupuestos federales y estatales mediante la gestión de recursos y la consiguiente exigencia de una dádiva o comisión por parte de los legisladores. Movimiento Ciudadano continuará insistiendo en incorporar este tema a la agenda pública.

9. Fiscalía Anticorrupción. A casi dos años de publicado el decreto que crea esta Fiscalía, no se ha puesto en funcionamiento. Esta omisión, se ha dicho, es por la falta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pero lo cierto es que no se puede crear el Sistema Nacional Anticorrupción sin una Fiscalía, dado que existiría un vacío enorme en el andamiaje institucional, ya que la función de ministerio público especializada en corrupción sería inoperante. Para nosotros es evidente que la oportunidad y el momento para crear la Fiscalía Anticorrupción es justamente en el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

10. Nombramiento del Secretario de la Función Pública. Para el PRI este no es un tema de interés, pero muchas voces estamos planteando fijar requisitos específicos para que en el nombramiento del Secretario de la Función Pública se considere la experiencia, la no filiación partidista, la no existencia de conflictos de interés, entre otros. Nosotros también creemos que es tiempo de iniciar una revisión sobre los mecanismos de control constitucional, para analizar la incorporación de la figura de “voto de no confianza” para quien ocupe este cargo del Gobierno Federal.

11. Nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El proyecto de dictamen plantea que el Presidente de la República presente sus propuestas ante el Senado sin ningún mecanismo de evaluación a los aspirantes, mientras que nosotros sostenemos, como lo hemos hecho durante los últimos años, que los magistrados y en especial los encargados de investigar los actos de corrupción, deberían pasar por un proceso de concurso de oposición, probar su experiencia y honorabilidad, someterse a evaluaciones y audiencias, y todo esto en un marco de transparencia y parlamento abierto, no mediante cuotas partidistas.

    ---

12. Presidencia del Sistema Nacional de Fiscalización. El proyecto de dictamen plantea que este subsistema sea presidido de manera dual por el titular de la Auditoría Superior de la Federación y por el Secretario de la Función Pública, lo cual nosotros consideramos que en primer lugar es inoperante, y en segundo lugar, es riesgoso y equivocado, porque de esta manera el Poder Ejecutivo, a través de una de sus Secretarías, tendría injerencia directa sobre la política nacional de fiscalización superior, una función que debe ejercerse en plena autonomía e independencia.

6) El lunes pasado debían sesionar las comisiones del Senado de la República, para discutir y aprobar los dictámenes del Sistema Anticorrupción de cara a un periodo extraordinario de sesiones. Esto no sucedió, por el contrario los Senadores integrantes de las tres comisiones dictaminadoras, evidenciaron que son representantes, no de los ciudadanos, sino de los partidos de siempre, al haber convocado a las organizaciones civiles promoventes de la Ley 3 de 3 y dejarlos literalmente plantados. La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción se sigue postergando por la falta de apertura de las fuerzas políticas mayoritarias.

¿Qué han hecho los Diputados Ciudadanos?

Lo que hemos hecho los Diputados Ciudadanos para respaldar la iniciativa 3 de 3 y defender nuestra postura es lo siguiente:

1) Somos el primer y único grupo parlamentario del país en elaborar y publicar de manera completa sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. Lo hicimos desde febrero del presente año porque para nosotros esta demanda ciudadana es una obligación, y no es objeto de negociación.

2) Además de lo anterior, suscribimos como ciudadanos la iniciativa de “Ley 3 de 3” y apoyamos la campaña para recabar firmas en todo el país.

3) Somos el único grupo parlamentario en suscribir y aplicar los lineamientos del Parlamento Abierto, es decir, transparentamos y rendimos cuentas de todos nuestros gastos, nuestra nómina, compras y cualquier gasto con cargo al erario público. Esto sin mencionar, la renuncia que hemos hecho a privilegios y gastos extraordinarios en la Cámara de Diputados.

4) Desde la Cámara de Diputados hemos propuesto en más de una ocasión, e independientemente de lo que pasaba en el Senado, incorporar al marco jurídico las declaraciones 3 de 3 como obligatorias, completas y públicas:

• Primero, impulsamos un punto de acuerdo que se aprobó por unanimidad para exhortar a los titulares de todas las instancias y órdenes de gobierno a hacer públicas sus declaraciones 3 de 3.

• En segundo lugar, propusimos que en la Ley Federal de Transparencia se incorporara esta obligación mediante una reserva al dictamen, que fue rechazada por el PRI, el PVEM y el PANAL.

• En un tercer momento, propusimos que en el Código de Ética de la Cámara de Diputados se incluyera la obligación de presentar y hacer público el 3 de 3 de todos los diputados. Logramos que esta propuesta se votara en el tablero y fue rechazada por los mismos partidos. Es claro que en la Cámara de Diputados los partidios mayoritarios se oponen al 3 de 3.

5) También desde la Cámara de Diputados hicimos, varias semanas antes de que concluyera el periodo de sesiones, un llamado al Senado de la República para que dictaminara las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción e incluyera las declaraciones 3 de 3.

6) Los Diputados Ciudadanos mantendremos nuestra postura firme durante el periodo extraordinario de sesiones. Somos conscientes que en la Cámara de Diputados, desde nuestra condición de minoría legislativa, será muy difícil persuadir a las fuerzas políticas de aceptar estas propuestas, pero una vez más volveremos a insistir en llevar a la ley las declaraciones 3 de 3 obligatorias, completas y públicas, así como el resto de propuestas ciudadanas, porque como ya lo hemos dicho antes: aunque en la Cámara seamos minoría, sabemos que afuera los ciudadanos que quieren acabar con la corrupción son mayoría.

La Bancada de los Ciudadanos le apuesta a una reforma radical en materia de combate a la corrupción, porque si queremos hablar de transformación institucional y de reformas estructurales, no podemos permitir que los partidos políticos reduzcan esta oportunidad a un momento de negociación partidista y mucho menos que reduzcan esta reforma a la mediocridad. Los partidos políticos tienen que entender que el Sistema Nacional Anticorrupción no es el Pacto por México, no es una más de las reformas para intercambiar cartas e intereses.