La “Ley corta” es sólo el primer paso a la gratuidad universitaria en Chile

Alexandria Sevilla / 27/12/2015

En 2011 estudiantes universitarios y de bachillerato ocuparon escuelas y campus universitarios de todo Chile, las calles también se vieron inundadas con protestas. El motivo de las manifestaciones era hacer un llamado para poner un alto a las excesivas cuotas de la educación universitaria, demanda que llevaba años, pero que en este año alcanzó su máxima expresión.

El problema de financiamiento de la educación en Chile deriva de una reforma educativa impuesta en la dictadura pinochetista, la cual obligaba a las universidades públicas a autofinanciarse y a cobrar aranceles. Todas las universidades, incluyendo las estatales, cobraban altas tasas anuales que ascendían a miles de dólares por un título universitario.

Este 23 de diciembre con 92 votos a favor, dos en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la glosa de gratuidad que había sido impugnada por la oposición en el Tribunal Constitucional, conocida como ‘ley corta’, la cual abarca sólo el 2016. La gratuidad definitiva, aún no se discute en el Congreso.

Esta ley contempla un sistema de financiamiento parcial de la educación superior, con el cual las familias correspondientes al 50% más vulnerable de la población, cuyos miembros estudien en universidades adscritas a la gratuidad, no deberán pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la carrera.

En primera instancia, se favorecerá a 178.000 estudiantes de escasos recursos, un 27,5% de todos los universitarios del país. Las universidades privadas también podrán adherirse a este sistema traspasando el costo de los aranceles que pagan sus estudiantes al Estado.

Por el momento solo algunas universidades estatales han ingresado al programa, algunas otras como la de los Andes han decidido postergar su ingreso hasta “poder conocer con precisión el marco definitivo en el que se encuadrará la futura política de gratuidad”.

Esta ley es el primer paso para que la presidenta chilena, Michelle Bachelet cumpla su promesa de campaña que es la gratuidad de la educación universitaria en todo el país.

Para solventar esta medida, el gobierno hizo el año pasado una profunda reforma tributaria que modificó el sistema impositivo en Chile por primera vez en décadas. Uno de los principales cambios fue aumentar en forma gradual los impuestos a las grandes empresas de 20% a 27%, lo que permite sumar 8.300 millones de dólares a la recaudación y asegurar así la financiación de la educación gratuita.

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Camila Vallejo, una de las cabezas más visibles del movimiento estudiantil, quien fuera presidenta de la Federación de Estudiantes Chilenos y posteriormente diputada, escribió en twitter respecto a la aprobación de la ley:

A pesar de los intentos de la derecha por torpedear el avance de la gratuidad, ganamos una batalla importante. #Gratuidad2016 .

— Camila Vallejo (@camila_vallejo) diciembre 23, 2015

Bachelet ha dicho que la educación gratuita universitaria se implementará de manera gradual desde 2016. Para ello, su gobierno incluyó en el presupuesto nacional de educación una partida, a su vez prometió que durante 2016 enviará un proyecto de ley para que la gratuidad de la educación sea garantizada legalmente por el Estado y no sólo parte de un presupuesto gubernamental.