Senador de Morena afirma que #LeyGarrote debería elevarse a nivel federal

  • Senador de Morena, cercano a Manuel Velasco, propone que la ley contra las movilizaciones y protestas debe elevarse a nivel federal

La denominada #LeyGarrote ya fue publicada en Tabasco, en medio de uno de los cada vez más constantes ejercicios penosos de los Congresos locales que demuestran que no todo México vive el mismo momento social o político.

Esta ley, en términos simples, sería el parteaguas para tipificar y criminalizar las protestas sociales como aquellas comunes de profesores del SNTE, movimientos normalistas, antorchistas, sindicatos y estudiantes. Es decir, como algunas de las movilizaciones más llamativas y trascendentes (ya sea por cómo incidieron o porque acabaron en tragedia) que han sucedido en México de manera recientes. Para muestra:

  • Las marchas de #YoSoy132
  • El movimiento social en protesta a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
  • Las marchas recientes de médicos pasantes en exigencia a una remuneración digna
  • Movilizaciones de servidores públicos despedidos injustamente

Mientras que los cuatro ejemplos son casos muy diferentes a los de las agrupaciones magisteriales que cierran carreteras para exigir el peaje “en apoyo”, queda la duda de si la Ley Garrote en Tabasco discriminaría el origen de la protesta ya que algunos de sus defensores establecen que es contra la extorsión y aplicaría sólo si hay lucro. Cabe mencionar, que sería sencillo infiltrar elementos que lucren para criminalizar a todos los presentes.

Hace unos días en Tercera Vía publicamos una nota sobre la peculiar situación de Tabasco: es la cuna del presidente y el lugar donde pasarán varios proyectos clave de la 4T, siendo especialmente útil la capacidad de apagar las protestas de aquellos disidentes.

¿Para qué una #LeyGarrote en Tabasco? Porque allí pasará el Tren Maya y estaría refinería de Dos Bocas…

Dice nuestra nota:

En primer lugar hay que aclarar que quien la propuso fue un diputado priísta, Gerald Washington, quien logró que se aprobara una pena de 20 años por el delito de extorsión. Sin embargo, en la página seis del dictamen queda establecido que habrá un nuevo delito, a saber: impedimento de ejecución de trabajos y obras”, lo cual supondría una pena de entre seis meses y trece años de cárcel para quien impida o trate de impedir obras privadas. Según el documento, esta iniciativa ayudaría al desarrollo económico…

También hay un párrafo que refiere a una pena de hasta 10 años a quien interrumpa “el libre tránsito”. 

Eduardo Ramírez es un legislador de Morena, también del sur de México, que hoy declaró en el Senado que la #LeyGarrote más bien debería elevarse a nivel federal en defensa del derecho del libre tránsito. Incluso, en una falta de tacto o exceso de honestidad, indicó que el sur del país ha sido – en serio lo declaró así – objeto de perdida de inversiones debido a lo siguiente:

  • Protestas magisteriales
  • Movimientos juveniles
  • Conflictos sociales

A pesar de mostrar a los villanos de su narrativa (jóvenes, maestros y activistas), el Senador insistió en que sólo se criminalizaría a quienes hagan un lucro de la obstrucción del libre tránsito y esquivó las preguntas de dos Senadoras del PRI que le preguntaron si era lo mismo un bloqueo magisterial que una marcha de servidores públicos. Ramírez sólo insistió en que el bloqueo de carreteras era un tema diferente y que no se debería desviar la atención de una medida que -exclamó- buscaría el progreso de México y sería declaradamente dirigida contra los opositores de nuevo régimen.

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Aquí el video de su intervención:

EL DATO:

El Senador Ramírez es de aquellos militantes del PVEM (y seguidores de Manuel Velasco, todavía más por ser chiapaneco y su Exsecretario de Gobierno ) que se cambiaron a Morena en el infame switch de inicio de año que le otorgó más legisladores a los guindas.

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