Denuncian compra de votos a legisladores en Baja California para extender gubernatura de Bonilla

Ayer fue un día caótico para la política y gobernanza en México. Una serie de acontecimientos fueron opacando al anterior, pero las renuncias en el gobierno federal o las cartas contundentes con observaciones a la 4T no deberían tapar lo más grave de esta semana en Baja California: el que un gobernador mexicano -Jaime Bonilla – con apoyo de su Congreso local, haya podido duplicar su estancia en el cargo.

El contexto es este, vía Salvador Camarena en El Financiero:

 A pesar de que la podredumbre política se volvió habitual, padecemos una involución inédita: lo ocurrido la medianoche del lunes, cuando el congreso de BC aprobó dar tres años más a la duración de una gubernatura, nos lleva a un terreno impredecible.

Se ha roto un pacto fundamental: ya ni el principio de que la competencia electoral es la única vía para acceder al poder se respeta, ya ni las formas se guardan.

El presidente López Obrador ha declarado sorpresa y respeto por las decisiones locales, mientras que Alejandro Moreno (el candidato a la presidencia del PRI respaldado por AMLO) apuntó que no está de acuerdo con los legisladores de su partido que votaron a favor de ampliar el mandato de Jaime Bonilla de 2 a 5 años.

Pamela San Martín, consejera del INE, calificó de inconstitucional lo sucedido mientras que los nueve diputados del PAN que apoyaron la decisión están en proceso de expulsión por la dirigencia estatal, con el respaldo del dirigente nacional Marko Cortés. Cabe mencionar que Bonilla fue ganador de la última elección a gobernador (con el entendido que sería por dos años) en una alianza electoral comandada por Morena y el Verde. Por supuesto, la propuesta de ampliar su estancia en el cargo fue propuesta por la bancada de Morena en BC, pasando con 21 votos a favor gracias a la colaboración de PRI y PAN.

ZETA, el semanario tijuanense, denunció a finales de mayo las intenciones de estos grupos parlamentarios y que incluso hubo ofrecimientos millonarios para los legisladores.

Dice la nota de Alejandro García en Zeta:

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Una nueva intentona de extender la próxima gubernatura de Baja California a cinco años fue denunciada desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde acusan directamente a Alejandro Miramontes, encargado de Aduanas en el estado, de ofrecer hasta un millón de dólares a cada diputado local para sesionar y modificar el transitorio octavo del decreto 112 que permitió el periodo de gobierno.

En conferencia de prensa, el presidente de la XXII Legislatura Benjamín Gómez Macías señaló que directamente a él le ofrecieron la cantidad señalada para convocar a una sesión extraordinaria para votar los cambios al decreto surgido en 2014.

De la misma forma, acusó a su compañero de bancada Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, de participar en la operación siendo él que busca directamente a diputados para ofrecer dinero a cambio de su voto.

Otra de las voces con peso que reprobaron los sucedido en Baja California fue Cuauhtémoc Cárdenas, planteando que el Congreso local ha perdido toma legitimidad.

 

 

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