Aumentan los delitos que ameritan prisión preventiva, pero eso va contra los DDHH (y Morena votó a favor)

En el Senado se aprobó un cambio constitucional  para aumentar los delitos que ameritan prisión preventiva, con 91 votos a favor y 18 en contra. Aunque es fácil imaginar qué mayoría (Morena) fue la definitiva en esta decisión que impactará principalmente a aquellos que no puedan pagar una defensa legal profesional (es decir, los más pobres), destaca también el hecho de una legisladora disidente ante este atentado contra los que menos tienen.

El problema

La prisión preventiva oficiosa ahora aplica a delitos como abuso sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, uso de programas sociales con fines de corrupción, robo de transporte, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y uso de armas lo explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Podríamos decir que eso, en teoría y tal vez en un país ideal, sonaría bien. ¿Quién no quisiera prisión preventiva para que no escape un sospechoso? Eso ya no suena tan genial, porque México. Es decir, hay que recordar las diversas maneras en que las policías y ministerios públicos arrestan y toman declaraciones para encontrar culpables, además de lo lento de los procesos legales. Ahí entra el famoso usted disculpe, que cuesta años en prisión a miles de mexicanos.

Trasciende que la bancada de Movimiento Ciudadano fue la  única que votó en contra de la ampliación de causales de la prisión preventiva.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento al Senado, expresando su preocupación por las medidas que aprobó Morena, con su mayoría legislativa:

La CNDH estima que la aprobación de esa reforma, por su trascendencia en materia de derechos humanos, sería una regresión al sistema inquisitivo, no abonando a la reinserción social, justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia, elementos indispensables a respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria.

No se es ajeno a los problemas de inseguridad del país, pero “sin la capacitación adecuada, la efectiva implementación de los registros y controles que la ley contempla y una convicción clara por la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, ningún modelo de sistema penal dará las respuestas que nuestra sociedad demanda; sin embargo, el aumento de las hipótesis de la prisión preventiva oficiosa no es la solución a los problemas que México enfrenta en los ámbitos de seguridad y justicia, sobre todo por no revestir como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos carácter excepcional”.

El documento entero, que puede leerse aquí, tiene énfasis en que la prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional y como último recurso.

Retomamos de Animal Político las posturas de algunos legisladores contrarios al aumento de los delitos que ameritan prisión preventiva:

En tribuna el senador Emilio Álvarez Icaza […] expuso que como está planteada implica un retroceso en materia de derechos humanos, por lo que exhortó a las bancadas a no repetir los errores cometidos en los últimos dos sexenios. “Los estudios del Inegi señalan que en la medida que un gobierno establece mecanismos de control más represivos se incrementan los índices de delito y las detenciones arbitrarias”, apuntó.

El panista Damián Zepeda criticó la reforma al asegurar que se aprueba mandar a alguien a la cárcel sin comprobar su culpabilidad.

“Lo que hoy estamos haciendo es que no exista una valoración, que de manera automática, sin ninguna valoración, siempre se mande a la cárcel a una persona que no ha sido encontrada culpable, porque podemos debatir y decir: ‘no, es que no es pena, porque es una medida cautelar’, ¿está en la cárcel la persona sí o no con prisión preventiva oficiosa? Claro que sí, hasta 2 años de su vida”, expuso al posicionarse en contra.

Para el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se trata de una figura que debe eliminarse porque “funciona para no investigar” y se trata de una forma de presión para aceptar los hechos: “es tortura, detención arbitraria y puede resultar en desaparición” de personas. Además afirmó que 100 mil mexicanos están en la cárcel sin recibir alguna sentencia por la prisión preventiva oficiosa.


En Tercera Vía publicamos en 2017 un reportaje acerca del verdadero problema de la justicia mexicana: los fiscales y policías, no el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El problema no es el nuevo Sistema de Justicia Penal, sino los fiscales y policías

En ocho años, los gobiernos prefirieron emplear miles millones en infraestructura en lugar de capacitar y preparar policías

Así lo planteó nuestro colaborador Juan Manuel Ramírez Velasco:

Lamentablemente,  en México se ha vuelto una idea generalizada -basada en el desarrollo del anterior sistema de justicia penal- que justicia implica encerrar a toda persona sobre la que recaiga una acusación en materia penal. 

Sin embargo, como bien ha apuntado el Ministro Arturo Zaldívar, las consecuencias del uso excesivo de la prisión preventiva han sido ampliamente documentadas: “propicia condiciones de hacinamiento y violencia en las cárceles; tiene un impacto desproporcional en las personas de menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza; eleva los costos de la gestión penitenciaria, y genera un incentivo para alargar los procesos, así como para dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de reclusión preventiva”.

La conclusión es devastadora:

El nuevo Sistema de Justicia Penal abre las puertas a la justicia y a la verdad, a la certeza en los juicios en materia penal, despresuriza las prisiones -en donde sólo se criminaliza a la pobreza-, y rompe con prácticas violatorias de derechos humanos -el 41% de los presos durante el sistema de justicia anterior, fueron torturados; el 93% nunca vio una orden de aprehensión cuando fue detenido-. Ello garantiza que los inocentes estén en libres, en las calles.

Todos, incluyendo a víctimas e imputados, gozamos de derechos, ello implica que si alguien es acusado -que debe quedar claro, la simple acusación no lo convierte automáticamente en delincuente- de cometer un delito, sea mediante pruebas y un juicio justo que se declare si se es culpable o inocente. No antes.

Una sociedad que abusa del empleo de la prisión preventiva, es una sociedad que atenta contra sí misma, en tanto que privilegia y promueve la injusticia, que castiga a inocentes, con tal de facilitar la labor de impartición de justicia a las autoridades. Liberar inocentes no es fomentar la impunidad, es garantizar justicia a la sociedad.


EL DATO: Nestora Salgado, senadora por Morena que fue víctima de privación de la libertad por delitos no comprobados, votó en contra de la medida [contra los más  pobres] que sí fue impulsada por el resto de su partido.

PARA LEER: En Tercera Vía, hace unos meses, tuvimos una entrevista exclusiva con Salgado

Nestora Salgado: de policía comunitaria a candidata al Senado


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